Comité Conciudadano para la Observación Electoral

SE HAN DETECTADO DOS GRUPOS CLAROS DE VOTACIÓN EN EL CONSEJO GENERAL DEL IFE

2009-06-18T17:12:00.000-07:00

El máximo órgano de decisión del IFE ha dedicado la mucho tiempo de sus sesiones a discutir procesos sancionadores y pugnas entre partidos

La presencia de los partidos políticos en noticieros de televisión es prácticamente nula

Los noticieros de Televisa y TV Azteca destinaron alrededor del 1% de sus tiempos a la cobertura de las campañas electorales.

Formas de hacer campaña y confrontación son los principales temas tratados en la cobertura de los tres noticieros y tres diarios de circulación nacional

A 20 días de que concluyan las campañas federales, el IFE no cuenta con el 100% de cobertura del monitoreo de medios; solamente ha proporcionado el 86% de las grabaciones de espacios noticiosos a la UNAM para hacer el análisis de la información

En esta ocasión, el Comité Conciudadano para la Observación Electoral da a conocer el seguimiento a las sesiones del Consejo General del IFE y el reporte de la organización Ciudadanos en Medios que ha realizado monitoreo de noticiarios y prensa escrita.

Sobre el Consejo General del IFE, se detectaron cuatro tipos de asuntos que se tratan de manera regular en las sesiones:

Los Procedimientos Especiales Sancionadores que surgen con la reforma electoral y son básicamente disputas entre partidos políticos o procedimientos que inicia el IFE por actos anticipados de campaña, denigración, violaciones a las reglas de propaganda gubernamental, etc.
Temas relacionados directamente con la organización de las elecciones como son la validación de la lista nominal, las condiciones para registrar a los candidatos o el procedimiento para resguardo de credenciales.
Cumplimiento de las sentencias del tribunal o acatamientos
Asuntos de mero trámite como pueden ser la recepción de informes o la creación de una comisión para ver asuntos que no son de proceso electoral.

Los procedimientos especiales sancionadores

De las resoluciones y acuerdos tomados por el Consejo General desde que empezó el período electoral, en octubre de 2008, una parte considerable corresponde a Procedimientos Especiales Sancionadores. De acuerdo con la normatividad electoral, el IFE se encuentra sujeto a un plazo de 5 días para su análisis, así como para que el Secretario Ejecutivo presente el proyecto de resolución a la consideración del Consejo General. Esto ha obligado a programar sesiones cada vez más frecuentes, en virtud del gran número de quejas que se presentan y de los procedimientos iniciados de oficio por la autoridad al detectar conductas posiblemente infractoras de la ley.

Hasta ahora hemos observado que los asuntos en los que se ha invertido el mayor tiempo de discusión en las sesiones del Consejo son precisamente los procedimientos especiales sancionadores, ya que cada uno de los consejeros se pronuncia exhaustivamente en torno al conflicto y a los alcances de la interpretación de la ley. En muchos de los casos se trata de pleitos entre partidos políticos por lo que los representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos también fijan posturas. Generalmente son los asuntos más debatidos en el Consejo.

Los acatamientos de las sentencias del tribunal

Los acuerdos del Consejo General se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual los puede revocar o modificar obligando al Consejo General del IFE a volver a sesionar para acatar sus decisiones. En estos casos, que en lo general se votan casi siempre de manera unánime, los consejeros electorales vuelven a expresar sus posiciones y muchas veces se votan los detalles del cumplimiento de las sentencias o el alcance de la misma decisión.

El riesgo que se genera en estos casos es que el Consejo General ejerza funciones para las que no fue concebido. El IFE no es un juez; es una autoridad administrativa con algunas funciones jurisdiccionales.

Ante la falta de claridad en las decisiones del Tribunal, por ejemplo, en el expediente 103/2009 de 15 de mayo, en el que el Tribunal ordenó a Televisión Azteca la reposición de spots, el Consejo General estimó que esa reposición no puede llevarse a cabo antes de la elección, por el riesgo de alterar la equidad en la contienda; además, el IFE modificó la sanción monetaria contra la televisora usando consideraciones de juez.

La aplicación de las nuevas reglas electorales está orillando a los consejeros a ejercer funciones que por su naturaleza no necesariamente les corresponden, como la de prácticamente ser intérpretes constitucionales en materia electoral.

Es una realidad que el Tribunal Electoral ha limitado el ejercicio de su facultad para resolver en plenitud de jurisdicción, tomando como primera opción devolver los asuntos al Consejo General del IFE para que sea éste el que acate y resuelva, en ocasiones marcando criterios relativos al pronunciamiento que debe hacer la autoridad administrativa, y en otras ocasiones, dejando plena libertad para valorar y resolver.

El desgaste al que sin duda están sometidos los miembros del Consejo General para atender y resolver los procedimientos especiales sancionadores, los derivados de quejas presentadas por los partidos, y el tiempo que invierten en pronunciarse sobre las resoluciones del tribunal (aspecto que ni siquiera está a discusión, por ser de obligatorio cumplimiento para el IFE), se traducen en que se vean obligados a sesionar con demasiada frecuencia.

Acuerdos relacionados con el proceso electoral

Los demás procedimientos que se someten al voto de los Consejeros constituyen, aunque no lo parezca, el núcleo del proceso electoral, como los acuerdos sobre cuestiones de organización, capacitación, conteo de votos, sistemas de resultados preliminares, padrón electoral, todos estos aspectos que acaso son la tarea sustancial de la institución. La gran mayoría de los acuerdos que regulan el funcionamiento de estas cuestiones han sido aprobados por la máxima instancia del IFE, sin pronunciamiento alguno de sus consejeros.

Lo anterior se debe a que detrás de los proyectos de acuerdo sometidos a la consideración del órgano colegiado existe un trabajo operativo de varios meses por parte de las áreas ejecutivas del Instituto, y es este trabajo técnico el que respalda su contenido. Sin embargo, también existen casos en los que se evidencian errores, como en el de la aprobación del listado nominal por parte del Consejo. El 29 de mayo de 2009 los consejeros electorales dieron por válido el listado nominal sin debatir sobre la obsolescencia del padrón electoral y sin siquiera comentar sobre las nuevas formas que otorgó la ley para depurar el padrón y la lista nominal.

ANÁLISIS DE VOTACIONES DEL CONSEJO GENERAL

Hasta el momento el Comité Conciudadano ha analizado 12 sesiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebradas del 29 de marzo al 2 de mayo de 2009. En estas 12 sesiones los consejeros han votado 73 asuntos.

De estos 73 asuntos, 23 son los llamados de trámite, 17 son procedimientos especiales sancionadores, 17 son acatamientos de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 16 asuntos son propiamente de proceso electoral. Cabe especificar que de los 17 acatamientos, 10 son resoluciones a Procedimientos Especiales Sancionadores.

De estos 73 asuntos presentados en la mesa de consejo se han tomado 63 acuerdos votados por unanimidad:

11	Procedimientos especiales sancionadores
13	Asuntos de proceso electoral
16	Acatamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
23	De Trámite

De las 107 votaciones analizadas, registramos las que se realizan en lo general y en lo particular. Para su análisis, las votaciones se desglosan por cada integrante con derecho a voto del Consejo General, o sea el Consejero Presidente y los 8 Consejeros Electorales. Una vez hecho lo anterior encontramos que de 107 votaciones, 73 fueron votadas en lo general y 34 en lo particular.

Resulta pertinente aclarar que los asuntos catalogados como acatamientos de sentencias del Tribunal se votan casi siempre por unanimidad en lo general. De un total de 29 acatamientos, 16 se votaron por unanimidad en lo general, mientras que sólo 1 se votó por mayoría. Cabe agregar que en los acatamientos registramos 12 votaciones por mayoría en lo particular.

En las votaciones se advierte que hay concordancias entre pares de consejeros:

Concordancia “Alta”	Correlación	Concordancia “Media”	Correlación
Marco Baños con Francisco Guerrero	.858	Leonardo Valdez con Arturo Sánchez	.770
Virgilio Andrade con Francisco Guerrero	.831	Marco Baños con Marco Gómez	.763
Alfredo Figueroa con Arturo Sánchez	.812	Benito Nacif con Arturo Sánchez	.750
Marco Gómez con Francisco Guerrero	.811	Alfredo Figueroa con Benito Nacif	.708
Leonardo Valdez con Alfredo Figueroa	.801	Virgilio Andrade con Marco Baños	.684
		Virgilio Andrade con Marco Gómez	.684

Con intención de buscar similitudes en las votaciones de todos los consejeros considerados de manera simultánea se utilizó el método estadístico de análisis factorial. Este sistema detectó dos patrones de votación bien diferenciados. Los consejeros se listan por la uniformidad de sus votos:

Primer Patrón:

María Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Arturo Sánchez y Leonardo Valdez.

Segundo Patrón:

Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez y Francisco Javier Guerrero.

Encontramos 16 votaciones en las que los grupos votan de manera completamente contraria, o sea que mientras un grupo aprueba unánimemente el otro rechaza y viceversa. Se trata de procedimientos especiales sancionadores; por ejemplo, aquéllos en los que se discute la compra de espacios publicitarios en medios electrónicos por parte de la fracción parlamentaria del Partido Verde en la Cámara de Diputados para la difusión de dos promocionales en los que aparece el logo del partido y que fueron transmitidos en el periodo que abarca el final de las precampañas y el inicio de las campañas.

Derivado de esos dos promocionales, se iniciaron procedimientos sancionadores especiales en contra de Gloria Lavara Mejía y otros diputados del Partido Verde, en contra del propio del Partido Verde, así como de Televisa y Televisión Azteca.

La misma situación se presenta en 2 procedimientos especiales sancionadores iniciados en contra del PAN a denuncia expresa del PRI por dos inserciones propagandísticas denominadas “Sopa de letras” y “PRImitivo”.

MONITOREO DE MEDIOS REALIZADO POR LA ORGANIZACION CIUDADANOS EN MEDIOS. DEMOCRACIA E INFORMACION A.C.

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, los medios de comunicación tienen como responsabilidad propiciar el debate democrático, dando a conocer las plataformas políticas de los partidos en contienda, de manera equitativa con el fin de ofrecer información de calidad para que la ciudadanía tome las mejores decisiones con el mayor número de elementos posibles. Ciudadanos en Medios considera que, de acuerdo con lo observado, esta condición no se cumple a cabalidad, pues parecería que los noticieros analizados han sacado de la discusión pública a los partidos políticos y sus plataformas, restándole así opciones informativas a la ciudadanía.

Entre el 4 y el 29 de mayo se realizaron 60 observaciones de El Noticiero, Hechos y Once Noticias, y tras un detallado análisis del contenido de estos espacios se detectaron tan sólo 10 notas que hicieron seguimiento de las campañas electorales de los partidos políticos, lo que demuestra una marcada ausencia de éstos en la agenda informativa.

De estas 10 notas, TVAzteca aportó 6, Televisa transmitió sólo una y Once Noticias transmitió una nota por partido. De estas notas, el PAN se llevó 5, mientras que el PRI y el PRD obtuvieron 3 y 2 respectivamente. Los partidos comúnmente llamados pequeños no tuvieron cobertura alguna de las campañas en curso.

Llama la atención el caso de TvAzteca; las seis notas de los partidos políticos fueron divididas en dos emisiones de una sección titulada ‘El juego de las sillas’. Al analizar la manera en la que la información es presentada se encontró que todas las notas fueron acompañadas de juicios de valor y con un tono sarcástico tendiente a descalificar a los actores políticos .

En cuanto a los temas abordados, se registró que sólo dos fueron asociados a los partidos, y tienen que ver con la forma en la que éstos hacen campaña y las confrontaciones entre sí. Es decir, la cobertura de los tres noticieros analizados está dedicada a las estrategias y pugnas de la campaña pero no menciona posturas, posicionamientos, propuestas o referencias de los partidos a temas específicos de la agenda política nacional.

Durante el mismo periodo se hizo un análisis simultáneo en los siguientes tres diarios de circulación nacional: La Jornada, El Universal y Reforma. Ahí se detectó que los temas están muy en sintonía con lo ocurrido en los noticieros de televisión; fue posible observar que la mayoría de las notas sobre los partidos políticos se enfocaron en las estrategias y los conflictos de las campañas y no en los contenidos de las mismas.

Ciudadanos en Medios considera que cada medio de comunicación es libre de ejercer el criterio periodístico que más se adapte a su ideología, siempre y cuando considere al interés público como el eje principal de su selección. La presencia de los partidos políticos en los medios masivos de comunicación es fundamental para conocer sus propuestas sobre todo cuando va acompañada del análisis profesional de un medio de comunicación.

El hecho de sacar del debate público información trascendental como los contenidos programáticos de los partidos y sus agendas políticas, puede lesionar el derecho que tiene la ciudadanía a tomar decisiones de manera informada.

Análisis del monitoreo de noticieros de radio y televisión (IFE-UNAM)

La información que presenta la organización Ciudadanos en Medios Democracia e Información A.C se complementa con el estudio de la información que publica el IFE en su página de Internet, con relación al monitoreo y análisis de contenido de noticieros que lleva a cabo la UNAM.

El monitoreo contiene información de noticieros del 3 al 31 de mayo de 2009, es decir, casi 1 mes de campañas de diputados federales.

Para la semana que concluyó el 31 de mayo, la UNAM reporta que estuvo en posibilidad de analizar 316 noticieros, de 365 pactados originalmente; es decir, el IFE solamente entregó el 86% de las grabaciones originadas por su propio monitoreo. Esta situación indica que la cobertura del monitoreo de campañas del IFE no se encuentra al 100%.

En un lapso de 29 días de campañas electorales, se encontraron los siguientes resultados:

Por lo que hace a la empresa Televisa, en el Canal 2 se transmitieron más de 5,500 minutos de tiempo de noticieros y solamente se dedicaron 59 minutos a las campañas, es decir, 1.05% del tiempo. Asimismo, en el Canal 9 se transmitieron más de 1,500 minutos de tiempo de noticiarios y solamente se dedicaron 7 minutos a las campañas; es decir, el 0.4% del tiempo. Del total, Televisa destinó 21 minutos al PRI, 21 minutos al PRD y solamente 14 minutos al PAN.

Con relación a TV Azteca, en el Canal 13 se transmitieron alrededor de 6,400 minutos de tiempo de noticiarios y solamente se dedicaron 79 minutos a las campañas electorales, es decir, el 1.23% del tiempo. Mientras tanto, en el Canal 7, se transmitieron más de 300 minutos de tiempo de noticiarios y dedicaron solamente 2 minutos a las campañas electorales, es decir, el 0.6% del tiempo. En general, TV Azteca dedicó 28 minutos al PRD, 22 minutos al PAN y 11 minutos al PRI; es decir, TV Azteca le dedicó al PAN el doble de tiempo del que le dedicó al PRI y cubrió al PRD con más del doble del tiempo que al PRI.

Por otra parte, se analizaron los resultados de los noticieros de 4 radiodifusoras del Distrito Federal y se encontró lo siguiente:

· MVS dedicó 200 minutos a las campañas dentro de los noticieros de XHMVS-FM, de los cuales destinó 53 minutos al PRI, 50 minutos al PAN y 40 minutos al PRD.

· Televisa dedicó 172 minutos a las campañas dentro de los noticieros de XEW-FM, de los cuales destinó 67 minutos al PRD, 50 minutos al PAN y 31 minutos al PRI; es decir, al PRD le dedicó más del doble de tiempo que al PRI.

· IMAGEN dedicó 151 minutos a las campañas dentro de los noticieros de XEDA-FM, de los cuales destinó 67 minutos al PRI, 30 minutos al PAN y solamente 12 minutos al PRD; es decir, IMAGEN dedicó al PRI casi seis veces más tiempo que al PRD.

· Grupo ACIR dedicó solamente 22 minutos a la totalidad de campañas en sus noticieros de XHM-FM, menos de 1 minuto diario para todos los partidos. De los 22 minutos, destinó 4 minutos al PAN, 3 al PRI, 3 al PRD y en promedio 2 minutos a cada uno de los partidos pequeños.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Martín Aguilar, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, Patricia Bedolla, Kristian Bernal, Laura Berruecos, Leticia Blanco Cardona, Roy Campos, Jesús Cantú, Catalina Castillo, Miguel Concha Malo, María Eugenia de Alba, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Maria Fernanda Gálvez, Rogelio Gómez Hermosillo, Ana Vanessa González, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Lourdes Morales, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Mercedes Saiz, Gabriel Sánchez Díaz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís, Claudia Valdez, Enrique Valencia y Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C., Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C., CENCOS, A.C. , Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C., Centro de Encuentros y Diálogos A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, A.C., Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educación y Ciudadanía, A.C. , Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., INCIDE Social, A.C., Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, A.C., OPI Ciudad Juárez, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable, A.C., Sonora Ciudadana, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

Contacto de prensa:

Irma Rosa Martínez Arellano

2631 6364

04455 5419 5376

Hilario Pérez de León 80, col. Niños Héroes 55-90-87-54

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¿A QUIÉNES REPRESENTAN QUIENES DICEN QUE SERÁN NUESTROS AUTÉNTICOS REPRESENTANTES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS?

2009-06-10T17:10:00.000-07:00

Ninguno de los ocho partidos nacionales siguió mecanismos democráticos y constitucionales para llevar a cabo el proceso para la selección de candidatos y candidatas. Las y los postulados fueron elegidos por las cúpulas de los partidos,

Ninguno de los ocho partidos nacionales se apegó a sus propias disposiciones internas para realizar la selección, reporta la investigación del proyecto Por un Congreso con Rostro

La mayoría de la población no tiene manera de acceder a información curricular y a las propuestas de los candidatos y candidatas

Entre los postulados y postuladas se encuentra un gran número de familiares de quienes funcionaron como electores privilegiados, o incluso son líderes de otros partidos.

Los intereses de los medios de comunicación sí quedarán representados en la Cámara de Diputados. Hay candidatos y candidatas vinculadas a las televisoras, de la Cámara de la Radio y la Televisión y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El PVEM postuló a la hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y a dos personajes muy cercanos al senador Manlio Fabio Beltrones.

Hay una gran simulación en materia de equidad de género y existen casos evidentes de candidatas propietarias que muy probablemente dejarían sus posiciones a sus suplentes varones.

Preocupa que en Baja California Sur, Guanajuato y Jalisco la capacitación de funcionarios de casilla sea menor al 58%, mientras la media nacional es de 73.%

Al 8 de junio, sólo el 36% de las casillas tiene siete funcionarios capacitados y en el 4% no hay ninguno capacitado.

En SLP, Baja California Sur, Querétaro, Nayarit y Jalisco ya hay sustituciones de funcionarios de entre 18 y 21%

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El Comité Conciudadano para la Observación Electoral presenta hoy los resultados hasta el momento del proyecto Por un Congreso con Rostro ¿qué representan quienes quieren representarnos?, que es coordinado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, con la participación de Incide Social, la Academia Morelense de Derechos Humanos; Centro de Desarrollo Humano y Comunitario; Educación y Ciudadanía; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Sonora Ciudadana; y Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas . De igual forma, damos a conocer el seguimiento que el Comité Conciudadano ha realizado de la capacitación a funcionarios de casilla que realiza el Instituto Federal Electoral.
Con el propósito de salvaguardar el interés y los derechos políticos electorales de los ciudadanos durante el proceso electoral, a través del proyecto Por un Congreso con Rostro se analizó la forma en que los partidos políticos eligieron a sus candidatos a diputados federales de mayoría relativa, y se solicitó la información curricular y las propuestas legislativas de éstos a fin de difundirla entre la población en ocho entidades de la República . Con esta iniciativa buscamos contribuir a que el ejercicio del derecho al voto se realice de manera informada y razonada.

Después de haber realizado la revisión y el análisis de la normatividad de los partidos políticos y de la información pública que hay disponible sobre los procesos de selección interna, se encontró que más del 90% de las y los candidatos a diputados federales de mayoría relativa fueron designados por las cúpulas partidistas. Sólo en 146 candidaturas se permitió la participación directa de los militantes y simpatizantes del partido a través del voto universal y directo.

Esta situación es preocupante, pues si se toma en cuenta lo que señala la Constitución, todos los partidos habrían incurrido en violaciones. Las bases constitucionales para la selección de candidatos a puestos de elección popular están dadas en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo el cual obliga a que los candidatos sean elegidos de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Es decir, los partidos políticos están obligados por la Constitución, a elegir a sus candidatos mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Cualquier otra forma de selección interna se opone a la Constitución.

De manera muy sintética, esta fue la forma en que los partidos eligieron a sus candidatos y candidatas:

• El PAN asignó de manera directa 203 candidaturas y sólo 97 fueran decididas por sus militantes.
• El PRI cambió su método legal de seleccionar candidatos mediante convención por una designación de facto al declarar válida como elección interna aquellas precandidaturas que se presentaran como únicas
• El PRD seleccionó a 49 de sus candidatos por el voto directo de sus militantes y simpatizantes, mientras que la designación de las 251 restantes estuvo a cargo de los dirigentes de las principales corrientes del partido.
• En el PVEM todos los candidatos y candidatas fueron seleccionados por su Consejo Político Nacional, el cual está conformado por aproximadamente 30 personas.
• En el PT los 150 candidatos que contienden por este partido en Coalición con Convergencia fueron designados a través de su Comisión Ejecutiva Nacional, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional.
• En el caso de Convergencia la designación de sus 150 candidatos fue a través de una Convención Nacional conformada por 387 delegados, pero previamente la Comisión Política Nacional -integrada por menos de 50 personas-estuvo a cargo de conocer, calificar y determinar la nómina de candidatos del partido a nivel federal y autorizar la inscripción de candidatos.
• En el PANAL las candidaturas las definió su Consejo Nacional por unanimidad y en una sesión de 40 minutos, previa propuesta de la Junta Ejecutiva Nacional (JEN) integrada por cinco funcionarios partidistas.
• En el PSD, una Asamblea Electoral, compuesta por 110 integrantes, definió todas las candidaturas.

Como puede observarse, hay de cúpulas a cúpulas seleccionadoras de candidatos, pues mientras en el PANAL lo hizo un grupo de 5 personas, incluida la hija de Elba Esther Gordillo, en Convergencia corrió a cargo de una convención de 387 personas.

Un reflejo claro de la forma en que los organismos políticos seleccionaron a sus candidatos es que, por ejemplo, en el Partido Verde Ecologista se dio cabida a que las televisoras tengan representación directa, y se hizo espacio a allegados de políticos de otros partidos; y en el PRI se encuentran las candidaturas de familiares de políticos en activo o ex funcionarios.

Por ejemplo, el PVEM postuló Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca; a Miguel Orozco Gómez –como suplente de una candidata-, director jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y hermano del actual senador Javier Orozco; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, quien formó parte del Consejo Directivo de la CIRT y fue aspirante a ser Consejero del IFE. También está apoyando a Pablo Escudero Morales y Carlos Samuel Moreno Terán, ambos vinculados con el senador Manlio Fabio Beltrones; el primero es su yerno mientras que el segundo fue su secretario técnico en el gobierno de Sonora.

En el caso del PRI, se benefició a la sobrina de Carlos Salinas, Claudia Ruiz Massieu; Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo; Julieta Octavia Marín Torres, hermana del gobernador de Puebla, Mario Marín; Marco Antonio García Ayala, sobrino de Joel Ayala, líder de la burocracia nacional; Narcedelia Ramírez Pineda, hija de Heladio Ramírez; Óscar Rodríguez Cabrera, hijo del exgobernador campechano Rafael Rodríguez Barrera; Ignacio Pichardo, hijo del ex gobernador del Estado de México del mismo nombre, entre otros.

Otra forma de manifestar el control cupular de la selección de candidatos y candidatas es el bajo número de impugnaciones que fueron presentadas en las instancias partidarias y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es relevante que en el Tribunal no fue presentado recurso alguno derivado de la contienda interna en los casos del PT, PVEM, PANAL y PSD, mientras que el caso de Convergencia fueron presentados dos, 20 en el del PRD, 37 en el del PAN y 51 en el del PRI. La mayoría de sus fallos fueron favorables a los partidos, ya que sólo 10 de 107 fueron considerados fundados los agravios denunciados y en uno fundado parcialmente.

Otra evidencia del predominio cupular es la discrecionalidad con la que se realizan las sustituciones de candidatos y el alto número de éstas que llevaron a cabo algunos partidos como Nueva Alianza, que hizo casi 80 entre propietarios y suplentes con motivo de renuncias.

Escasa información sobre las y los candidatos

Igual de grave es que durante las campañas electorales los ciudadanos contemos con poca o nula información disponible acerca de las trayectorias profesionales y políticas de las y los candidatos, así como de sus propuestas legislativas, y que la mayoría de los partidos se resistan a hacerla pública. Esta ausencia de información afecta el ejercicio razonado del voto, pues no permite conocer, evaluar, ni contrastar la oferta política.

Con el proyecto Por un Congreso con Rostro se solicitó a los partidos políticos de manera directa y a través del Sistema de Acceso a la Información del IFE, la información curricular y los datos de contacto de las y los candidatos a diputados federales postulados por el principio de mayoría relativa en las 8 entidades de la República, lo cual representa un universo de 80 distritos electorales y de casi 600 candidatas y candidatos. Sin embargo, a dos meses de haber iniciado esta labor, ha habido una resistencia casi generalizada, tanto de los partidos como de los mismos candidatos y candidatas, a proporcionar información.

El PVEM fue el único que negó rotundamente la información solicitada, argumentando que ni el Cofipe ni su normatividad obliga a los precandidatos y candidatos a presentar su currículo.

El resto de los partidos manifestaron su voluntad de buscar y proporcionar la información pero a la fecha -si bien incipiente e incompleta- sólo el PAN, Convergencia y el PSD nos proporcionaron la currícula de sus candidatos; y son estos tres partidos los únicos que establecieron como requisito, en sus procesos de selección interna, que los aspirantes proporcionaran información curricular.

Si bien es cierto que en el Reglamento del IFE la información solicitada es considerada como confidencial, también lo es que en el mismo ordenamiento se establece que los partidos podrán proporcionarla de manera voluntaria.

En este contexto adverso para ejercer el voto de manera informada y razonada, valoramos los esfuerzos, si bien aislados, que han impulsado algunos partidos a nivel nacional como el PAN (www.pan2009.org) y el PRD (www.candidatosprd.com.mx), que han puesto a disposición pública en portales de internet información diversa de algunos de sus candidatos, o como el PSD que ha hecho lo propio con sus candidatos en el Distrito Federal.

También es importante que los ciudadanos conozcan cuánto dinero erogaron tanto los partidos políticos como los precandidatos en los procesos de selección interna. Ante esta inquietud, solicitamos a todos los partidos que nos informaran el costo de sus procesos internos. A la fecha sólo hemos recibido respuesta del PSD, según el cual gastó en total $865,516.00. Es lamentable que la información relativa a los informes de precampaña haya sido considerada como reservada hasta el término de la revisión de los mismos por la autoridad electoral.

Por un Congreso con rostro ve con suma preocupación las condiciones en que se dio cumplimiento a las acciones afirmativas en la selección de candidaturas, como la correspondiente en materia de género. En este sentido, si bien es cierto que los institutos políticos cumplieron de manera formal con el porcentaje del 40% establecido en la ley electoral, las principales fuerzas políticas asignaron a mujeres candidaturas de mayoría relativa en distritos en los que su partido no cuenta con una alta preferencia entre el electorado, mientras que las candidaturas con mayores posibilidades de triunfar fueron otorgadas a hombres. En el caso de las de representación proporcional, hay fórmulas de candidatos encabezadas por mujeres que muy probablemente serán suplidas por sus compañeros de fórmula, como ha sucedido en el PVEM.

Por lo que respecta a otras acciones afirmativas, como las establecidas en la normatividad interna de varios partidos para jóvenes e indígenas, no hay información pública suficiente que permita determinar en qué medida se cumplieron o no. Esta misma situación se presenta para determinar si se respetaron los porcentajes máximos establecidos para la asignación de candidaturas externas.

Asimismo, estimamos de gran importancia las iniciativas que están realizando otras organizaciones civiles en internet, persiguiendo el mismo objetivo que impulsa al proyecto Por un Congreso con Rostro: obtener y poner a deposición pública información sobre la trayectoria académica, profesional y política de las y los candidatos que buscan nuestro voto, así como sus propuestas. Entre estas iniciativas se encuentran: www.eleccionesmx.com, www.tuscandidatos.com, www.conoceatucandidato.org.mx, www.lupaciudadana.com.mx , todas –ha juzgar por las consultas realizadas- con los mismos niveles bajos de respuesta.

¿Con qué elementos las y los ciudadanos podremos valorar a quienes aspiran a nuestro voto?

Llamamos a los partidos políticos a revisar sus prácticas internas y su voluntad de informar y dar elementos de elección, a hacerse responsables de su contribución al desencanto electoral de las y los ciudadanos. A pensar no sólo en respuestas demagógicas de llamados al voto, sino en transformaciones estructurales que contribuyan a reconstruir la confianza perdida de la ciudadanía.

CAPACITACIÓN ELECTORAL

Al 8 de junio de 2009, los Consejos Distritales del IFE han designado a 987,525 funcionarios de casilla y se ha capacitado a 727,544, es decir, se encuentran nombrados y capacitados 73.67% de los ciudadanos requeridos. Resalta la heterogeneidad de datos entre distintas entidades federativas y entre los distritos.

ENTIDADES % CAPACITACITADOS RESPECTO A DESIGNADOS
NACIONAL 73.67
PREOCUPAN
BCS 55.60
GTO 57.93
JAL 57.89
RESALTAN
HGO 93.09
AGS 90.96
YUC 90.22

DISTRITOS % CAPACITACITADOS RESPECTO A DESIGNADOS
NACIONAL 73.67
PREOCUPAN
Jalisco 8, Guadalajara 29.07
Jalisco 11, Guadalajara 35.15

RESALTAN
Hidalgo 5, Tula 100
México 26, Toluca 100
México 32, Xico 100
México 36, Tejupilco 100
México 40, San Miguel Zinacantepec 100

Al 8 de junio de 2009, a nivel nacional:
• El 36% de las casillas tiene siete funcionarios capacitados.
• El 4% de las casillas tiene cero funcionarios capacitados
• En 65 Distritos todas sus casillas tienen al menos un funcionario capacitado, es decir, no reportan casillas en cero

Nos preocupa lo siguiente:

Distritos con Mayores % de Casillas sin Funcionari@s, es decir, en C4= Cero % de Casillas con Cero Funcionari@s

Jalisco 5, Puerto Vallarta 42.07
Jalisco 2, Lagos de Moreno 35.40
Sonora 4, Guaymas 30.02
Jalisco 3, Tepatitlán 27.25
Oaxaca 3, Huajuapan 27.18
Jalisco 11, Guadalajara 24.30
15 Distritos más con Porcentajes entre 16% y 24% de casillas en C4

Distritos que Preocupan % de Casillas en C: 0 a 3 % de Casillas con Cero Funcionari@s
Jalisco 8, Guadalajara 80.12 23.81
Guanajuato 12, Celaya 69.16 8.62
DF 20 68.92 13.70
Jalisco 11, Guadalajara 67.99 24.30
DF 7 67.79 16.21

NACIONAL 19.59 4.06

• A nivel nacional, al 8 de junio de 2009, el IFE reporta un 13.39% de sustituciones de funcionarios, respecto a los designados y requeridos. Lo que preocupa es lo siguiente:

ENTIDADES CON MAYORES % DE SUSTITUCIONES % DE SUSTITUCIONES
NACIONAL 13.39

SAN LUIS POTOSÍ 21.05
BAJA CALIFORNIA SUR 20.11
QUERÉTARO 19.26
NAYARIT 18.56
JALISCO 18.22

7 DISTRITOS CON MAS DE 30% DE SUSTITUCIONES % DE SUSTITUCIONES
NACIONAL 13.39

México 2, Teoloyucan 50.34
SLP 5, San Luis Potosí 47.89
SLP 6, San Luis Potosí 37.06
NL 2, Apodaca 33.99
México 32, Xico 32.64
Jalisco 4, Zapopan 31.80
QRO 3, Santiago de Querétaro 30.78

• Respecto a las Causas de Sustituciones que reporta el IFE se encontraron 9 causas con las mayores incidencias a nivel nacional:

CAUSA % NACIONAL % RELEVANTES
EN LAS ENTIDADES
Viaje durante la Jornada 13.97 BC: 25.09;
BCS: 23.86
SIN: 22.30
NAY: 20.87
Negativa a Participar 11.19 AGS: 19.58
Cambio de Domicilio 9.80 QROO: 16.25
AGS: 15.13
CAMP: 14.15
No obtener permiso en trabajo 9.73 MEX: 13.54
QRO: 13.28
Incapacidad Temporal 8.91 CAMP: 14.34
VER: 11.11
DGO: 11.01
Centro de Trabajo Fuera del Distrito 7.39 HGO: 14.58
TLAX: 14.24
CHIS: 13.26
VER: 13.22
Al Cuidado de Familiar Enfermo 7.36 TAB: 10.5
Trabaja en Domingo 6.27 YUC: 13.28
Trabaja por su Cuenta 5.11 TLAX: 12.31
MOR: 9.07

Asuntos para Verificación de las Juntas y Consejos Distritales

Hay 4 causas relacionadas con trabajo, que representan el 28.5% de las sustituciones: centro de trabajo fuera del distrito, no obtener permiso para ausentarse, trabajar por su cuenta, trabajar en domingo.

La causa relacionada con discapacidad a nivel nacional representa el 1.69% de las sustituciones; sin embargo, en Sonora representa el 3.52% y en Baja California Sur representa el 3.11% de las sustituciones en esas entidades.

La causa relacionada con la inequidad de género representa el 1.08% a nivel nacional; pero en Tabasco representa el 2.82%, en Zacatecas representa el 2.79% y en Guanajuato representa el 2.51%. de las sustituciones en esas entidades.

La causa relacionada con cambio de domicilio representa el 9.8% de las sustituciones; sin embargo, ello implica que de la primera etapa de capacitación a la segunda, en un mes, el 10% de los ciudadanos aptos y capacitados cambiaron de domicilio, lo cual no resulta razonable.

La causa de incapacidad temporal parece no está bien definida y representa el 8.9% de las sustituciones a nivel nacional.

Contacto de prensa:
Irma Rosa Martínez Arellano
2631 6364
04455 5419 5376

ANEXO I

Hilario Pérez de León 80, col. Niños Héroes 55-90-87-54

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ERRÁTICA Y PREOCUPANTE, LA ORIENTACIÓN DEL TEPJF EN SUS FALLOS

2009-05-21T12:55:00.001-07:00

- El Comité Conciudadano considera que en varias resoluciones analizadas, el Tribunal Electoral no protege los intereses de la ciudadanía

- Hay señales de alerta sobre el papel que el Tribunal jugará en las próximas elecciones

- El organismo debió endurecer las sanciones contra las televisoras

- Con sus fallos, el Tribunal restringe al extremo la libertad de expresión

- Preocupa que el Tribunal regrese reiteradamente al IFE asuntos que bien podrían resolver los magistrados, lo cual resulta oneroso e ineficiente y vulnera el ideal de justicia pronta y expedita que ordena la Constitución

- Las intervenciones del Tribunal son erráticas, no aplican criterios homogéneos en casos de naturaleza similar y por lo tanto, no contribuyen a generar confianza en los ciudadanos

- El Tribunal no tiene el mismo contexto de exigencia que tiene el IFE
por parte de la opinión pública

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral ha realizado una labor de seguimiento de algunas decisiones relevantes que han sido tomadas recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso, los criterios de relevancia que hemos asumido son por una parte, la expectación que ciertos asuntos han generado en la opinión pública, y por otra la aplicación que ha dado el Tribunal de las nuevas reglas en materia de publicidad electoral en medios electrónicos.

La orientación jurisprudencial del Tribunal Electoral en los asuntos que hemos analizado, resulta errática y preocupante. Hay elementos para afirmar que, en los casos analizados, el Tribunal no ha adoptado una postura cercana a los principios democráticos y por lo tanto, tampoco frente a los intereses de la ciudadanía.

En las decisiones analizadas por el Comité Conciudadano se detectan inconsistencias que encienden focos amarillos acerca del papel que el Tribunal Electoral está jugando en el proceso electoral y el que jugará en las próximas elecciones. Con su actuación, el Tribunal Electoral ha violado varios de los llamados principios de Bangalore que regulan la actuación judicial. Estos principios constituyen un conjunto de postulados estándares para la conducta ética de los jueces y son de observancia obligatoria para el Estado mexicano. Entre los mismos se encuentran los de independencia, imparcialidad, integridad, diligencia, objetividad y certeza, los cuales obligan de buena fe al Tribunal Electoral como integrante del Poder Judicial Federal.

En forma inexplicable, el Tribunal no endurece las sanciones en contra de las televisoras, las que, al violar reiteradamente la nueva normatividad electoral, atentan contra el régimen democrático.

Con su actuación, el Tribunal Electoral restringe la libertad de expresión. Con su interpretación de las nuevas reglas relacionadas con las llamadas campañas negras, parecería que todo mensaje puede eventualmente considerase como denigrante, lo cual, a los ojos del Comité puede contribuir a inmovilizar y trivializar el debate público. Preocupa que aún y cuando lo que se afirme dentro de un mensaje sea probado fehacientemente, si se cree que perjudica a un partido o candidato será considerado ilegal. Esto restringe al extremo lo que los ciudadanos podemos expresar en ejercicio de nuestros derechos.

La revisión judicial, principio de todo Estado de derecho, no debe ejercerse en forma que socave a las instituciones. Es preocupante que el Tribunal incumpla recurrentemente el principio de diligencia al regresar al IFE asuntos que pueden resolverse de plano por los magistrados. Esta práctica, enraizada en la tradición judicial mexicana, resulta onerosa e ineficiente y vulnera el ideal de justicia pronta y expedita que ordena la Constitución.

El Comité Conciudadano exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Federal Electoral a fortalecer sus relaciones institucionales en un ambiente de respeto a las responsabilidades y competencias que la Constitución otorga a cada uno de estos órganos.

A continuación presentamos como ejemplo el análisis derivado de algunos de los asuntos que son estudiados por el Comité.

SUP-RAP-0081/2009 y acumulado (PAN Sopa de letras):

Como sabemos, el PAN lanzó una campaña en medios impresos en la cual, mediante una “sopa de letras” se pedía a los lectores reconocer algunas palabras que, a juicio de ese partido, describen características de los gobiernos emanados del PRI. El Tribunal consideró que la campaña era denigrante y ordenó al IFE volver a evaluar la sanción que el Instituto ya había aprobado en contra del PAN. Al respecto, llama la atención que en este asunto, el Tribunal considere que un gobierno emanado de un partido político, en este caso el PRI, no puede separarse de ese partido. Como veremos, el criterio asumido en este caso es inconsistente con los adoptados en otros casos de igual naturaleza

En realidad no queda claro por qué el Partido Revolucionario Institucional y sus gobiernos sí son la misma cosa, en especial al compararse con la opinión emitida por el Tribunal en el caso del Partido Verde respecto de los spots difundidos en televisión donde los diputados de ese partido rendían cuentas de su gestión legislativa. Para este caso el Tribunal señala que los diputados emanados de un partido político no son lo mismo que ese partido político. Por lo anterior, detectamos una inconsistencia.

En el asunto de la llamada “sopa de letras”, el Tribunal consideró que la campaña posiciona al Partido Acción Nacional frente al electorado y, por lo mismo, constituye un acto anticipado de campaña. En cambio, en el caso del Partido Verde resulta obvio que también hay un posicionamiento de un partido frente al electorado, pero en este caso el Tribunal resolvió que no fue un acto anticipado de campaña.

SUP-RAP-0087/2009 Y acumulado (Spots contratados por los diputados del Partido Verde Ecologista de México)
:
Además de las inconsistencias ya señaladas en el caso de la llamada “sopa de letras”, en este asunto, que se refiere a la contratación de spots televisivos por diputados del Partido Verde en lo individual, el Comité considera que de la lectura de la sentencia se desprenden irregularidades procesales que resultan preocupantes en la labor de cualquier tribunal.

En concreto, no queda claro por qué el Tribunal admitió la apelación de los diputados del Partido Verde. En términos de ley, los diputados no tienen derecho a interponer apelaciones electorales: sólo pueden hacerlo como ciudadanos o militantes. Lo preocupante es que, de la lectura de la resolución, se desprende que el TEPJF aceptó la demanda de los diputados como ciudadanos o militantes y luego, reencauzando la vía, les reconoció el carácter de diputados. Esto, en opinión del Comité Conciudadano, viola el principio de igualdad que debe regir entre las partes que litigan ante un tribunal.

Con su resolución, el Tribunal considera que los grupos parlamentarios emanados de un partido político deben ser considerados como distintos a ese partido político.

El Tribunal estimó que la publicidad pagada por legisladores no posiciona al PVEM ante el electorado, aun cuando el logotipo de ese partido aparece en pantalla.

El Tribunal avala la compra de promocionales en favor de un partido político por terceros (en este caso los diputados del Partido Verde), lo cual viola abiertamente el artículo 41, apartado fracción III, apartado A, antepenúltimo párrafo de la Constitución.

Sin justificación alguna, el Tribunal Electoral identifica la página web del Congreso de la Unión en la cual aparecen los nombres de los diputados del PVEM, con un spot televisivo. Esto no constituye un argumento, sino sólo una afirmación sin fundamento.

Asimismo, el permitir que los diputados o los grupos parlamentarios compren promocionales en radio y televisión implica una falta de control de los recursos que se destinan a tales fines, lo cual va en contra de la intención de la reforma electoral.

Coincidimos con varios expertos y analistas electorales que la decisión del Tribunal de no considerar como actos de campaña los spots de los diputados del Partido Verde pagados a los medios electrónicos, significa una grave regresión respecto de la reforma electoral reciente y la dañan gravemente.

Televisa (SUP-RAP-0059/2009) (Cortinillas que interrumpieron la transmisión del Super-Bowl)

• Esta es la sentencia del Tribunal que resolvió el asunto de las famosas cortinillas publicitarias que interrumpieron la transmisión del Super-Bowl. Aquí, el Tribunal Electoral certificó que Televisa denigró al IFE. Sin embargo, en forma injustificada, decidió sólo aplicar la sanción más leve establecida en el Código Electoral, es decir, una amonestación pública. Después de afirmar que la televisora denigró al organismo electoral, decide aplicar la sanción más leve. En cambio, en el caso de “sopa de letras”, el Tribunal considera grave que el PAN denigre al PRI y a los gobiernos emanados de dicho partido; es decir, resulta más grave denigrar a un partido que denigrar a la autoridad electoral. ¿Qué sucedería si algún partido osara denigrar al propio Tribunal Electoral?

Televisa (SUP-RAP-0076/2009 13-05-2009): (Negativa y omisión para transmitir los mensajes electorales)

• Este asunto regresa por segunda vez al Tribunal. Es la secuela de una multa impuesta a la televisora por negarse a transmitir mensajes electorales. El Tribunal Electoral confirma la multa impuesta por el IFE a la televisora por la cantidad de 2,500,000 pesos. Del análisis de la resolución se desprende que sus razonamientos resultan desafortunados, ya que si bien no existe reiteración de una conducta específica, es decir, de la negativa y omisión para transmitir los mensajes electorales, la reincidencia sistemática de la televisora a la normatividad electoral en su conjunto, sí puede verse como un ataque a las instituciones democráticas y al derecho que tienen los ciudadanos a que las normas se apliquen.

También llama la atención que el Tribunal no ejerce su amplia jurisdicción, no examina las razones que sostienen la determinación. El Tribunal no analiza si el monto es justo o no a la luz de la capacidad patrimonial de Televisa.

Television Azteca, S.A., de C.V, (SUP-RAP-0083/2009) (Negativa y omisión para transmitir los mensajes electorales)

• Este asunto regresa por segunda vez al Tribunal. Es la secuela de una multa impuesta a la televisora por negarse a transmitir mensajes electorales. Llama la atención que el Tribunal Electoral no haga referencia a la reincidencia de la televisora al violar la normatividad electoral. El Tribunal confirma la multa impuesta por el IFE (2 millones de pesos). Lo extraño en este caso es que no hace consideración alguna acerca del monto de la sanción. Nuevamente en este caso el Tribunal no ejerce su amplia jurisdicción, no examina las razones que sostienen la determinación. El Tribunal no analiza si el monto es justo o no a la luz de la capacidad patrimonial de Televisión Azteca.

Asunto Felipe Calderón-Miguel Ángel Yunes (SUP-RAP-0067/2009)

• En este caso, el Partido Revolucionario Institucional impugnó ante el IFE la aparición del Presidente Felipe Calderón y del Director General del ISSSTE Miguel Ángel Yunes, en el portal que contiene la página web del ISSSTE. El PRI señala que se hace propaganda indebida de ambos funcionarios. El Tribunal regresó en tres ocasiones este asunto al IFE lo cual es oneroso e ineficiente, en especial si se toma en cuenta que, al final, el Tribunal confirmó el desechamiento original de la queja que el IFE acordó. El Comité considera que el Tribunal vulneró principios procesales internacionales vinculantes para el Poder Judicial de la Federación, dado que sus resoluciones resultan poco diligentes.

También es importante destacar que se trata, en el caso concreto, del presidente de la República y de un alto funcionario federal, quienes estaban siendo imputados de conductas violatorias de la normatividad electoral. En este caso, el Tribunal decidió que los funcionarios del gobierno federal no son lo mismo que el partido político en el que militan. En todo caso, su pronunciamiento al hacer esta consideración no está motivado y, por lo mismo, resulta inconsistente a la luz de casos similares ya analizados, en concreto el conocido como “sopa de letras” y el de la contratación de spots televisivos por los diputados del Partido Verde Ecologista.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Martín Aguilar, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, Patricia Bedolla, Laura Berruecos, Leticia Blanco Cardona, Roy Campos, Jesús Cantú, Catalina Castillo, Miguel Concha Malo, María Eugenia de Alba, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Ana Vanessa González, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Mercedes Saiz, Gabriel Sánchez Díaz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís, Claudia Valdez, Enrique Valencia y Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C., Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C., CENCOS, A.C. , Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C., Centro de Encuentros y Diálogos A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, A.C., Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educación y Ciudadanía, A.C. , Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., INCIDE Social, A.C., Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, A.C., OPI Ciudad Juárez, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable, A.C., Sonora Ciudadana, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

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2009-04-22T21:52:00.000-07:00

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral cuestiona al IFE por los tiempos destinados a partidos políticos que no tuvieron contiendas internas para la selección de candidatos

No es legal que propaganda de los partidos políticos y sus líderes se realice con tiempos en medios asignados para precampañas

Pocos partidos llevaron a cabo contiendas por las candidaturas o, en su caso, lo hicieron en un número muy reducido de distritos

Sólo uno de cada 10 candidatos fue electo por el voto de las bases de sus partidos

Todos los partidos utilizaron tiempos en radio y televisión destinados legalmente a las precampañas.

La selección de la mayoría de los candidatos fue realizada por las cúpulas de los partidos

El Comité exhortará al IFE para que exija a los partidos políticos información sobre los gastos erogados con motivo de la producción y diseño de los mensajes que fueron transmitidos dentro de los tiempos destinados a las “precampañas”.

Reprobamos la violación al orden constitucional y legal por la compra y transmisión de spots a cargo del Partido Verde y las televisoras.

El Comité manifiesta su preocupación por la cantidad de secciones de atención especial en el país en las que no se respetará la aleatoriedad en la selección de funcionarios de casilla.

La empresa encargada de la realización del monitoreo no ha cumplido en tiempo con la instalación de centros y su conectividad, poniendo en riesgo el inicio del monitoreo de los promocionales de campaña.

El IFE no cumple con la ciudadanía en materia de transparencia y derecho a la información pues no se actualizan con la debida oportunidad los acuerdos, resoluciones y actas del Consejo General, entre otro tipo de información.

El Comité exige que la información pública que genera el IFE relacionada con el proceso electoral contenga, al menos, las mismas variables con las que contamos en el proceso 2006, en especial los sistemas de información, el PREP y Conteo Rápido.

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral informa que ha reiniciado sus actividades a fin de dar seguimiento al proceso que ya está en marcha para elegir diputados federales y otros cargos a nivel estatal.

En esta nueva etapa, el Comité Conciudadano está conformado por 21 organizaciones de la sociedad civil y un grupo diverso de ciudadanos entre los que se encuentran académicos, analistas y expertos en asuntos electorales de varios estados del país. Damos a conocer a continuación algunas situaciones preocupantes del proceso.

Precampañas

Uno de los temas que más preocuparon en la reforma electoral fue la regulación de las precampañas. Durante el proceso de reforma hubo consenso en regular esa etapa que generaba inequidad entre los contendientes y hacía que los partidos políticos ejercieran recursos financieros sin control. La autoridad electoral estaba impedida de conocer y fiscalizar dichos recursos, por lo que durante esos periodos se cometía una serie de abusos a las normas electorales.

En la Constitución, con la reforma Electoral reciente, se definió que la ley fijará los límites al gasto en los procesos internos de selección de candidatos. Asimismo, se establecieron tiempos del Estado en radio y televisión para ser utilizados durante las precampañas electorales.

Según el nuevo COFIPE, las precampañas son el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. La ley establece que los actos de precampaña tienen el objetivo obtener el respaldo de simpatizantes para ser postulado candidato a un cargo de elección popular.

La idea de establecer precampañas en periodos específicos y asignarles tiempos de radio y televisión, incluso desde la Constitución, es para abrir los procesos internos de selección y democratizar los procedimientos al interior de los institutos políticos. Asimismo, para disminuir las prácticas autoritarias y las designaciones por “dedazo” desde las cúpulas partidistas y los gobiernos.

Por todo lo anterior, no consideramos legal que la propaganda genérica de los partidos políticos se transmita o se realice con recursos asignados por la Constitución y la Ley, para las precampañas y consideramos que en la regulación que emitió el IFE en esta materia se violenta el marco normativo emitido por el Congreso de la Unión.

Pocos partidos llevaron a cabo procedimientos de selección abierta y lo hicieron en un número muy reducido de distritos; sin embargo, todos gozaron y utilizaron los tiempos en radio y televisión destinados legalmente a las precampañas.

Por lo anterior, es necesario cuestionar al IFE por el otorgamiento de los tiempos del estado destinados por disposición constitucional, a las precampañas, para la emisión de publicidad genérica por parte de los partidos políticos.

El Comité Conciudadano considera que de la lectura integral de todos los artículos constitucionales y legales que regulan las precampañas se puede concluir que la intención era que solamente se transmitieran spots de los precandidatos en contienda.

Uno de los objetivos de la reforma era disminuir la duración y los gastos de campaña. Por lo tanto, la transmisión de los promocionales en tiempos de precampaña, constituye un engaño a los ciudadanos, pues en realidad, estamos sufriendo y pagando campañas más largas.

Fiscalización de las Precampañas

A principios del mes de abril venció el plazo para que los partidos políticos presentaran informes de gastos de precampaña, es decir informes de gastos relacionados con sus procedimientos internos de selección de candidatos a diputados federales.

Así como el IFE permitió indebidamente a todos los partidos gozar de una prerrogativa a la que sólo tenían derecho aquellos que llevaran a cabo procedimientos internos de selección de candidatos, el Comité Conciudadano supone que, en el marco de la fiscalización, exigirá a todos los partidos que informen lo que gastaron para la producción y diseño de los mensajes que fueron transmitidos dentro de los tiempos destinado a las “precampañas”. Los partidos están obligados a rendir cuentas ante los ciudadanos sobre los recursos que ejerzan.

Otro aspecto que es de interés del Comité Conciudadano es el cumplimiento de la entrega, por parte de los partidos políticos a la autoridad electoral, de los informes de ingresos y gastos de precampaña de cada uno de los precandidatos que participaron en las contiendas internas. Es alarmante que tres de cada diez precandidatos no haya entregado su informe en el plazo establecido; que de casi cinco mil precandidatos, el 13% haya omitido presentar documentación comprobatoria; que en 35% de casos existen elementos de probable comisión de faltas en materia de origen y aplicación de los recursos.

El IFE deberá revisar alrededor de 40% de esos informes en menos de un mes, pues se trata de los informes de quienes resultaron electos como candidatos y por lo tanto, deben servir de base al Instituto para determinar si les corresponde el registro como candidatos a la Cámara de Diputados.

Procesos de selección de candidatos a diputados federales

El Comité Conciudadano se ha dado a la tarea de revisar los procesos de selección de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, a través del proyecto “Por un Congreso con Rostro”.

Los datos obtenidos en el primer avance indican que en general, los métodos utilizados por los partidos fueron poco democráticos, pues una proporción considerable de las designaciones fueron realizadas por órganos cupulares y cuerpos colegiados de carácter supuestamente representativo.

La excepción de esta tendencia fueron las elecciones directas, abiertas a los militantes y/o simpatizantes, que llevaron a cabo el PRD (53 candidaturas) y el PAN (106), lo que representa menos del 10% del universo total de las candidaturas que estuvieron en juego, 300 por partido.

Entre los partidos que privilegiaron la decisión de la cúpula partidaria en la designación de candidatos a diputados federales de mayoría relativa destacan el PAN, que reservó para este mecanismo 194 candidaturas, es decir el 65% del total; y el PRD que designó por este mecanismo 245 candidaturas, es decir el 82%.

Estos dos partidos habían favorecido la selección de candidatos a través del voto en alguna modalidad de elecciones abiertas. Sin embargo, los dirigentes partidarios han querido justificar este cambio argumentando que con este procedimiento se busca elegir a las y los mejores candidatos. Lo cierto es que la exclusión de las bases en la designación de candidatos, fortalece el control de los órganos cupulares sobre la vida partidaria, cancelando la deliberación y el conflicto interno que son muestras de salud en instituciones donde prevalece el libre debate de las ideas.

En el listado de precandidatos a diputados presentados ante el IFE por cada uno de los de partidos políticos nacionales, se observa que tanto el PRI como el PV presentaron precandidaturas únicas en más del 50% de los distritos, lo que significa que en estos distritos, no hubo contienda interna.

Con base en el mismo listado, el Comité Conciudadano analizó el número de contendientes que hubo en cada partido político por distrito electoral, esto independientemente del método utilizado y de la existencia de una coalición. Al respecto, se detectó un número importante de casos en que los partidos sólo contaban con el registro de un precandidato por distrito:

Número de distritos electorales en los que los partidos contaban con un solo precandidato

Partido Distritos (300) %
1 PAN 35 11.7%
2 PRI 236 78.7%
3 PRD 73 24.3%
4 PT 135 45.0%
5 PV 206 68.7%
6 Convergencia 54 18.0%
7 PANAL 33 11.0%
8 PSD 68 22.7%
Fuente: Elaboración propia a partir del listado de precandidatos a diputados, presentados ante el IFE, por cada uno de los de partidos políticos nacionales, el cual puede ser consultado en: www.ife.org.mx

También observamos baja participación de mujeres como precandidatas. Éstas representaron el 13% en el PAN, el 19% en el PRI, el 22% en el PRD, el 24% en el PT, el 28% en Convergencia, el 29% en el PANAL, el 34% en el PV y el 39% en el PSD. Para el Comité Conciudadano esta situación pone en riesgo el que los partidos cumplan con la cuota de género que establece la ley electoral, la cual señala que de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas, en ningún caso se incluirán más del 60% de candidatos propietarios de un mismo género.

Porcentaje de precandidat@s
por género y por partido político

Partido Hombres Mujeres
PAN 87% 13%
PRI 81% 19%
PRD 78% 22%
PT 76% 24%
PV 66% 34%
Convergencia 72% 28%
PANAL 71% 29%
PSD 61% 39%

El Comité Conciudadano reivindica el derecho ciudadano a conocer información verídica, suficiente y oportuna sobre los procedimientos de selección de las y los candidatos que constituirán las opciones de voto de las y los ciudadanos en los comicios de julio próximo, y exhorta a los partidos políticos a cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia. Asimismo solicita al IFE cumplir con su función de vigilar que tales disposiciones se cumplan, en tiempo y forma, con apego a la ley electoral.

Al considerar que en próximos días darán inicio las campañas electorales, es urgente que los partidos y sus respectivas candidatas y candidatos pongan a disposición de la ciudadanía su trayectoria profesional y política, su formación académica, sus propuestas de campaña y sus datos de contacto, a fin de que la ciudadanía pueda dirigirse a ellos. En este sentido, las personas y organismos civiles que conformamos el Comité Conciudadano solicitaremos a todos los partidos la información biográfica de las y los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y la pondremos a disposición de la población, en diversas entidades de la República.

Violación a las disposiciones jurídicas en materia de radio y televisión

El Partido Verde impugnó y presentó un amparo contra la sanción de 10 millones de pesos impuesta por el IFE por la compra de spots en televisión. El Comité Conciudadano considera que también se debió sancionar la venta y transmisión de dichos promocionales por parte de Televisa y TV Azteca. La deficiente interpretación de la reforma electoral por parte de las televisoras no es razón para eximirlas de una sanción.

El Partido Verde intentó confundir a los ciudadanos y burlar la ley electoral argumentando que se trató de promocionales relacionados con un supuesto informe de labores de los legisladores de dicho partido.

El IFE sancionó al Partido Verde, pero éste acudió ante el Tribunal Electoral, presentó un amparo y además amenaza con llevar a cabo un informe “real” de labores para promocionarse nuevamente, burlando nuevamente la ley electoral.

El Comité Conciudadano exhorta al Tribunal Electoral a ser inflexible con el Partido Verde confirmando la sanción impuesta por el IFE y a aplicar la ley electoral con todo rigor, en el caso de venta de spots por parte de las televisoras a partidos políticos.

Monitoreo de Promocionales de Campañas

La empresa Grupo de Tecnología Cibernética, contratada por el IFE para el monitoreo de campañas, se encuentra retrasada en la instalación de los centros de monitoreo. El calendario acordado en el contrato estableció que la empresa debía instalar 100 centros de monitoreo y un centro nacional a más tardar el 31 de marzo. Sin embargo, el IFE le concedió una prórroga de 30 días arriesgando el inicio de dicha actividad.

El Comité Conciudadano exhorta al IFE a exigir el cumplimiento del contrato y estará atento a que el 30 de abril se encuentren instalados y funcionando los 150 centros de monitoreo, un centro nacional y que exista conectividad entre ellos, para poder dar inicio al monitoreo de promocionales de campañas en cuanto las mismas comiencen.

Consideramos que el Instituto debe promover un mayor número de convenios con instancias académicas y organizaciones civiles, como el que se firmó con la UNAM para el monitoreo de espacios noticiosos. Ello permitiría desarrollar las capacidades ciudadanas y académicas de monitoreo independiente y contar con mayor cobertura en las diversas regiones del país, para futuros procesos electorales.

Análisis de Secciones de Atención Especial

A la fecha, los Consejos Distritales del IFE han aprobado un total de 6,230 secciones de atención especial que representan el 9.59% del total de secciones del país, que asciende a 64,934. Esto implica que en casi el 10% de las secciones se harán excepciones al mecanismo conocido como orden de prelación alfabético-geográfico para la selección de funcionarios de casilla.

De las bases de datos del IFE se desprende que las 6,230 secciones de atención especial representan poco más de 13 mil casillas, poco más de dos casillas en promedio por sección, en las cuales no se seguirá un procedimiento aleatorio para la selección de sus funcionarios. Por el contrario, los capacitadores tendrán la posibilidad de acudir directamente a la lista nominal para escoger funcionarios de casilla, lo que abre la puerta a criterios subjetivos e influencias de grupos de interés externos.

Incluso, esta situación se agrava en 98 distritos del país en los cuales fueron aprobadas más del 10% de secciones de atención especial, alcanzando niveles superiores al 50% en varias de ellas

Los distritos con mayores porcentajes de secciones de atención especial son los siguientes:

DISTRITO % de SAE
BC 8, 73.91%
CHIS 3, 62.24%
BC 6, 60.22%
BCS 1, 58.16%
OAX 4, 57.92%
OAX 6, 57.53%
BCS 2, 53.55%
BC 2, 52.73%
JAL 14, 50.30%

En 2006 se aprobaron de inicio, poco más de 1,200 secciones de atención especial; mismas que se incrementaron a lo largo del proceso hasta llegar a más de 8 mil; sin embargo, ahora el IFE inicia con 6,230, por lo que nos preocupa el número final de secciones en la que no se respetará el orden de prelación y que corren el riesgo de que la selección de funcionarios de casilla esté sujeta a injerencias de partidos, gobiernos o grupos de interés externos.

Transparencia y Acceso a la Información

Los trabajos que lleva a cabo el Comité Conciudadano requieren de contar con información por parte del IFE con la oportunidad y accesibilidad que la ley y su propia reglamentación les exige.

En los últimos meses hemos tenido la experiencia de que no aparecen en tiempo las actas, acuerdos y resoluciones del Consejo General.

Por lo anterior y en forma preventiva, exigimos que el IFE continúe con su vocación en materia de transparencia y ofrezca información socialmente útil, evitando restringir el alcance de los datos con base en criterios “políticos”.

La información pública que genera el IFE, principalmente la relacionada con el proceso electoral debe contener, al menos, las mismas variables con las que contamos en el proceso 2006. Lo contrario constituiría un retroceso en los derechos de los ciudadanos.

El PREP debe mejorarse; por lo que deben encontrarse los mecanismos para que además de la información del 2006, se cuenten con datos que permitan acceder a la base total, independientemente de las inconsistencias en las actas.

Observación Electoral

En esta nueva etapa, el Comité Conciudadano estará observando el desempeño del Consejo General del IFE como órgano colegiado y a cada uno de los Consejeros Electorales en lo individual. Estudiaremos de cerca la aplicación de la estrategia de capacitación para conocer a detalle la designación de funcionarios de mesas directivas de casilla. Estaremos pendientes de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los votos particulares de los integrantes de la Sala Superior.

Por medio del Proyecto Congreso con Rostro estaremos vigilando la designación de candidatos y candidatas a cargos de elección popular y la currícula de los mismos, en ocho estados de la República.

Finalmente, como un proyecto piloto, se desarrollará una herramienta que permita evaluar el grado en el que las reglas de operación, las capacidades institucionales y la existencia de mecanismos de construcción de ciudadanía, disuaden el uso proselitista de los programas sociales locales. El instrumento será probado en programas implementados en el Distrito Federal y en Jalisco.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, CEDAC, CIMAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C., Asociación Sinaloense de Universitarias Quim. Veneranda Batis Paredes A.C., Incide Social, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., EDUCIAC, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Sinergia, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, Patricia Bedolla, Laura Berruecos, Leticia Blanco, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Vanessa González Deister, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez Vázquez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Mercedes Saiz, Gabriel Sánchez Díaz, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís, Claudia Valdez, Enrique Valencia y Elio Villaseñor.

Contacto: Irma Rosa Martínez Arellano
Tel: 2631 6364, 04455 5419 5376
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COMITÉ CONCIUDADANO RECHAZA PROPUESTA DE TELEVISA PARA INTERCAMBIAR TIEMPOS DEL ESTADO

2009-03-31T12:51:00.000-07:00

31 DE MARZO DE 2009

• El Comité Conciudadano se manifiesta en contra de cualquier negociación entre el IFE y empresas mercantiles que busque pasar por encima de la Constitución y la Ley.
• Rechaza la propuesta de Televisa para intercambiar tiempos del Estado en los que se deben transmitir spots tanto de los partidos políticos como de la autoridad electoral.
• El IFE es autoridad en materia de radiodifusión durante el proceso electoral, y su función irrenunciable es hacer cumplir las leyes
• Los tiempos del Estado no son patrimonio de las televisoras; por lo que no deben estar sujetos a la especulación comercial
• Los consejeros del IFE no deben prestarse a este tipo de negociaciones, pues están obligados a velar por el interés público

El Comité Conciudadano, formado por una red de 21 organizaciones civiles y diversos académicos, analistas y expertos en asuntos electorales de varios estados del país, inició ya sus trabajos de observación del proceso electoral en curso.
Como parte de este esfuerzo, el Comité Conciudadano se manifiesta en contra de cualquier negociación entre el IFE y organismos privados que busque pasar por encima de la Constitución y la Ley.
Recientemente, la revista Proceso publicó una nota en la que se denuncia que la empresa Televisa ha propuesto al IFE intercambiar 30 minutos, de los 48 que se consideran “tiempos del estado”, a cambio de que en los programas y noticieros que transmite dicha empresa, aparezcan cintillos, menciones, cortinillas, textos y gráficos a través de los cuales se haga propaganda a partidos y candidatos. La justificación recae en criterios comerciales, pues la empresa considera que los spots de los partidos que está obligada a transmitir, perjudican los niveles de audiencia de los programas. La nota señala que el IFE ha accedido a negociar la propuesta, mediante la integración de un grupo asesor.
El Comité Conciudadano pudo confirmar la veracidad de la propuesta, por lo que reitera que tanto el artículo 41 constitucional, como el artículo 55 del Código Electoral establecen que a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del IFE 48 minutos diarios, que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, entre las 6 y las 24 horas.
Los tiempos del Estado no son patrimonio de las televisoras; por lo que no deben estar sujetos a la especulación comercial; y los Consejeros del IFE no deben prestarse a este tipo de negociaciones, pues están obligados a velar por el interés público en esta materia.
La legislación electoral establece que el IFE es autoridad en materia de radiodifusión durante el proceso electoral, por lo que es su función irrenunciable hacer cumplir las leyes.
El Comité está convencido que la Ley no puede estar sujeta a negociación alguna y que mal harían los integrantes del Consejo General del IFE en colocar las consideraciones de carácter comercial por encima de la vigencia del estado de derecho en el que debe prevalecer el interés general y no los intereses de grupo.
Los argumentos relacionados con la saturación de la audiencia deberán ser analizados, en todo caso, por un grupo especializado del Congreso de la Unión, única instancia con facultades para reformar la norma. Un “grupo asesor” integrado por las televisoras y el IFE no tiene facultades para hacer planteamientos que busquen evitar la vigencia de las disposiciones legales.
Las menciones, cortinillas, textos y gráficos que pudieran aparecer en las transmisiones televisivas a cambio de 30 minutos menos de spots son cuestiones que se encuentran al margen de la ley. Se trata de elementos difíciles de medir por lo que se corre el riesgo de romper la equidad y que se favorezca a candidatos de un partido por encima y en detrimento de los candidatos de otros partidos. Además, se alimentaría una práctica inadmisible: la de presentar propaganda como si fuera contenido noticioso o de entretenimiento
El Comité estará pendiente de la atención y solución que den las autoridades electorales al presente asunto y exhorta a los consejeros del IFE a honrar la protesta que hicieron al asumir su encargo.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, Patricia Bedolla, Laura Berruecos, Leticia Blanco Cardona, Roy Campos, Jesús Cantú, Miguel Concha Malo, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Ana Vanessa González, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Mercedes Saiz, Gabriel Sánchez Díaz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís, Claudia Valdez, Enrique Valencia y Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C., Asociación Sinaloense de Universitarias, Quím. Veneranda Bátiz Paredes, A.C., CENCOS, A.C. , Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C., Centro de Encuentros y Diálogos A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, A.C., Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educación y Ciudadanía, A.C. , Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., INCIDE Social, A.C., Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, A.C., Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable, A.C., Sonora Ciudadana, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

Contacto
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Teléfono: 55 33 64 75 y 76

2009-02-26T13:59:00.001-08:00

• El Comité Conciudadano toma nota de que los Consejeros Electorales hayan reconsiderado su anuencia al acuerdo que se tradujo en un aumento sustantivo del a la retribución de los Consejeros Electorales del Consejo General del IFE.
• Preocupa sin embargo la falta de certeza en sus decisiones.

El Comité Conciudadano lamenta la aprobación por la Junta General Ejecutiva del IFE del Manual de Percepciones para el 2009, en lo que corresponde a un aumento significativo en las retribuciones de los Consejeros Electorales del Consejo General del IFE. Refleja una falta de sensibilidad y solidaridad en esta decisión ante la crisis económica y la difícil situación por la que atraviesa la gran mayoría de las familias mexicanas.

En la reciente reforma electoral los legisladores dejaron pasar la oportunidad de modificar la disposición constitucional respecto de las percepciones de los Consejeros Electorales. Consideramos que no es aceptable que con nuestros impuestos se paguen sueldos tan elevados a servidores públicos y que sus percepciones sean tan distantes de los precarios ingresos de la mayoría de la población.

Ante el rechazo generalizado de la opinión pública, los Consejeros Electorales decidieron revisar esa decisión y mantener los niveles de retribución que venían recibiendo. El Comité Conciudadano apoya que se revoque esa decisión a todas luces injusta.

Esperamos asimismo que esta ola de rechazos impulsen a los demás funcionarios del Estado Mexicano que tienen la capacidad de establecer sus propios salarios y prestaciones hagan una revisión a las exageradas e injustificadas remuneraciones que reciben.

Asimismo preocupa la falta de certeza que con este tipo de decisiones poco reflexivas nos transmiten a la ciudadanía. El IFE debe ser una institución sólida en sus decisiones y congruente con los criterios.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, CEDAC, CIMAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C., FEMU Sinaloa, Incide Social, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., EDUCIAC, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Sonora Ciudadana, Sinergia, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Laura Berruecos, Miguel Ángel Bazdresch, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Joaquín Osorio, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís y Enrique Valencia.

www.comiteconciudadano.org

2009-02-16T13:04:00.001-08:00

• El Comité Conciudadano lamenta la decisión del Consejo General del IFE de no sancionar a las televisoras por evidentes violaciones al COFIPE y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

• Considera que es una renuncia a la autonomía en el ejercicio de su autoridad como garante de procesos electorales equitativos, transparentes y confiables

• Insta a los partidos políticos promotores y autores de la reciente reforma electoral, a presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

México, D.F. 16 de febrero 2009.

El Comité Conciudadano, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en materia electoral y ciudadanos comprometidos con la democracia, lamenta profundamente la decisión que el Consejo General del IFE tomó el viernes pasado de no sancionar a Televisa y TV Azteca, ante las evidentes y públicas violaciones a las disposiciones contenidas Código de Procedimientos e Instituciones Electorales. El sobreseimiento de la multa por 7 millones de pesos a TV Azteca y 4 millones a Televisa significa una renuncia al ejercicio de su autoridad y lastima la confianza sobre la imparcialidad y real autonomía del IFE.

El Comité Conciudadano expresa su preocupación por la debilidad con la que a propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños los consejeros electorales Benito Nacif, Marco Antonio Gómez, Arturo Sánchez y Francisco Guerrero votaron por no sancionar a las televisoras. La Consejera Macarita Elizondo aunque votó en contra de la propuesta de Marco Antonio Baños, estaba a favor de que no se sancionara a las empresas. Reconocemos la congruencia de los tres consejeros que se sostuvieron en el ejercicio de la sanción: Leonardo Valdés, Virgilio Andrade y Alfredo Figueroa.

La decisión del Consejo General frente a la arrogancia y colusión con la que proceden las televisoras, no solamente dejó impune la violación, entre otros del artículo 350, fracción d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Legales (COFIPE) sino también del artículo 5º de la ya de por sí trunca Ley Federal de Radio y Televisión.

Se esperaba que el órgano electoral sancionara a Televisa y a Televisión Azteca por introducir en forma concertada e irregular, durante la transmisión de juegos de fútbol, un bloque de anuncios electorales precedidos de una cortinilla formulada por las propias empresas de televisión, con la clara intención de generar molestia del público en contra del IFE y de las campañas políticas .

El pasado viernes de manera inexplicable y después de varios días de discusión, el órgano decidió no aprobar el dictamen sancionatorio presentado por la secretaría ejecutiva al Consejo General sin tener argumentos legales convincentes, sosteniendo simplemente que se había logrado un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Ante ello, el Comité Conciudadano exige una explicación al Consejo General del IFE de por qué dejaron de ejercer las funciones que les han sido encomendadas, qué papel jugó la intervención del Secretario de Gobernación y que motivó el cambio de las posturas originales de los consejeros electorales para no sancionar una clara violación a la Ley por parte de las televisoras

El Comité recuerda a los partidos políticos que antes de pedir el voto de los ciudadanos, consideren que se asumen como representantes de los intereses e inquietudes ciudadanas y no de empresas monopólicas que nada o muy poco tienen que ver con la mayoría de los ciudadanos. Por lo mismo, insta a los partidos políticos, ya que son los únicos facultados para hacerlo, a no dejarse amordazar por las televisoras y presenten un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No hacerlo significa que renuncian a hacer cumplir la legislación electoral que ellos mismos promovieron a través de sus representantes en el Congreso.

Con esta decisión de no sanciona a Televisa y Tv Azteca, el Consejo General del IFE no solo pierde autonomía sino que minimiza los efectos de la reforma electoral aprobada en septiembre del 2007, cuyo objetivo principal fue el de recuperar la credibilidad del órgano electoral, regular la intervención de los medios de comunicación electrónica y garantizar la equidad en la contienda entre los diferentes partidos políticos.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, CEDAC, CIMAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C., FEMU Sinaloa, Incide Social, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., EDUCIAC, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Sinergia, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Laura Berruecos, Miguel Ángel Bazdresch, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Lourdes Morales, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís y Enrique Valencia

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C.

2008-06-23T09:11:00.000-07:00

Tiene el agrado de invitarle a la presentación de los documentos:

Por un Congreso con Rostro. ¿Que representan los que quieren representarnos?

Una Propuesta Ciudadana de Observación y Reforma Electoral.

Manual Ciudadano de Participación en Procesos Electorales

Estas tres publicaciones son resultado de los proyectos llevados a cabo por un grupo de organizaciones y de académicos en relación con el proceso federal electoral del año 2006, uno refiere a una investigación sobre los procedimientos que realmente siguieron los partidos para elegir a sus candidatos y candidatas y la información sobre las biografías de los candidatos a diputados que el colectivo de organizaciones intentó recabar y difundir entre la población; los dos siguientes recogen la experiencia del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral y una propuesta que amplia las actividades de los procesos electorales en los que deben y pueden participar los ciudadanos.

Comentaristas

Rogelio Gómez Hermosillo

José Antonio Crespo

Rosa Ma. Rubalcava,

Moderador

Alfredo Figueroa Fernández

martes 24 de junio a las 18:00 horas

Librería Rosario Castellanos/Fondo de Cultura Económica

Tamaulipas 202 esq, Benjamín Hill

Col. Hipódromo Condesa / Ciudad de México

Vino de Honor

comiteconciudadano.blogspot.com, www.incidesocial.org

55-90-87-54 y 55-79-99-63

EN MANOS DEL CONGRESO, OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE RECONSTRUIR LA CONFIANZA EN LA AUTORIDAD ELECTORAL: CCRE

2008-01-23T11:49:00.000-08:00

Texto completo en PDF

El CCRE reconoce reformas importantes a la legislación electoral
Queda pendiente la reducción en el financiamiento ordinario
Fueron omisas en fortalecer las atribuciones de los consejos locales y distritales que tienen un papel central en la organización de las elecciones
Reprobamos enérgicamente que se traspasen votos a los partidos que apenas alcancen una votación de 1 %
Los partidos no pueden traficar con los votos y alterar la voluntad expresada en las boletas
Afectan la calidad ciudadana y autónoma del IFE las limitaciones impuestas al Consejo General
El crimen organizado amenaza a todo el sistema electoral del país
El proceso de selección de consejeros electorales ha estado plagado de descuidos y falta de responsabilidad de algunos diputados y diputadas.
No han sabido ejercer su encomienda de manera imparcial, suficientemente informada y exenta de intereses meramente partidistas
En diversos aspectos, se han cometido violaciones a los derechos de los ciudadanos que participaron en el proceso.
Por ello, es riesgoso el método de insaculación entre los 39 candidatos y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.
Se requiere un nuevo Consejo General con gran fuerza y calidad moral, con consejeros que tenga peso propio y no derivado de sus nexos con los grupos de poder
Los partidos en el Congreso todavía tienen la oportunidad histórica para reponer la confianza perdida en la autoridad electoral.

Desde el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) realizamos a continuación un balance general de la reciente reforma donde buscamos destacar los avances, las insuficiencias y los riesgos de las nuevas disposiciones legales que regirán el sistema electoral de nuestro país. Este balance lo realizamos desde la mirada de los derechos políticos de los ciudadanos, mismos que hemos tratado de defender a través de nuestras actividades y posicionamientos.

De la relación con los medios de comunicación

Sin duda celebramos los importantes cambios legales respecto del uso de tiempos en los medios de comunicación para las campañas electorales. La prohibición para que los partidos políticos puedan contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión responde a una sentida exigencia ciudadana. Asimismo, la decisión de limitar la difusión de la propaganda política y de los partidos políticos, solamente a los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, administrados por el Instituto Federal Electoral, impactará el monto total de los recursos públicos que se destinan a los procesos electorales y constituye un importante ingrediente para alcanzar mayor equidad en las contiendas.

También consideramos un acierto la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las respectivas jornadas electorales.

El Comité no detecta atentado alguno contra la libertad de expresión, en contraste con lo que se difundió en el momento de la aprobación de la reforma y con los intentos recientes de promoción de amparos por organismos empresariales y algunos miembros de la comunidad de intelectuales. Por el contrario, este derecho se ve ahora ampliado con las nuevas disposiciones constitucionales que garantizan el derecho de réplica que genere la libre manifestación de las ideas y entiende que dicha determinación deberá abonar en la construcción de una democracia más equitativa.

Del financiamiento a los partidos y campañas

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el Comité encuentra en la reforma avances en la reducción tanto del financiamiento privado autorizado a los partidos, como en el uso de recursos públicos para efectos de las campañas políticas.

Sin embargo, queda pendiente la reducción en el financiamiento ordinario, o sea el dinero que reciben los partidos políticos para sus actividades cotidianas como son los salarios a los dirigentes y trabajadores, la renta de sus oficinas, entre otras. Este tipo de financiamiento no sólo no se reduce, sino que con la aplicación de la fórmula incorporada en la Constitución con la reforma, este financiamiento aumenta.

Al realizar una proyección a 10 años del financiamiento a los partidos políticos de acuerdo a las nuevas disposiciones, el Comité Conciudadano detecta que el ahorro real será de sólo el 11 por ciento, por lo que no considera que se trate de un ahorro importante que efectivamente responda a la demanda de ciudadanos y organizaciones civiles para reducir el gasto total de los partidos y las campañas en un 50 por ciento. El Comité considera que seguiremos pagando un alto costo por las actividades de los partidos políticos y de los procesos electorales.

De las coaliciones

En cuanto a las nuevas disposiciones legales en materia de coaliciones, el CCRE estima que es un avance obligar a los partidos políticos a aparecer en las boletas electorales con emblemas separados. Se trata en varios casos, de partidos políticos que se han beneficiado de recursos públicos por más de 20 años, sin que hayan probado contar con un respaldo ciudadano que justifique su presencia en las contiendas electorales. Tampoco algunos de ellos, han sido ejemplo de prácticas ni democráticas, ni transparentes en su gestión.

En consecuencia, reprobamos enérgicamente la decisión aceptada en la legislación de traspasar votos a los partidos políticos que alcancen una votación por encima del 1 por ciento, pero no logren obtener el 2 por ciento  necesario para que puedan conservar su registro. Consideramos que los partidos políticos no deben traficar con los votos de los ciudadanos y alterar la voluntad expresada en las boletas por cada votante, pues se trata de una violación a los derechos políticos de los electores.

De la fiscalización de los gastos

Para el CCRE es también un avance importante el eliminar el secreto bancario, fiduciario y fiscal para que el IFE pueda realizar la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

Sin embargo, en la Reforma se eliminó la Comisión de Fiscalización del Consejo General y ahora la fiscalización de los recursos de los partidos políticos recaerá en un Órgano Técnico de Fiscalización que cuenta con autonomía de gestión, aunque dependa del Consejo General. El CCRE considera indispensable que se involucre a los Consejeros Electorales en los procesos deliberativos de dicha unidad. De lo contrario, va a resultar sumamente complejo que el Consejo General pueda imponer, en su caso, las sanciones sin conocer con la anticipación y profundidad suficientes, los dictámenes que se le presenten.

De la organización en comisiones del Consejo General

Para el Comité Conciudadano las limitaciones impuestas a los Consejeros Electorales del Consejo General para organizarse en comisiones y para relacionarse con la estructura profesional del Instituto, afectan la calidad ciudadana y autónoma del IFE. Las nuevas disposiciones limitan a tres consejeros la integración de las comisiones, les prohíbe participar en más de dos comisiones, establece presidencias rotativas de las mismas, permite la participación de representantes de los partidos y del Poder Legislativo en las comisiones y elimina la participación de las direcciones ejecutivas en la función de secretarías técnicas de las comisiones. Con estas disposiciones se pone en riesgo la credibilidad de la institución que precisamente se había ganado a partir de su carácter ciudadano y del papel de vigilancia y supervisión que ejercían los Consejeros Electorales en todos los trabajos del IFE por vía de las Comisiones.

El CCRE considera que la elección recientemente realizada por el Consejo General del IFE del responsable del Órgano Técnico de Fiscalización, así como la integración de las comisiones permanentes y la designación de sus presidentes sin que hubiese concluido el nombramiento de los nuevos consejeros electorales, muestra una clara falta de prudencia del actual Consejo General respecto de decisiones fundamentales para la vida del Instituto.

De la ausencia de disposiciones para fortalecer a los consejos locales y distritales

Por el contrario, el CCRE proponía fortalecer las facultades y atribuciones de los consejos electorales que, debemos recordar, garantizan la presencia ciudadana en la organización y vigilancia del proceso electoral, especialmente de los consejos locales y distritales que muchas veces se ven imposibilitados de intervenir oportunamente para frenar violaciones a la legislación electoral y generar condiciones equitativas en las contiendas. Es al nivel de los consejos distritales que se revisan las actas y en su caso, se recuentan los votos emitidos en las casillas.

Las nuevas disposiciones dejan intactas las facultades y atribuciones de los consejos locales y distritales. Un factor importante de la desconfianza suscitada en la pasada elección presidencial deriva de la gran centralización de las decisiones, que conlleva una falta de oportunidad para tomarlas y aplicarlas en los 300 distritos electorales en los momentos en que son necesarias y útiles.

De la contraloría general del IFE

Si bien el CCRE reconoce la importancia de la rendición de cuentas en todos los cargos y las dependencias públicas, especialmente en los órganos constitucionales autónomos, no comparte la solución planteada en la reforma electoral al establecer que el titular de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral sea designado por la Cámara de Diputados. Esta nueva disposición invade la autonomía del IFE ya que el encargado de resolver las quejas planteadas contra los funcionarios y servidores públicos de la institución es nombrado, y en su caso reelecto o removido, precisamente por los diputados de los grupos parlamentarios de cada partido político, que son precisamente los sujetos al “arbitraje” del IFE.

El tema de falta de claridad en los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos autónomos es generalizado y resulta preocupante que sea precisamente para el IFE, que el Congreso adopte una decisión como la descrita. Aunque se establecen algunas disposiciones que pretenden salvaguardar la independencia y autonomía de la institución, como es que en caso de faltas graves cometidas por los Consejeros Electorales del Consejo General, el Contralor integrará un expediente que someterá a consideración de la Cámara de Diputados. Es razonable pensar que los grupos parlamentarios pueden generar temor al ejercicio libre de la función electoral por medio del Contralor General.

Del nombramiento de los Consejeros Electorales

El Comité Conciudadano reconoce el avance que significó la inclusión en la reforma constitucional de la previsión de una amplia consulta social para nombrar al Consejero Presidente del Consejo General del IFE y a los nuevos consejeros del IFE.

Sin embargo, desde la perspectiva del Comité Conciudadano en la aplicación por primera vez del procedimiento de convocatoria pública, el proceso ha estado plagado de descuidos y de falta de responsabilidad de algunos diputados y diputadas. Lo que podemos observar es que los integrantes de la Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no han sabido ejercer su encomienda de manera imparcial, suficientemente informada y exenta de filias y fobias, para proponer al pleno a las personas que participarán en el arbitraje de las contiendas electorales.

Desde la primera depuración de la lista de aspirantes detectamos con preocupación que se dejaron fuera a personas que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. El Comité Conciudadano formuló una petición a la Cámara de Diputados el pasado 5 de diciembre para que se nos informara de los criterios aplicados en la primera depuración de candidatos en donde incluimos la sugerencia de que se notificara a cada uno de los candidatos rechazados las razones para no considerarlos en las fases siguientes del proceso, tomando en cuenta que habían realizado un gran esfuerzo para reunir la documentación solicitada y que en varios casos, se habían trasladado a la ciudad de México para entregarla.

A este respecto el Comité recibió respuesta en carta fechada el 6 de diciembre de 2008 en donde el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, nos responde lo siguiente: “Los criterios se reducen a determinar que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 76, numeral 1, incisos a) a la j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y punto primero y segundo de la Convocatoria para la Integración del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral de 20 de noviembre de 2007”., para señalar a continuación que los que requirieron valoración son los relativos a: “poseer título profesional o formación equivalente, tener conocimiento en la materia político-electoral y el ensayo sobre la aplicación de la Reforma Constitucional en Materia Electoral”.

Nos parece evidente que existe una clara confusión entre lo que son criterios de evaluación y requisitos establecidos en la convocatoria. Queda pues en la oscuridad cómo y con qué criterios valoraron los requisitos establecidos en el Código y la convocatoria.

Respecto de los 106 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa, el Comité Conciudadano observó que recibieron un trato diferenciado por parte de los cuatro grupos de diputados y diputadas encargados de entrevistarlos. En algunos casos fueron descorteses y agresivos con algunos de los y las postulantes. Asimismo fue notable la ausencia de diputados y diputadas en las rondas finales donde en varios casos las entrevistas se llevaron a cabo con la presencia de sólo dos legisladores. Por ello no todas las calificaciones resultaron consistentes con respecto de la percepción pública y comprobable del nivel de conocimiento, experiencia, independencia y calidad moral de varios de los candidatos y candidatas entrevistados.

El procedimiento de evaluación de los aspirantes se fue deteriorando y en las dos fases principales del mismo, fueron los candidatos que se registraron el último día de la convocatoria, los que resultaron más afectados por la falta de uniformidad y responsabilidad en la aplicación de los criterios de selección.

Con todo ello y a pesar del número y calidad de los ciudadanos que se inscribieron y que demostraron plenamente que en todo el país existen muchas personas con la capacidad, la calidad moral y el conocimiento para ejercer la función de la más alta autoridad electoral, el comportamiento de los partidos políticos representados en el Congreso, redujo sensiblemente las posibilidades de contar con varios candidatos viables para la selección final.

El CCRE considera lo ocurrido como una violación a los derechos de los ciudadanos que decidieron participar en este proceso.

Existe el riesgo de que la selección final privilegie candidatos incondicionales a los partidos políticos, por sobre candidatos independientes, imparciales y reconocidos.

Dada la poca certeza de la calidad de las calificaciones asignadas a los aspirantes, vemos riesgosa la propuesta de utilizar un procedimiento de insaculación entre los 39 candidatos y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.

El Comité Conciudadano ve con suma preocupación la evidente violación a la Constitución resultante de haber pospuesto la selección de los tres nuevos consejeros que serían nombrados a partir del 14 de diciembre, así como a los consejeros que junto el entonces presidente del Consejo, saldrían del mismo.

Hace un llamado a los diputados y diputadas para que resuelvan cuanto antes la crisis constitucional en la que nos encontramos. Asimismo, exhortamos al Consejero Presidente Provisional y a los Consejeros Electorales para que reconsideren seriamente su permanencia en el Consejo General del IFE.

El Comité considera que entre los ciudadanos y ciudadanas que se registraron como candidatos para ocupar las posiciones de consejeros del IFE, existe una buen número de personas que cuentan con una trayectoria profesional con pruebas de conducta ética, probidad, imparcialidad y apego a la ley, además de una sólida experiencia y conocimiento en materia electoral e independencia respecto de los partidos políticos y de otros grupos que detentan y buscan el poder en nuestro país.

Oportunidad histórica única para elegir consejeros electorales confiables

Consideramos que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, tienen una oportunidad histórica única en la elección de los nuevos y nuevas integrantes del Consejo General del IFE para reponer la confianza perdida en la autoridad electoral y garantizar que los procesos electorales sean equitativos y exista certeza, imparcialidad y confianza de que el voto de los ciudadanos se contará y se contará bien.

Requerimos de un Consejo Electoral formado por personas con calidad moral demostrada, reconocimiento público por su trayectoria profesional y ciudadana, compromiso con la democracia y capacidad probada para enfrentar de manera imparcial y colocando el interés general por sobre los intereses particulares, los crecientes riesgos que observamos en los procesos electorales en el país.

Riesgos presentes en los procesos electorales

Si bien la reforma electoral reduce el peso de la intervención de las empresas de medios de comunicación en los procesos electorales, no avanzó en medidas que prevengan el uso de dinero público y privado o de amenazas de distinto tipo a los votantes para inducir su voto en favor de uno u otro candidato. Estamos seguros que un mayor volumen de recursos derivados de los grupos políticos y de los intereses fácticos se destinarán en el futuro hacia la compra y coacción del voto ciudadano ante la gravedad de los niveles de desigualdad y ausencia de ciudadanía social que prevalecen en el país. El riesgo de utilización de los recursos y programas sociales con fines electorales se observa tanto al nivel federal, pero particularmente por parte de gobiernos estatales y municipales exentos de cualquier tipo de vigilancia y rendición de cuentas.

Como ocurrió recientemente en Tamaulipas y Michoacán la presencia del crimen organizado en el financiamiento de campañas, en el condicionamiento de candidatos e incluso, en el asesinato de aquellos que pretendan contender fuera de sus redes de dominio, es un fenómeno que amenaza a todo el sistema electoral del país.

La reforma tampoco previó mecanismos para evitar que los partidos y los intereses fácticos puedan penetrar y apoderarse de las estructuras de organización y capacitación electoral. Incluso algunos de los 39 candidatos que lograron pasar a la ronda final para consejeros electorales, tienen claros vínculos e incluso militancia en partidos políticos o están fuertemente relacionados con grupos políticos dentro de los partidos.

El CCRE detecta el riesgo creciente de que grupos de interés político, sindicatos, políticos locales, gobernadores y presidentes municipales inserten a sus representantes en los consejos locales y distritales, penetren las estructuras de organización y capacitación de los procesos electorales, coloquen funcionarios de casilla que respondan a sus intereses e incluso, entren al servicio profesional de carrera. Las sustituciones de funcionarios de casilla por la renuencia de la población a participar, son un mecanismo que facilita la incorporación interesada de representantes de esos poderes.

Enfrentar estas nuevas realidades demanda de un nuevo Consejo General con gran fuerza y calidad moral, en donde cada uno de sus integrantes tenga peso propio y no derivado de sus nexos con los grupos de poder y que en conjunto, tengan la capacidad de concitar el respaldo y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas, así como de los partidos políticos.

Sólo así los grupos parlamentarios contribuirán realmente a la reconstrucción de una institucionalidad electoral que nos permita confrontar la cultura del autoritarismo y la subordinación para avanzar en la efectiva realización de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas de México.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Rubén Alonso, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, José Bautista, Kristian Bernal, Miguel Bazdrech, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Alfredo Figueroa, María Fernanda Gálvez, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Gabriel Sánchez, Irma Eréndira Sandoval, Rodrigo Salazar, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís, Enrique Valencia, Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C, Incide Social, A.C., Matraca, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red por la Participación Ciudadana, A.C.

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Contacto de prensa: Sergio Leñero 5533-6475 y 76

2007-12-05T10:54:00.001-08:00

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la violación a derechos humanos de Lydia Cacho

"¡Simplemente no lo aceptamos!"

Las Organizaciones que formamos parte de la Campaña Contra la Explotación Sexual Infantil "¡Simplemente no lo aceptamos!" entregaremos a la SCJN firmas en repudio por la decisión de avalar la impunidad y la corrupción de Mario Marín y de la red de explotación sexual comercial infantil.

La cita es el próximo jueves 6 de diciembre a las 12 horas

frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pino Suárez # 2 Col. Centro.

¡Los esperamos!

Carlos Alberto Zetina Antonio

Tel. 5590 8754

ALERTA EL COMITÉ CONCIUDADANO SOBRE MANEJO OPACO DE LA REFORMA ELECTORAL

2007-11-27T15:38:00.000-08:00

El CCRE denuncia falta de transparencia en la reforma a las leyes secundarias
Se percibe la intención de los partidos políticos por controlar a la autoridad electoral y limitar su autonomía
Advierte el riesgo de omitir temas indispensables para concretar la reforma electoral.
Es necesario fortalecer a los consejos locales y distritales
Es preciso proteger a los programas sociales de cualquier intento de uso con fines electorales.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) expresa preocupación por la manera en la que se ha venido llevando a cabo la reforma a las leyes secundarias en materia electoral, una vez publicada la reforma constitucional en el Diario Oficial, el pasado 14 noviembre.

El Comité rechaza tajantemente la opacidad en estos procedimientos que deberían de llevarse a cabo de cara a la ciudadanía y con su participación, dando a conocer los avances en la redacción de las leyes secundarias, en especial del COFIPE.

Las discusiones en el seno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) se llevan a cabo con documentos que se han hecho del conocimiento de sus integrantes con muy poca anticipación y sobre los cuales se formulan observaciones por escrito, sin discutir ni ventilar los argumentos de cada una de las fuerzas políticas. En esta reforma deberían participar todos los grupos parlamentarios y la ciudadanía.

Esta opacidad propicia que solamente algunas personas y grupos de interés con acceso a los congresistas y representantes de los partidos políticos que realmente están diseñando la reforma, intervengan en el proceso de cambios legales y en la selección de los nuevos integrantes del Consejo General, para promover sus intereses personales y de grupo.

No existe certeza de que los documentos que se presentan a la comisión respectiva del CENCA donde participan representantes de los ocho partidos en el Congreso, sean los documentos que efectivamente está revisando el grupo de nueve representantes de los tres partidos grandes que acordaron la Reforma Constitucional en materia electoral.

De lo poco que se ha podido conocer sobre las propuestas de reforma a las leyes secundarias, el Comité Conciudadano encuentra preocupante la pretensión de modificar el funcionamiento colegiado y democrático del Consejo General del IFE, así como el intento de que los partidos políticos tengan una mayor intervención en la vida y decisiones del Instituto, lo que se suma a la designación de la contraloría del Instituto por el Congreso, a la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización y a la desaparición de la comisión respectiva del Consejo General.

El Comité considera que para lograr confiabilidad en la autoridad electoral, la tendencia debería ser el fortalecimiento de las facultades de los consejos locales y distritales, que es en realidad donde la elección se organiza y decide. Ejemplo de ello debe ser el otorgar facultades investigación y sanción a esos órganos, además de darles el carácter de permanencia, por lo menos de manera parcial.

Los consejos locales y distritales deben tener facultades, como órganos ciudadanos de dirección, de sancionar las conductas indebidas de los miembros del Servicio Profesional.

Si los legisladores no fortalecen las instancias de ciudadanas, la legitimidad misma de la reforma estará en riesgo y en ella se privilegiarán los intereses de los partidos y no la necesidad de contar con autoridades electorales más eficientes y confiables.

En cambio, en las reformas propuestas, el Comité detecta una clara intención de los partidos políticos por crear una estructura de acuerdo a sus necesidades de control, asignando a la nueva contraloría del IFE atribuciones y recursos que socavan sustancialmente la autonomía de la autoridad electoral, al pretender asignar al contralor funciones de vigilancia no sólo sobre el ejercicio de recursos sino de conductas y decisiones de los consejeros en el ejercicio de sus atribuciones. Resulta un precedente inaceptable que en el recientemente aprobado Presupuesto de Egresos se hayan etiquetado 100 millones de pesos para la Contraloría del IFE, lo cual vulnera la autonomía de un órgano de Estado. Con ello se asignan recursos para crear una estructura paralela en todo el país, que no esté bajo el control de los órganos ciudadanizados.

Las reformas al COFIPE son omisas respecto de prácticas de simulación que propicia la evaluación del servicio profesional electoral y no atiende a las grandes disparidades en retribuciones entre el Consejo General y sus asesores, la Secretaría y Direcciones Ejecutivas respecto de los consejos y vocalías locales y distritales y del personal administrativo y de campo.

La reforma propuesta no considera cambios indispensables en la estructura y organización del Instituto, que tomen en cuenta los aprendizajes sobre su funcionamiento a lo largo de más de diez años, tales como la fusión de las áreas de capacitación y organización electoral y el fortalecimiento del área de educación cívica.

Con relación al proceso de selección del Consejero Presidente y dos de los Consejeros Electorales, el Comité Conciudadano exhorta a los legisladores a que garanticen el contenido de la reforma constitucional que aprobaron en días pasados haciendo una amplia y efectiva consulta a la sociedad y no únicamente un procedimiento de simulación. Solicitamos que se transparenten y se hagan públicos los perfiles de los aspirantes, se someta a éstos al escrutinio público y se expresen con toda claridad los criterios de selección que las y los legisladores aplicarán en esta designación. Si no se lleva a cabo un genuino proceso de selección, se pondrán en entredicho otros avances alcanzados con la reforma constitucional.

El Comité Conciudadano demanda que se legisle en temas fundamentales para lograr procesos electorales más confiables, equitativos y eficientes. Destacan los siguientes aspectos:

La protección de los programas sociales. Es preciso regular la publicidad acerca de estos programas para evitar su uso con fines electorales y sancionar oportuna y contundentemente a los servidores públicos que los utilicen en forma facciosa. También es preciso hacer accesible la denuncia colectiva
La garantía de aleatoriedad para la selección de ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios de casilla; es indispensable asegurar asimismo que su capacitación sea de calidad para que puedan desempeñar mejor sus labores durante la jornada electoral.
El urgente y necesario el fortalecimiento de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral para hacer efectivas sus facultades de vigilancia y supervisión de todas las etapas de los procesos electorales.
El establecimiento en el COFIPE de un fondo para la observación electoral que pueda aplicarse a proyectos de observación a lo largo de cada proceso electoral y no sólo de las últimas etapas.
La fusión de las direcciones y vocalías ejecutivas de capacitación y de organización electoral para hacer más efectivo y eficiente el trabajo durante las elecciones.
La realización de las adecuaciones necesarias al Libro Sexto del COFIPE para hacer eficaz y reducir los costos que implica la organización del voto de los mexicanos en el extranjero.
La garantía de un sistema de justicia electoral más accesible a los ciudadanos y que proteja de manera efectiva sus derechos político electorales.
La protección efectiva de la intimidad de los ciudadanos frente al abuso de los nuevos medios de información y de la publicidad exterior con fines de propaganda electoral.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral insiste en que la confianza en las elecciones sólo se recuperará si se privilegia la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, por encima de los intereses de los partidos, de grupos y personas con acceso a las cúpulas de poder.

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Convocatoria para seleccionar al Consejero Presidente y a dos consejeros electorales

2007-11-22T08:37:00.000-08:00

El 20 de noviembre pasado se aprobó por el pleno de la Cámara de Diputados la convocatoria a los ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales y legales, propuestos por grupos de ciudadanos, organizaciones ciudadanas debidamente constituidas o por sí mismos, al proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y el procedimiento bajo el cual se llevará a cabo la selección.

Vínculo hacia la Página de la Cámara de Diputados para consultar la Convocatoria y los formatos necesarios para participar.

PROPONE EL COMITÉ CONCIUDADANO PERFIL PARA LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN

2007-10-17T13:27:00.000-07:00

También plantea los aspectos centrales de lo que debe ser la legislación secundaria en materia electoral

El CCRE propone un procedimiento transparente y abierto en todas y cada una de sus etapas

La o el Consejero Presidente del IFE deberá tener experiencia administrativa, académica u organizativa probada de por lo menos diez años en materias electorales, de partidos, educación cívica o participación ciudadana

La o los consejeros deberán contar con reconocimiento público de su trayectoria académica, profesional o civil a nivel nacional o regional

Deberán ser reconocidos por una conducta austera y responsable en el manejo de recursos públicos

No podrán ser candidatos los miembros del servicio profesional electoral, ni quien haya sido secretario ejecutivo o director ejecutivo en los cinco años anteriores

Tampoco podrán aspirar al cargo quienes hayan militado en partido político alguno en los últimos cinco años

La equidad de género debe ser un principio en la conformación de los órganos electorales

Es indispensable proteger los espacios de decisión de las autoridades ciudadanas dentro del IFE y fortalecer los consejos locales y distritales

El COFIPE requiere un capítulo sobre protección de programas sociales para que no sean empleados con fines electorales

El CCRE reitera que es preciso hacer accesible el sistema de justicia electoral a los ciudadanos

Descargar propuesta (PDF 87k)

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) propone una modificación sustancial al perfil y a los requisitos que establece la ley para ser Consejera (o) Presidente y/o Consejera (o) Electoral del Instituto Federal Electoral. Se requiere de un perfil que se apegue a los principios rectores del Instituto Federal Electoral y a valores democráticos como la tolerancia, el respeto, la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas.

Considera que la o el Consejero Presidente deberá contar con experiencia administrativa, académica u organizativa probada de por lo menos diez años en materias como legislación electoral y/o procesos electorales y/o partidos y organizaciones políticas y/o administración de procesos complejos o de organización de participación masiva y/o educación cívica y fomento y/o análisis de cultura democrática;

También es necesario que haya ocupado cargos de alta responsabilidad durante su experiencia profesional y que cuente con capacidades probadas para diálogo, resolución de situaciones críticas, diseño estratégico y comunicación pública.

En cuanto a los requisitos legales para las y los consejeros electorales, el CCRE solicita al Congreso de la Unión que sea un requisito no haber militado en partido político alguno en los últimos cinco años.

Estima necesario que se incluya como requisito legal no haber sido miembro del servicio profesional electoral, ni secretario (a) ejecutivo, ni director (a) ejecutivo de organismo electoral alguno en los cinco años anteriores a su designación.

El Comité considera indispensable que las y los Consejeros Electorales cuenten con reconocimiento público de su trayectoria académica, profesional o civil a nivel nacional o regional; incluyendo una trayectoria ética probada.

En cuanto al procedimiento para elegirlos, el Comité Conciudadano propone que se incluya en la ley un procedimiento efectivo, abierto y transparente en cada una de sus etapas para realizar la “amplia consulta a la sociedad” que, de acuerdo con la reforma constitucional, deberá realizarse para que los grupos parlamentarios propongan a la Cámara de Diputados candidatos a ocupar los puestos vacantes en el Consejo General del IFE.

El CCRE considera que la Cámara de Diputados deberá emitir una convocatoria pública única, ampliamente difundida, con al menos 60 días de anticipación a la fecha de elección de las y los consejeros. Sugiere un plazo de quince días para la presentación de candidatos y candidatas por parte de organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, así como instituciones académicas.

Una vez recibidas las propuestas de candidatos y candidatas, la Cámara de Diputados deberá hacer pública la lista de todos ellos y procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos que establecen la ley y la Constitución.

Después de la verificación del cumplimiento de requisitos, la Cámara de Diputados publicará la lista de aspirantes. El CCRE propone que se forme una Comisión multipartidista para realizar una segunda calificación de candidatos y así depurar la lista mediante entrevistas “de verificación de información”. También deberá hacer pública la lista de los aspirantes que se mantengan después de esta etapa.

Una vez realizado lo anterior, el Comité recomienda que la Cámara de Diputados abra un periodo de diez días para que cualquier ciudadano o ciudadana de modo fundado y motivado, señale objeciones del no cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos previstos en la Ley; el órgano legislativo deberá dar vista al señalado o señalada para que manifieste lo que a su derecho convenga.

De la lista de aspirantes que pasen las tres etapas anteriores, cada grupo parlamentario seleccionará dos candidatos por cada posición vacante de consejero y hará públicas las razones y el mecanismo utilizado para llegar a sus propuestas. Los legisladores podrán realizar entrevistas a los postulantes para seleccionar. En este proceso deberá participar todo el grupo parlamentario.

El CCRE solicita que los candidatos resultantes de las postulaciones de cada fracción parlamentaria se den a conocer públicamente.

La Comisión multipartidista deberá realizar entrevistas a profundidad de manera pública a los aspirantes seleccionados

Los candidatos y candidatas que superen las etapas mencionadas deberán ser sometidos a la votación de la Cámara de Diputados, y serán elegidos con el voto de las dos terceras partes de la Cámara.

Por esta única ocasión, el Comité Conciudadano pide al Congreso de la Unión compactar proporcionalmente los tiempos propuestos para cumplir con el plazo de 30 días que se estableció en los transitorios de la reforma constitucional para llenar las vacantes que se generarán en el Consejo General del IFE.

Para el CCRE es indispensable que la ley adopte las recomendaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para incorporar a mujeres como consejeras en todos los niveles extendiendo la equidad de género en la integración de los órganos electorales, desde los funcionarios de casilla, hasta la conformación del Tribunal Federal Electoral.

También considera necesario asignar recursos para la capacitación política y el empoderamiento de las mujeres dentro de los partidos, e incorporar en el COFIPE y en los códigos electorales locales una cuota para la representación de mujeres indígenas y promover la inclusión de la cuota de género en todos los códigos electorales.

La equidad de género y la incorporación de la diversidad social en la constitución de los consejos ciudadanos de los órganos electorales y en las candidaturas de los partidos, es un tema que deberá incorporarse con toda claridad en la reforma legislativa.

Por otro lado, el CCRE manifiesta su preocupación porque se mantengan e incluso fortalezcan en las leyes secundarias las instancias ciudadanas dentro del Instituto Federal Electoral por ser pieza clave de la confianza que esta institución genera en la sociedad civil.

El Comité Conciudadano considera indispensable que tanto el Consejo General, como los Consejos Locales y Distritales del IFE, cuenten con mecanismos deliberativos efectivos para poder tomar decisiones. Por lo tanto, subraya que las comisiones permanentes de consejeros son indispensables para el adecuado funcionamiento del IFE, en especial en temas como organización y capacitación electoral, fiscalización, registro federal de electores y servicio profesional electoral.

Para el CCRE es necesaria una presencia permanente de Consejeros Electorales en los niveles locales y distritales previendo su sustitución escalonada periódica, con la finalidad de involucrarse en los trabajos de educación cívica, evaluaciones al servicio profesional y correcciones a las etapas y procedimientos tanto en proceso electoral como en las transcurren entre procesos. La presencia de los consejeros en los estados y distritos del país no debe darse únicamente durante los procesos electorales, como se realiza actualmente, sino también en las actividades cotidianas del IFE. Resulta indispensable dotarlos de condiciones que les permitan involucrarse y conocer mejor el trabajo cotidiano del IFE y vigilar situaciones que pudieran afectar la calidad de los procesos electorales en épocas no electorales.

Muchas de las nuevas tareas del IFE habrán de suponer un trabajo permanente de los órganos ciudadanos locales y distritales, que permita ofrecer garantías y estabilidad democrática por periodos prolongados. Asimismo, su presencia permanente facilitaría la organización de elecciones locales cuando así lo acuerden las autoridades estatales con el IFE.

Resulta necesario que se establezca en la ley un procedimiento efectivo y ágil de aplicación de sanciones que garantice el cumplimiento de las nuevas prohibiciones establecidas en la Constitución. Los Consejos del IFE deben tener las facultades necesarias para imponer sanciones por la violación a disposiciones electorales a personas físicas o morales, nacionales y/o extranjeras y/o funcionarios públicos que infrinjan las leyes electorales.

Otro tema prioritario para el Comité Conciudadano es incorporar en el COFIPE y otras leyes las previsiones necesarias para proteger los programas sociales de su probable uso con propósitos electorales y de proselitismo. Esta protección deberá extenderse tanto a los programas federales, como a los estatales y municipales y definir los delitos en que se incurra y las sanciones que ameritan.

Para el Comité Conciudadano es inaceptable que los programas para el desarrollo social se conviertan en mecanismos de promoción electoral de funcionarios y agentes locales o de los gobiernos que los llevan a cabo, situación que ocurre en gobiernos de todos los partidos. Resulta moralmente inaceptable el condicionamiento o la presión a los titulares de estos beneficios con fines electorales. El Comité hace un llamado a los legisladores para que se incorporen en la ley las recomendaciones que al respecto derivaron de los trabajos del Alto Consejo para la Protección de los Programas Sociales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México en 2006.

Un tema prioritario para el Comité Conciudadano es hacer más accesible el sistema de justicia electoral para dar efectiva protección a los derechos políticos de ciudadanos. Para ello, se ha elaborado una propuesta detallada que se basa en la oralización de los procedimientos para hacerlos más sencillos y rápidos.

Para el CCRE resulta indispensable que los nombramientos de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se lleven a cabo con procedimientos transparentes y de cara a los ciudadanos. Ello con relación a los magistrados que serán sustituidos al implementarse el escalonamiento que ahora exige la reforma constitucional.

El Comité considera que las propuestas para ocupar los cargos de magistrados deben surgir de la Suprema Corte de Justicia, de instituciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil. Los aspirantes deberán contar con una sólida experiencia académica y profesional en derecho público.

Para el Comité Conciudadano es muy importante que las causales específicas para la nulidad de una elección que se incluyan en la ley sean las necesarias para evitar efectivamente la intervención de actores externos o de poderes fácticos en los procesos electorales. Asimismo considera necesario que se recoja en la ley la obligatoriedad para realizar recuentos en elecciones cerradas para tener una certeza absoluta de los resultados.

Se debe reconocer al ciudadano el interés legítimo en el sistema de justicia para combatir los actos jurídico-electorales que desde su punto de vista, vulneren el marco constitucional y legal que regula las elecciones en México. Considera importante que cualquier ciudadano pueda combatir los actos emitidos por los órganos de los partidos políticos o del IFE que en su opinión vulneren sus derechos a votar o ser votado.

Igualmente necesario resulta que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales cuente con autonomía respecto del Poder Ejecutivo y con mejores instrumentos legales para cumplir de manera efectiva con sus obligaciones como son la redefinición de los delitos electorales en el Código Penal, la inclusión de los mismos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y una capacidad real para recoger las denuncias en todo el territorio nacional.

El Comité Conciudadano manifiesta su interés por trabajar con las diferentes fuerzas políticas para defender los derechos de las y los ciudadanos como eje de la reforma electoral, y reitera la exigencia para que el Congreso de la Unión establezca diálogo con la sociedad civil y escuche las voces de ciudadanos y ciudadanas independientes de los partidos políticos, en este proceso de reforma electoral.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Rubén Alonso, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Bazdrech, Kristian Bernal, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Alfredo Figueroa, María Fernanda Gálvez, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Gabriel Sánchez, Irma Eréndira Sandoval, Rodrigo Salazar, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís, Enrique Valencia, Elio Villaseñor.

Nuestras propuestas se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: www.comiteconciudadano.blogspot.com

Contacto de prensa: Sergio Leñero Tels. 5533-6475 y 76

comiteconciudadano@gmail.com

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El Organismo Electoral Mexicano y sus Transformaciones, por Jorge Alonso

2007-10-02T18:32:00.000-07:00

Este trabajo hace un recorrido por las diversas modalidades que ha tenido el organismo encargado de organizar las elecciones después de la Revolución Mexicana. Se presentan los problemas del Instituto Federal Electoral responsable de las elecciones presidenciales de 2006, sus cuestionamientos y las diversas posiciones en torno a una nueva reforma electoral y remoción del Consejo General del IFE.

Jorge Alonso es Doctor en Antropología, Investigador en el CIESAS, Consejero Local del IFE en Jalisco.

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Pronunciamiento

2007-09-21T10:20:00.000-07:00

Rechazo a las presiones de los empresarios

de la radio y televisión

Avancemos en la reforma electoral y en la de medios de comunicación

Ciudadanas, ciudadanos y organizaciones civiles

A la Opinión Pública:

· Reconocemos los avances en la reforma electoral para cambiar la relación entre medios, dinero y partidos.

· Rechazamos las campañas agresivas y difamatorias de las empresas de radio y televisión en contra del Congreso.

· Proponemos profundizar las reformas en materia electoral y de radio, televisión y telecomunicaciones para avanzar en la democracia.

· Pugnamos por un nuevo modelo de relación y comunicación entre los poderes constitucionales y la ciudadanía.

Un grupo de ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones, reconocemos que en los recientes cambios constitucionales aprobados por el Congreso en materia electoral, existen avances importantes para evitar el desproporcionado gasto en publicidad de las campañas electorales.

Consideramos un acierto la decisión de que la difusión de las campañas se realice sólo en los tiempos oficiales, que se prohíba la compra por terceros de tiempos para campañas políticas y se legisle para despersonalizar la publicidad que realizan los funcionarios y servidores públicos con recursos del presupuesto.

La reforma electoral propuesta contiene un nuevo modelo de relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación electrónicos. El punto fundamental de esta reforma, es la prohibición total para adquirir tiempo en radio y televisión para fines de propaganda electoral. Esta prohibición no afecta la libertad de expresión, ya que esa libertad no depende de comprar espacios en los medios de comunicación, ni se garantiza por no comprarlos.

El reto en materia de libertad de expresión, consiste en generar las condiciones de acceso y las garantías para la participación en los medios de comunicación de las diversas voces y los diferentes actores políticos y sociales, el apoyo al florecimiento de radios comunitarias y de medios públicos y la transparencia y equidad en el otorgamiento de concesiones, situaciones actualmente deficitaria por la elevada concentración de las concesiones de radio y televisión.

Nos preocupa y no estamos de acuerdo con la campaña de descalificación al trabajo del Congreso, desatada por los empresarios de la radio y la televisión. Se trata de una campaña que falta a la verdad, que alienta el conflicto, que pretende generar temor, que poco contribuye a la creación de espacios de diálogo para avanzar en la democracia y en nada ayuda a generar confianza.

Reconocemos que los cambios constitucionales en materia electoral y la necesidad de modificar la legislación en materia de radio y televisión ofrecen en la legislación secundaria una oportunidad para profundizar la Reforma del Estado en estas materias y quisiéramos que en ella se incluyeran disposiciones precisas y contundentes sobre:

· La participación ciudadana en el proceso de selección de las y los nuevos consejeros electorales, de los o las responsables de la contraloría del IFE y del órgano de fiscalización de los partidos, de las y los magistrados del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a efecto de salvaguardar el carácter ciudadano y la autonomía de las autoridades electorales,

· La participación equitativa y paritaria entre hombres y mujeres,

· La reducción al 50% de los gastos en materia electoral, tanto por una disminución real a los presupuestos de los partidos como por cambios en la organización y administración de las instituciones que ejercen la autoridad electoral.

· El sujetar a los partidos políticos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a al Información.

· El hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos y a los militantes de los partidos.

· El avanzar en la democratización del acceso a concesiones y permisos en los medios de comunicación electrónica

Los y las firmantes quisiéramos encontrar en el Poder Legislativo - uno de los tres poderes constitucionales- un compromiso con la participación, el diálogo y la construcción de consensos entre la diversidad y pluralidad de actores sociales, políticos y económicos, con miras al fortalecimiento de la democracia mexicana.

Organizaciones

Comité Conciudadano para la Reforma Electoral,

Mesa Ciudadana de Medios

Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Artículo 19 Sección México, Incide Social A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C., Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comunicación Comunitaria A.C., Comunicación e Información para la Mujer A.C. CIMAC, Servicios para la Educación Alternativa - EDUCA-Oaxaca, Fomento Cultural y Educativo A.C., Alianza Cívica A.C., Infancia Común A.C., Red por los Derechos de la Infancia en México, Presencia Ciudadana Mexicana A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. Enlace y Comunicación A.C., Red por la Participación Ciudadana A.C. (Chihuahua), Asociación de Abogadas Chihuahuenses A.C, Enlace y Comunicación A.C, Chan Tza Can S.S.S. (Yucatán), Coorindación Nacional de Mujeres de Organizaciones Civiles "Por un Milenio Feminista", CEP- Parras (Coahuila), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), DECA Equipo Pueblo A.C., Servicios para la Paz A.C. SERAPAZ, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de la UNAM, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (Mexicali, BC), Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C., Desarrollo Comunitario y Cultural Ma nguhe, A. C., Revista Zócalo, Revista La Guillotina, Revista Generación, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, La Forja - Tasqueña, Frente Cívico Taxco, Comité Ciudadano de Ixtapan de la Sal, Red Ciudadana de Puebla, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) , ADIVAC, Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular, A. C. (PRODUSSEP), Cauce Ciudadano A.C , Comité Cerezo México, Dinamismo Juvenil A.C., Alianza Cívica - Chiapas (Chiapas), Católicas por el Derechos a Decidir A.C., Centro de Atención a la Mujer A.C. Chihuahua (Chihuahua) Centro de Economía Social Julián Garcés, A.C. (Tlaxcala), Empresarios de los Medios de Comunicación, Fundación Vision Mexico 2020 A.C.Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos:"Todos los Derechos para Todos y Todas": Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (Distrito Federal), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jalisco), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C.(Jacala, Hidalgo.), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlaxcala.), Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.), Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas), Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV)(Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH)(Distrito Federal) Centro de Derechos Humanos "Don Sergio" (Jiutepec, Morelos),Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova". A.C. (Tapachula,Chiapas), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.), Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.), Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C., (Tehuantepec, Oax), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Guanajuato.), Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", A. C. (Oaxaca, Oaxaca.), Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chiapas), Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.(Reynosa, Tamaulipas.), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jalisco), Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C. (Saltillo, Coahuila), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Guerrero), Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", A. C. (Oaxaca, Oaxaca), Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yucatán), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coahuila), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, Nuevo León), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C., (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas),Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Cayuca de Benítez, Guerrero.), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Puebla.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chihuahua.), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Morelos),Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal), Comisión Parroquial de Derechos Humanos "Martín de Tours", A.C. (Texmelucan, Puebla), Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oaxaca.), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), (Palenque, Chiapas), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal) Comité de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chiapas.), Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Guerrero), Comité de Derechos Humanos "Sierra Norte de Veracruz", AC., (Huayacocotla, Veracruz), Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Colima.),Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tabasco), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tabasco), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Guanajuato), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hidalgo), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C. Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.), Foro de Jóvenes con Liderazgo A. C,Infancia Común A.C, Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yucatán.), Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Guerrero.), Inglobal A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jalisco), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jalisco.), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Puebla), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Guanajuato), Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, San Luis Potosí.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tabasco), No Grupo (Jalisco)

Ciudadanos y Ciudadanas

Alma Rosa Alba de la Selva, Sergio Aguayo, Hugo Almada, Jorge Alonso, Silvia Alonso, Miguel Álvarez, John Ackerman, Ana María Argüelles, Juan Carlos Arjona Estévez, Rodrigo Ayala, Alberto Aziz Nassif, Miguel Bazdresch Parada, Laura Becerra, Selma Beraud, Kristian Bernal Moreno , Mario Bladimir Monroy Gómez, Carlota Botey, Laura Breña, Jaime Brito, Norma Bustamante Martínez, Aleída Calleja, Norma Castañeda Bustamante, Oscar Castro Soto, Alfonso Celestino Pérez, Guadalupe Cortes, J. Dionisio B. Cordova Tello, Yolanda Elia Calles, Susana Cruickshank, Carlos Cruz, Federico Campbell, Antonio Castañeda de Luna, Jaime Cuevas Mendoza , Gabriel Delgado, Alejandra Ezeta, Guillermo Fadanelli, Denise Dresser, Alfredo Figueroa, Felipe Fulop, Jesús Cantú, Sergio Cobo, Miguel Concha Malo, Héctor García, Magdalena García, Sergio García, Carlos Martínez Renteria, Karla Gónzalez, Martha Delia González Aguilar, Miriam Gomezcésar, Carolina Grajales Valdespino, Miguel Ángel Granados Chapa, Témoris Grecko Berumen, Aidé García, Paulina Gutiérrez Jiménez, José Luis Gutiérrez Román, Alicia Ibarguengoitia, Cuauhtémoc López, Marusia López, Carlos Heredia, Octavio Hernández Lara, María Teresa Jardí Alonso, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva Madrid, Sergio López Menédez, María López de la Rica, Irma Rosa Martinez, Paulina Mancebo Padilla, Andrea Márquez, Cristina Martín, José Manjarrez Medina, Rocío Mejía, Oscar Menendez, Delfina Montaño, Consuelo Morales, Maricarmen Morales, Mara Muñoz, Sara Murua, Rosario Novoa Peniche, Josefina Pataky, Miguel Ángel Paz, Carlos Pérez, Enrique Pérez, Ivette Pérez Medina, Laura Elisa Pérez, David Peña Rodríguez, Gerardo Pimentel , Luis Pineda, Felipe Posadas, Raúl Ramírez Baena, Gloria Ramírez, Nashieli Ramírez, Darío Ramírez Salazar, Héctor Ramos Aguilar, Leonel Rivero, Rosa María Ruvalcaba, Ana Saiz, Armando Salgado, Arturo Saucedo, José Guadalupe Sánchez, Gabriel Sánchez Díaz, Miguel Sarre, Irma Eréndira Sandoval, Brisa Solis, Víctor Suárez Carrera, Alma Soto, Maria Vallarta Vázquez, Juan Antonio Vega Báez, Elsa Villalpando, Jenaro Villamil, Alfredo Zepeda, Teresa Zepeda Torres, Carlos Zetina, Verónica Stern, Francisco R. Dávila, Ivabelle Arroyo, Isabel Sepúlveda, Augusto Chacón, Enrique Valencia, Joaquín Osorio, José Bautista, Rubén Alonso, Jaime Preciado.

Claves para mirar la reforma electoral, por Alfredo Figueroa

2007-09-17T19:02:00.000-07:00

Las últimas semanas hemos vivido con intensidad la discusión en torno a la reforma electoral, que, como parte de la Reforma del Estado, ha venido a terminar con una sequía de más de once años en torno a las posibilidades sustantivas de modificar las reglas de la competencia política en México.

Sobre sus antecedentes y actuales controversias tratan estas líneas, cuyo propósito no es abonar en la construcción de una supremacía teórica o ideológica, entre otras cosas, porque existen buenas razones para afirmar que vivimos una pluralidad de modelos y orientaciones democráticas y porque rechazo la tentación de analizarle con fórmulas ideales del deber ser que se legitiman autoreferencialmente. En realidad, escribo desde la mirada que se construye a partir de la experiencia de quien ha participado en organizaciones civiles, instituciones electorales y ámbitos propiamente académicos, para pensar en el actual contexto los avances y retrocesos que se advierten en las modificaciones constitucionales que ha supuesto la reforma aprobada por el Senado de la República.

Antecedentes de la ciudadanización

La crisis política derivada de las elecciones de 1988 motivó el surgimiento de diversos grupos y organizaciones que pusieron en escena su interés político porque México transitara hacia un régimen democrático; esta postura resultante del fin del modelo de partido único propició también que dentro de las élites políticas se transitara de un discurso nacionalista y revolucionario a uno entonces pretendidamente moderno y democrático. Los acontecimientos sucedidos en el mundo, dividido entre fuerzas aparentemente contradictorias -cuyo símbolo es la caída del Muro de Berlín- situaron a México bajo la exigencia internacional, política y económica, de experimentar transformaciones en estos ámbitos. Nacieron así movimientos ciudadanos cuyo propósito era, entre otras cosas, la observación de procesos electorales y cuya expresión más acabada ocurrió en el proceso electoral del 21 de agosto de 1994.

La demanda sustantiva de aquellos grupos era la búsqueda de autonomía e independencia, que podía ser garantizada sólo a merced de la ciudadanización de los órganos electorales. El nacimiento del Instituto Federal Electoral fue producto, entre muchos otros factores, de identificar confianza institucional, legalidad y legitimidad democrática con grado de ciudadanización. La ciudadanización de los organismos electorales locales y federales fue y sigue siendo un proceso lento y dispar a lo largo del país, pero al menos desde su dimensión discursiva, tanto quienes se organizaban para hacer que México transitara a un régimen democrático, como aquellos que gobernaban producto de un sistema no democrático, asumieron el término de ciudadanización y un debate en torno a su contenido como una fuente de legitimidad pública y política. No debe pues identificarse ciudadanización con un movimiento generalizado de la sociedad mexicana, sino como un movimiento que incorporó actores políticos gubernamentales y no gubernamentales en el proceso de transformación democrática.

A partir de la reforma de 1996 se diseñó una institución que tuviese esencialmente dos grandes dimensiones: órganos directivos conformados por ciudadanos con independencia política de los partidos y del gobierno, y un órgano ejecutivo heredado del viejo régimen, cuya promesa de cambio estaba ligada a un proceso de profesionalización de servidores públicos.

El trasfondo del diseño aludido en torno al IFE, nace de la desconfianza que, por buenas razones, se tenía en la organización de las elecciones; así, buena parte de las prácticas institucionales que se desarrollaron tuvieron como eje la construcción de candados que impidiesen la manipulación de los resultados electorales: un padrón electoral con fotografía, estrategias de capacitación electoral que privilegiasen el azar en la selección de funcionarios de casilla, determinaciones electorales administrativas revisadas por ámbitos jurisdiccionales construidos para este propósito, y boletas electorales llenas de mecanismos que impidiesen su falsificación, entre muchos otros.

En la reforma de 1996 se produjo un consenso político entre intereses antagónicos que supuso, de tal modo, una institución electoral constitutivamente antagónica. El IFE fue la síntesis de contradicciones políticas, pero también una manera de procesarlas y resolverlas.

Cuando hablamos de una reforma electoral de tercera generación, de cara a la actual discusión, tenemos que ubicar la primera generación en el surgimiento del IFE en 1990 y la segunda en la aludida reforma de 1996, ambas enmarcadas por el nacimiento de la ciudadanización y la autonomía como fuentes del desarrollo institucional.

2007, el año de la reforma

Hasta ahora conocemos las modificaciones expresadas en una reforma electoral sólo a nivel constitucional. Desde las reformas hechas por el Senado a nueve artículos de la Carta Magna, es posible reconocer las orientaciones que la reforma implicará. Debe decirse que se trata apenas del principio, porque falta aún que sea aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de las legislaturas locales; y además, porque al estar la Constitución por encima de cualquier otra norma en México, de concretarse los cambios constitucionales deberán modificarse leyes, códigos y muy probablemente crearse nuevos cuerpos normativos y reglamentarios. Sólo entonces la reforma habrá concluido.

Antes de entrar al análisis puntual de los aspectos más relevantes de la reforma, cabe hacer una pregunta en apariencia inocente: ¿por qué existen hoy las condiciones que hacen posible la discusión sobre los grandes temas de reforma electoral en nuestro país? Se puede responder que se trata de unas reglas del juego absolutamente rebasadas por la realidad política y la competencia electoral, que trajo como consecuencia la crisis que las instituciones, el Estado mismo y la sociedad en su conjunto experimentaron en el proceso electoral 2005-2006.

Desde diversos espacios ciudadanos y prácticamente desde la conclusión del proceso electoral del 2000, muchas organizaciones, consejeros electorales locales y distritales, así como diversos trabajos de investigación, documentaron la necesidad de entrar a una discusión profunda en torno a la pertinencia de reformar la legislación en materia electoral, a lo que los partidos políticos, las instituciones del Estado y sus élites, incluido el entonces Consejo General del IFE, ofrecieron por respuesta que: seguramente había que hacer algunas adecuaciones que perfeccionaran una institución que había dado clara muestra de su capacidad para garantizar condiciones democráticas en la competencia política, pero que la alternancia en el poder Ejecutivo Federal, la ausencia de recursos de impugnación de los resultados electorales, e incluso el IFE tomado como modelo internacional en la organización de procesos electorales, producían una evidencia incombatible de su eficacia.

Al margen quedaron argumentos como las evidentes fallas en la estructura del servicio profesional electoral documentadas ampliamente, la intervención de dinero no fiscalizable en los procesos electorales, la presión política ejercida desde los poderes locales contra de las autoridades electorales, y el enorme esfuerzo invisible de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, cuya responsabilidad hizo posible los resultados electorales del año 2000, no al amparo de una legislación sólida, sino a pesar de claras insuficiencias en materia reglamentaria y normativa.

Las elecciones intermedias de 2003 y muchas experiencias electorales estatales volvieron a poner en evidencia un sistema electoral rebasado; por si esto fuera poco, los diputados no sólo dejaron intocada la Constitución y el Cofipe, sino que respondieron con el nombramiento de un consejo general que no fue producto de un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, y que, además, bajo el argumento de que el IFE era una institución consolidada, no puso especial énfasis en la experiencia de quienes asumían el cargo del máximo órgano de dirección del Instituto. Las principales fuerzas políticas no advirtieron las consecuencias de su decisión y de su incapacidad por llegar a acuerdos fundamentales para la gobernabilidad.

Aún cuando comparto algunas de las críticas que se formulan en torno al actual consejo general, pienso que las élites de los partidos políticos son, en muchos casos, altamente corresponsables de las deficiencias e insuficiencias que experimentamos en la elección anterior.

Sin esta larga aclaración, es difícil entender una propuesta ciudadana de reforma electoral como la formulada por el Comité Conciudadano y las orientaciones y contrastes que un planteamiento como éste tiene, tanto para quienes están en favor de la reforma, como para aquéllos que la descalifican.

Desde la perspectiva ciudadana
tenemos que celebrar ampliamente que exista siquiera la disposición para discutir un problema acallado y silenciado, porque contra lo que se piense, no ha sido parte importante de la agenda de partidos, gobiernos, medios y otros actores y poderes de facto en México desde hace un periodo importante de tiempo. Esta "democracia" adquirida por declaraciones sucesivas y enfáticas, no nos había dado la posibilidad de discutir con seriedad sus reglas.
La intervención del dinero

El elemento más importante de la reforma electoral está, sin duda, en la regulación de los medios de comunicación y de aquellos que gracias al poder económico pueden acceder a ellos. La prohibición expresa respecto a la intervención indebida de terceros, tanto de carácter público como privado, en la contienda, favoreciendo y perjudicando a los competidores, junto con la prohibición de hacer uso de tiempos comerciales para las campañas electorales, es un logro fundamental para el desarrollo democrático, porque atiende en parte uno de los problemas más importantes que hemos experimentado en los últimos años: el condicionamiento de los poderes públicos por élites económicas.

Dos aspectos adicionales quedan, sin embargo, marginados de modificaciones importantes en este mismo sentido, el primero tiene que ver con la poca significativa reducción del financiamiento público. Si bien es cierto que hay una importante reducción del financiamiento privado en las campañas electorales, que se han disminuido los tiempos de campaña y regulado las precampañas, lo cierto es que seguiremos destinando un alto presupuesto público para los partidos políticos, tanto en su vida ordinaria, como en las contiendas.

La reducción con la nueva fórmula constitucionalizada de determinar el presupuesto público a los partido políticos, sin considerar gastos especiales sino simplemente dos componentes de éste, esto es, financiamiento ordinario y de campaña, respecto de la fórmula actual de calcular el financiamiento público en estos dos rubros, generará un ahorro de apenas el 11 por ciento en el periodo 2008-2018 tomando como base las proyecciones más conservadoras, lo cual está lejos de satisfacer uno de los reclamos mas claros de la sociedad en su conjunto.

Otra dimensión relativa al tema dinero/elecciones, que constituye el retroceso más importante en esta materia, es la creación de un órgano técnico con autonomía de gestión al interior del IFE, que si bien plantea la eliminación del secreto bancario, fiscal y fiduciario para los procesos de fiscalización de los recursos otorgados a partidos políticos, transforma un órgano colegiado, con la presencia del órgano ciudadanizado del Consejo General -como es la Comisión de Fiscalización-, para volverle un órgano unipersonal y sin la presencia en la conducción de las investigaciones y del procedimiento de representantes del máximo órgano de dirección del IFE, que queda ciertamente como el órgano resolutor, pero que ya no forma parte procesal de la fiscalización. Esta es quizá, junto con la elevación a rango constitucional de que las autoridades electorales sólo podrán intervenir en la vida de los partidos en aquello que señalen expresamente las leyes, el elemento que provoca una de las mayores preocupaciones de la reforma, toda vez que favorece la opacidad en torno a los partidos políticos, ya que abre la puerta a posibles actos de impunidad en su vida interna, particularmente entre la militancia y la dirigencia.

El nuevo diseño institucional

El primer gran dilema que se formuló desde la perspectiva ciudadana en torno al IFE, y me refiero a la propuesta del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, fue plantear un nuevo diseño institucional a partir de la transformación de un órgano federal en un órgano nacional que se encargase de la organización de procesos electorales locales y federales. Las razones para rediseñar en estos términos la autoridad administrativa electoral estaban ligadas a reducir el costo de las burocracias electorales, dar integralidad al proceso de fiscalización, pero, particularmente, lograr que los poderes formales y fácticos en los estados de la República, no secuestrasen la independencia y autonomía de las autoridades electorales como lamentablemente ocurre en muchas entidades. La reforma plantea como posibilidad expresa el que el IFE se encargue, a petición de las autoridades en los estados, de organizar las elecciones; en este sentido existe sin duda un avance, pero no de la magnitud que requiere el sistema electoral mexicano.

La elección escalonada del máximo órgano de dirección del IFE constituye, a juicio de casi todos, un avance importante junto con la ampliación de un periodo de nueve años del mandato constitucional para ser consejero electoral. En los hechos, la salida de los actuales consejeros electorales se volvió uno de los aspectos más complejos a negociar entre las fuerzas políticas, particularmente por el discurso público asumido por el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que con el apoyo de algunos medios electrónicos logró posicionar la idea de que su salida representaba un golpe para la autonomía del Instituto, lo que constituye desde mi perspectiva un falso debate. Sin duda, la necesidad y la crisis política que México ha experimentado en materia electoral exceden con creces la relevancia de la permanencia o no, los aciertos o no, del consejero presidente del IFE, no abundo por ello en un debate que considero insustancial y en algún grado absurdo; sólo dejo dicho, en torno a lo expresado por otros analistas, que esta determinación no "ensombrece" la reforma.

Lo verdaderamente importante en este sentido, y que es condición para considerar un avance la reforma electoral, es la modificación del procedimiento por el cual se eligen a los consejeros electorales del consejo general. Si este procedimiento no se modifica para volverse público, transparente, con la intervención de organismos civiles, ciudadanos e instituciones académicas; si no se incorporan elementos como la entrevista y la comparecencia pública de quienes aspiren a este cargo, mantenemos el riesgo de que la conformación del máximo órgano de dirección del IFE se partidice, o que por lo menos se ponga en entredicho, por buenas razones, su independencia. Si este procedimiento no se hace de cara a la sociedad, mantendremos los riesgos y la tentación de controlar el instituto por esta vía. La reforma habla de una amplia consulta a la sociedad en torno al nombramiento de los consejeros como la única modificación procedimental, pero deja sólo a los grupos parlamentarios la facultad de proponer consejeros. Es fundamental normar en la legislación secundaria esa amplia consulta, combatiendo la tentación de hacer un procedimiento simulado.

Otro aspecto de la reforma que considero un retroceso es la creación de una contraloría en el IFE, nombrada desde la Cámara de Diputados a propuesta de instituciones académicas. A pesar de que se matizó la propuesta original, que otorgaba a la Cámara plena ascendencia sobre dicha contraloría, ésta podría ser usada, eventualmente, como un medio de control político sobre la autoridad electoral.

El IFE, que es por cierto una de las instituciones mas fiscalizadas, debe sin duda ofrecer mecanismos para la rendición de cuentas y los consejeros, como servidores públicos, no pueden ni deben estar exentos de evaluación y supervisión, sobre todo cuando al interior del instituto se experimenta una gran cantidad de desigualdades presupuestales, salariales y de infraestructura, deficiencias que a mi juicio pueden ser atendidas con modelos alternativos que no abran la puerta a la manipulación de sus determinaciones.

Si se concreta la contraloría del IFE nombrada por la Cámara, los demás órganos autónomos del país deberán ser homologados, es el caso de las universidades autónomas, los organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos y otros.

Consideraciones finales

La reforma sigue viva y en medio de un muy importante e inédito debate, porque trastoca no sólo ya la vida institucional y la de los partidos, como en reformas anteriores, sino diversos ámbitos de la vida social y económica en México, porque pone el acento en ámbitos "prohibidos" en la discusión pública, como son la radio y la televisión.

Se trata, en todo caso, del primer andamiaje para la reforma, de la que falta ver, saber y desarrollar aún muchos elementos. El decreto original fue mejorándose sistemáticamente en la medida en que se discutió en el espacio público; el horizonte de la reforma parece ahora reconocer su agenda en la estructura específica en donde habrá de tomar vida el espíritu del planteamiento constitucional.

Tenemos razones para pensar que estas modificaciones constitucionales impulsan el cambio no sólo del modelo electoral, sino en buena medida, cambios futuros en el sistema de partidos; estamos así frente al principio de diversos cambios, por ello también frente al fin de muchas prácticas y condiciones políticas en México

En las semanas venideras veremos a las tres fuerzas mayoritarias debatiendo con los partidos políticos emergentes, quienes encuentran que la reforma pone en entredicho su propia existencia; en este marco habrá de discutirse también el tema de las candidaturas independientes, aspecto que la reforma ha marginado, constituyéndose en una de las asignaturas pendientes.

La reforma electoral enfrentará el embate desmedido de la radio y la televisión, industrias que harán uso de todos sus recursos y aliados para facturarle al Poder Legislativo, e incluso al Estado mismo, no sólo la pérdida que habrá de suponer la no compra de publicidad electoral y la relativa a los gobiernos locales y municipales para promover la imagen pública de los gobernantes, sino a su vez, la pérdida del poder político que de facto ejercían frente a partidos y gobernantes. Esto, para decirlo claro, apenas empieza.

Aún con sus defectos, esta reforma ofrece hasta ahora avances que no podemos desdeñar, empezando por el debate mismo. Falta entrar al tema de justicia electoral, que incluye no sólo al Tribunal sino a la Fepade, y abrir con fuerza la discusión de los medios de comunicación y todo lo que ello implica. Espero que los legisladores entiendan que sin una ciudadanización no simulada, serán incapaces de enfrentar sus muchas oposiciones, incluidas desde luego las que están bajo su propia piel. Espero que sean capaces de incorporar en esta reforma el peso de la historia.

Nosotros mientras tanto seguiremos utilizando la única arma que tenemos: la persuasión.

El autor es miembro del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral
.Publicado en Enfoque de Reforma el 16 de septiembre de 2007.

Campaña de información ciudadana

2007-09-14T14:33:00.000-07:00

LOS CONCESIONARIOS DE LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y SUS EMPLEADOS

NO DEFIENDEN A LA DEMOCRACIA

NO DEFIENDEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

NO DEFIENDEN LA AUTONOMÍA DEL IFE

NO SON VOCEROS DE LOS CIUDADANOS INDEPENDIENTES

SOLO DEFIENDEN:

SUS INTERESES Y SUS GANANCIAS

SU CONTROL SOBRE LO QUE SE DICE y DIFUNDE EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

SU PODER PARA DECIDIR QUIEN NOS GOBIERNA COLOCANDO A SUS EMPLEADOS COMO SENADORES Y DIPUTADOS

ELLOS SON LOS QUE HAN NEGADO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A VOCES DISTINTAS A LAS SUYAS

SE HAN OPUESTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS COMUNITARIAS Y DE LOS MEDIOS PÚBLICOS

SE NIEGAN A REDUCIR EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES OPONIÉNDOSE A LA DECISIÓN DEL CONGRESO DE LIMITAR LA TRANSMISIÓN DE ÉSTAS SÓLO A LOS TIEMPOS OFICIALES

ELLOS QUIEREN SEGUIR BENEFICIÁNDOSE DE CAMPAÑAS ELECTORALES COSTOSAS E INÚTILES

SE OPONEN A LA COMPETENCIA EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, NEGÁNDOSE AL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES A OTRAS EMPRESAS

ELLOS SON LOS QUE LOGRARON PASAR LA LEY TELEVISA/AZTECA EN 7 MINUTOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SE QUEJAN DE QUE LA REFORMA ELECTORAL SE HIZO CON APRESURAMIENTO

QUE NO NOS ENGAÑEN MEDIANTE SU CAPACIDAD PARA DIFUNDIR SU VERDAD A TRAVÉS DE SUS MENTIRAS

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS A:

1. TENER DEMOCRACIA EN LOS MEDIOS,

2. LIMITAR EL PODER DE SUS DUEÑOS,

3. BAJAR EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS,

4. QUE NUESTROS IMPUESTOS SE USEN PARA BENEFICIO DE TODOS Y NO PARA AUMENTAR LA BOLSA DE LA ARISTOCRACIA MEDIÁTICA

NO LOS APOYEMOS EN EL REFERÉNDUM QUE PRETENDEN PROMOVER PUES ES SÓLO PARA DEFENDER SUS INTERESES Y SU BOLSA

COMITÉ CONCIUDADANO PARA LA REFORMA ELECTORAL Y
MESA CIUDADANA DE MEDIOS

Se aprobó el Proyecto de Decreto en la Cámara de Senadores

2007-09-13T14:26:00.001-07:00

Fotografía tomada de la página del Senado de la república.

El día de ayer se aprobó en la Cámara de Senadores el Proyecto de Dercreto para modificar los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, 122, 134 y 97 de la Constitución.

Después de un debate histórico, se aprobó el dictamen con algunas moodificaciones por 111 votos a favor y 11 en contra.

Ver dictámen completo.

Comunicado del Comité Conciudadano fechado hoy

2007-09-10T14:19:00.000-07:00

EL COMITÉ CONCIUDADANO APOYA REFORMA PARA NUEVA RELACIÓN DE LAS FUERZAS POLITICAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El CCRE rechaza las presiones de quienes pretenden mantener sus intereses económicos

Esta reforma debe significar menores recursos a los partidos políticos

No es suficiente la fórmula propuesta para reducir el financiamiento

El CCRE reitera exigencia para modificar modelo de elección de consejeros electorales

Enérgico llamado al Congreso de la Unión para que den muestra de su compromiso con la autonomía y ciudadanización del IFE

No se justifica la permanencia de los actuales integrantes del Consejo General del IFE

Su salida debe ser al margen de negociaciones que impliquen arreglos obscuros y compromisos

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral expresa su más amplio apoyo a la propuesta de reforma constitucional que significa el establecimiento de un nuevo tipo de relación de las fuerzas políticas con los medios de comunicación y rechaza las presiones de los medios de comunicación electrónica que se arropan en la discusión sobre la renovación del Consejo General para defender sus intereses económicos.

La emancipación de los partidos políticos del poder de los medios de comunicación marca una reforma profunda que sólo cobrará sentido en la medida que represente procesos democráticos austeros y congruentes con la realidad de nuestro país. Y, hasta el momento, esto último no lo hemos visto materializado en la propuesta de reforma constitucional.

El Comité Conciudadano no encuentra correspondencia entre la supuesta voluntad de hacer menos oneroso el costo de la vida política del país con la fórmula planteada para el cálculo de los presupuestos partidistas.

Los partidos mayoritarios propusieron en principio que se aplique el 70% del salario mínimo por el número de integrantes del padrón (no la lista) electoral. Un segundo planteamiento de los senadores lo redujo a 65% pero aumenta de 1.5 a 3% el porcentaje para gastos específicos. El primer planteamiento no reduce el presupuesto total de los partidos (considerando gastos ordinarios y de campaña) en más de 12%, si se hace una proyección al año 2012. Y con los 5 puntos porcentuales menos, el ahorro sería de 200 millones de pesos adicionales pero no precisaron el impacto del incremento en las actividades específicas. De cualquier forma, el ahorro se encuentra muy lejos de lo anunciado por los legisladores.

La propuesta del CCRE señala que para reducir en 50% el gasto de los partidos políticos, se multiplique el número de integrantes de la lista nominal por el 10% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El Comité Conciudadano desea recordar a la opinión pública que su propuesta de reforma electoral incluye una serie de aspectos más que propiciaría economías de diverso tipo. Uno de ellos tiene que ver con la creación del Instituto Nacional Electoral, que se encargue de realizar tanto elecciones federales como locales; lo mismo que un Tribunal Nacional, con las mismas características. Otra de las propuestas se refiere a la desaparición de las juntas ejecutivas de los consejos locales y distritales, para que sean las instancias ciudadanas las que tengan la responsabilidad permanente en la estructura institucional.

La consulta del texto completo de la propuesta ciudadana de reforma electoral se puede realizar en la página http://www.comiteconciudadano.blogspot.com/

Por otra parte, ante el debate nacional sobre la conformación del actual Consejo General del IFE, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral demanda que el Congreso de la Unión considere la pertinencia de modificar sustancialmente el método de elección de las y los consejeros, a efecto de salvaguardar el carácter ciudadano de la autoridad electoral. De no hacerlo, advirtió, existe el riesgo de que se repitan las lamentables consecuencias que se derivaron de la generalizada percepción de ilegitimidad con que nació el actual árbitro electoral y la desconfianza que ello, junto con su bajo perfil y relativa experiencia en procesos electorales, generó en algunos de los principales actores políticos, expertos en la materia, consejeros locales y distritales, el propio personal del IFE y la ciudadanía informada.

Los integrantes del CCRE hacen un enérgico llamado a las y los legisladores para que, eliminando de la Reforma cualquier posible intento de subordinación de la autoridad electoral, los partidos políticos den muestra fehaciente de su voluntad política y compromiso con la autonomía y ciudadanización del IFE, y hagan posible la reforma constitucional que establezca un método abierto y transparente, con la participación de la sociedad civil, para la elección de las y los consejeros electorales, las y los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral y el o la fiscal para la atención de delitos electorales.

Reconociendo que ni las condiciones de su nacimiento como Consejo General en 2003, ni su desempeño en el proceso del 2006 justifican su permanencia como autoridad electoral, el Comité Conciudadano propone que se sustituya a todos sus integrantes pero sobre la base de un procedimiento alternativo, de amplia participación de la sociedad y que garantice el carácter ciudadano de su órgano de dirección.

No hacerlo de esa forma significará una mayor partidización del IFE, la cual comenzó en el año 2003 y parece continuar a través de diversos aspectos de la reforma constitucional que se discute en el Senado. Ello constituiría una gravísima regresión a tiempos que creímos ya superados, con la diferencia de que ahora serán tres partidos los que dejen al margen a la sociedad.

El Comité Conciudadano rechaza tajantemente que en este momento de la vida de la institución sea la movilidad de sus integrantes la que ponga en riesgo la autonomía e independencia del IFE. El entonces Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral documentó en diversos momentos de 2006 acciones y omisiones que representaron riesgos para el desarrollo civilizado y democrático de la elección, algunas de las cuales fueron señaladas también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tanto en resoluciones diversas como en su calificación final de la elección presidencial.

El desempeño del Consejo General fue resentido de manera directa e importante por consejeros locales y distritales, varios de ellos miembros de este Comité, quienes padecieron las consecuencias de algunas de sus decisiones y errores y, en casos relevantes, una total falta de apoyo.

Este Comité Conciudadano también exige que la salida del actual Consejo General se realice de manera institucional, al margen de cualquier tipo de negociación que implique compromisos y arreglos obscuros, otra vez, de espaldas a la Nación y en perjuicio del erario público, que es dinero de todos los mexicanos.

De igual forma, el CCRE lamenta la obstrucción, derivada del proyecto de reforma constitucional, al interés legítimo y al acceso de los ciudadanos al sistema de impugnaciones y justicia electoral.

El Comité Conciudadano reitera la exigencia para que el Congreso de la Unión establezca diálogo con la sociedad civil y escuche las voces de ciudadanos y ciudadanas independientes de los partidos políticos, en este proceso de reforma electoral

EL COMITÉ CONCIUDADANO PARA LA REFORMA ELECTORAL

Alberto Aziz Nassif

Alberto Olvera

Alfredo Figueroa

Ana Saíz

Brisa Maya

Carlos Pérez

Clara Jusidman

Daniela Griego

Denise Dresser

Elio Villaseñor

Ernesto Isunza

Francisca Jiménez

Gabriel Sánchez

Hugo Almada

Irma Eréndira Sandoval

Miguel Concha

Jesús Cantú

John Ackerman

Jorge Alonso

Kristian Bernal

Marcos Leyva

María Isabel Martínez

Miguel Basáñez

Miguel Bazdresch

Marusia López

Octavio Hernández

Rafael Reygadas

Rosa María Rubalcava

Sergio Aguayo

Silvia Alonso

José Antonio Crespo

Flavio Lazos

CONTACTO DE PRENSA: IRMA ROSA MARTINEZ ARELLANO

2631 6364 04455 5419 5376 irmarosa.marel@yahoo.com.mx

irmarosa.marel@gmail.com

En conferencia de prensa el día de hoy el Comité Conciudadano dió a conocer este documento.

2007-09-05T11:24:00.000-07:00

RIESGOS DE UNA REFORMA A MODO DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS Y A ESPALDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Claroscuros en la propuesta de reformas constitucionales en materia electoral

Preocupa la poca transparencia del proceso para negociar los acuerdos

No parecen haber incluido preocupaciones centrales de diversas voces de sociedad civil

Se vulneran la ciudadanización y la autonomía del IFE

No hay una reducción significativa en el financiamiento asignado a las tres principales fuerzas políticas (Ver presentación PDF (228K)

Nueva forma de distribución de recursos plantea la creación de un tripartidismo multimillonario

Después de realizar un análisis de la propuesta de reformas constitucionales en materia electoral que dio a conocer la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en el Palacio de Minería el pasado 30 de agosto, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral reconoce algunos avances y manifiesta su preocupación por importantes retrocesos que se plantean en diferentes aspectos.

Expresa asimismo su preocupación por la poca transparencia del proceso seguido por el Congreso y los tres partidos políticos mayoritarios, para negociar sus acuerdos, ya que después de una supuesta consulta ciudadana realizada en el Puerto de Veracruz, no parecen haber incluido preocupaciones centrales manifestadas por diversas voces de la sociedad civil.

Aun cuando todavía están pendientes de resolver puntos fundamentales para que la propuesta pueda ser considerada una reforma electoral de fondo, así como la propuesta definitiva que se presentará en el pleno de la Cámara de Diputados y las modificaciones que se realicen a las leyes secundarias, el CCRE desea reconocer algunos avances.

La regulación de precampañas

La disminución de tiempos de campañas

La eliminación de secreto bancario, fiscal y fiduciario para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos

La prohibición de que los tres niveles de gobierno hagan publicidad gubernamental mencionando nombres, imágenes voces y símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público

La facultad del IFE para sancionar a partidos, agrupaciones políticas, personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que infrinjan las disposiciones constitucionales y legales

La liquidación de los partidos que pierdan su registro

De igual forma queremos advertir sobre los riesgos que plantean algunas de las propuestas de reforma constitucional que ya han sido acordadas por las tres principales fuerzas políticas.

Entre ellos se encuentra la vulneración de algunos de los pilares fundamentales sobre los que debe sostenerse el IFE como autoridad responsable de la organización de los procesos electorales, tales como la ciudadanización y la autonomía. La pretensión de crear una Contraloría nombrada por el poder legislativo para fiscalizar la actuación del IFE y un órgano de fiscalización de los partidos, con autonomía de gestión, aún cuando se coloque al interior del IFE, plantean graves amenazas a la autonomía del Instituto y al carácter ciudadano de la facultad para vigilar y controlar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos. El CCRE reconoce la necesidad de que los órganos autónomos y sus funcionarios también rindan cuentas a la sociedad sobre su gestión y se conduzcan sobre la base de los principios de honestidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, consideramos que una Contraloría designada por los partidos políticos representados en el Congreso significará un foco de permanente tensión al interior de la Institución y una amenaza a su autonomía. Por otra parte, despojar a los consejeros electorales de la facultad de participar a través de una comisión específica en el análisis y deliberación de la forma en que los partidos políticos hacen uso de los recursos, y crear un organismo prácticamente autónomo, limitado a realizar auditorias que sólo conducirán a observaciones generales sobre el estado de las finanzas de los partidos, debilita el carácter ciudadano de la vigilancia del ejercicio de recursos públicos de los partidos. Ello constituye un retroceso de la mayor gravedad

El CCRE desea hacer hincapié en que la fórmula presentada para el cálculo de los recursos de los partidos, si bien disminuye los gastos de campaña, supondrá a lo largo del tiempo, aumentos al financiamiento ordinario. De acuerdo con el cálculo elaborado por los expertos del Comité Conciudadano, sobre la base del procedimiento propuesto, NO HAY UNA REDUCCION SIGNIFICATIVA EN EL FINANCIAMIENTO ASIGNADO A LAS TRES PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS. La propuesta de la comisión senatorial intenta vender como valor de la reforma la reducción del financiamiento, pero ello no se ajusta a la realidad. Si, como aseguran algunos dirigentes políticos, al dedicar mayores recursos a las tareas ordinarias se aspira al fortalecimiento del sistema de partidos, el CCRE enfatiza que esa aspiración no necesita ir acompañada de presupuestos multimillonarios. Además, la fórmula que establece para el 2010 la distribución de los recursos exclusivamente con base en el número de votos obtenidos en la elección anterior plantea un principio de inequidad y ahogará a los partidos emergentes. Mientras, creará un tripartidismo multimillonario. (Ver presentación PDF 228K)

El CCRE también desea advertir sobre el riesgo que representa disminuir atribuciones al Tribunal Electoral para la defensa de los derechos políticos de los militantes de los partidos. Consideramos que al establecer que se tienen que agotar las instancias internas de los partidos para poder llevar inconformidades al Tribunal se vulnera la garantía de defensa de los derechos a ser votado y acceder a la justicia en lo general.

En la propuesta no encontramos consideración alguna para hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos como lo propuso el CCRE, no se reconoce el interés legítimo del ciudadano o ciudadana para inconformarse en materia de elecciones y no se prevén mecanismos para que la ciudadanía impugne los actos de los partidos políticos.

Se cierra definitivamente la puerta a las candidaturas independientes, al incluir en el texto constitucional la prohibición expresa para lograrlo. Lo anterior implica que no se respeta de manera integral el derecho que todo ciudadano o ciudadana tienen a ser votados si no es a través de un partido político. Ello contraviene tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, firmados por nuestro país. Si bien este tema genera un intenso debate, existe consenso en el CCRE en torno a que la forma en que operan en la práctica los partidos políticos nacionales tampoco garantiza ese derecho a los ciudadanos y ciudadanas pues, como ha quedado demostrado, en reiteradas ocasiones no se respetan las reglas que las propias instituciones políticas se han dado para la selección de sus candidatos a puestos de elección popular y su militancia tiene dificultades para aspirar a puestos de elección popular.

El tema medular de lo que sería la reforma electoral, la relación con los medios de comunicación, apenas fue planteado de manera ambigua en la propuesta presentada y estamos a la espera de conocer el dictamen de las comisiones legislativas. De no concretarse la prohibición para la compra de tiempos comerciales para propaganda político-electoral, se habrá perdido la gran oportunidad para liberar a los actores políticos de uno de los grandes poderes fácticos que tiene sometida a la clase política. Sin este elemento fundamental la reforma electoral resultará una reforma superficial.

OMISIONES GRAVES

Uno de los grandes temas ausentes es la ciudadanización del proceso de elección de miembros del Consejo General del IFE, magistrados y el o la fiscal especial para delitos electorales. De nada servirá que el actual Consejo General del IFE termine antes de tiempo su mandato si no se avanza en el establecimiento de un mecanismo novedoso de elección de sus integrantes que sea de cara a la nación y permita la participación de la sociedad. La propuesta del CCRE al respecto plantea que este nombramiento se derive de una convocatoria pública emitida por la Cámara de Diputados, la cual permita que organizaciones de sociedad civil y académicas presenten candidaturas. Tras hacer una primera depuración de la lista de candidatos o candidatas, el Congreso procedería a realizar comparecencias públicas y se abriría la posibilidad de que los mexicanos y mexicanas interesadas tengan la posibilidad de hacer observaciones e incluso presentar objeciones a las candidaturas. Al final de cuentas serían los propios legisladores, con el voto de las cuatro quintas partes de los miembros presentes de la Cámara de diputados, los que tomarían la decisión definitiva, contando con el visto bueno de los Senadores. Los legisladores tendrían la obligación de resarcir la confianza en las autoridades electorales mediante un procedimiento de elección democrático y de cara a la ciudadanía del Consejo General, de los integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la FEPADE

Otra de las grandes omisiones es la relativa a la creación del Instituto y Tribunal Nacionales. Si bien se abre la posibilidad de que el IFE realice comicios estatales, este punto no se establece como obligación y seguiremos viviendo procesos electorales de diverso nivel de calidad y eficiencia. Seguiremos teniendo ciudadanos de primera y de tercera, hablando en términos democráticos, y procesos electorales en los que los poderes políticos locales ejercen una influencia abrumadora. Tampoco se logrará reducir el costo de las elecciones por esta vía.

La propuesta es omisa en el establecimiento de la autonomía de Fiscalía Especial para Delitos Electorales, lo cual implicará que se mantendrá la poca eficacia y la falta de oportunidad e independencia en el funcionamiento de este órgano.

Sería fundamental que en el propio texto constitucional quedara plasmada la obligación para que los partidos y asociaciones políticas sean sujetos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al ser entes de interés público y ejercer recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes, debe haber acceso irrestricto a la información no sólo del uso de esos recursos sino sobre su desempeño y respeto a sus estatutos y plataformas.

No hay mención alguna al tema del recuento de votos en caso de elecciones muy competidas. Consideramos que es preciso aprender de las lecciones que dejó el proceso electoral del 2006 y la importancia que prescripciones claras en este campo, tienen para evitar posibles nuevos conflictos.

Se mantiene en sus términos el salario de los integrantes del Consejo General, lo cual eterniza el esquema de graves diferencias e inequidades salariales en la estructura del propio IFE y una situación de privilegio que no corresponde a la realidad de nuestro país, particularmente en una institución de perfil ciudadano.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral se mantendrá pendiente del dictamen que emitan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Radio y Televisión en la materia para conocer los acuerdos finales de las fuerzas políticas. De igual forma, daremos seguimiento al proceso legislativo para las reformas de las leyes reglamentarias que se deriven de esta primera fase del proceso.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, Miguel Bazdresch, Kristian Bernal, Roy Campos, Jesús Cantú, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Alfredo Figueroa, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, Marusia López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Alberto Olvera, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Irma Eréndira Sandoval, Brisa Solís, Elio Villaseñor, Gisela Zaremberg

Organizaciones auspiciantes del proyecto

Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C.
Alianza Cívica, A.C.
CENCOS
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C.
Educa - Oaxaca A.C
Incide Social, A.C.
Matraca, A.C.
No Grupo de Jalisco
Presencia Ciudadana Mexicana, A.C.
Red por la Participación Ciudadana, A.C.

CONTACTO DE PRENSA: IRMA ROSA MARTINEZ ARELLANO

2631 6364

04455 5419 5376

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Documento completo en PDF (142K)

Proyecto de Reformas Constitucionales en Materia Electoral

2007-09-01T06:48:00.000-07:00

La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión presentó en el Palacio de Minería el documento de Reformas Constitucionales , básicamente a los artículos 41 y 99. Ver proyecto de iniciativa.

Dicha presentación se llevó a cabo en una ceremonia convocada algunas horas antes, sin que se haya inviatado a ningún representante del Comité Conciudadano. Al parecer el procedimiento será presentar el proyecto en Comisiones del Senado para presentarlo al pleno y votarlo el martes 4 de septiembre.

De los 20 puntos señalados por el Comité Conciudadano como mínimos para una Reforma Electoral verdaderamente ciudadana (a nivel constitucional), la propuesta acordada por los partidos políticos el jueves 30 de agosto de 2007 no contempla los siguientes aspectos indispensables:

La adopción de un Instituto Nacional Electoral que organice las elecciones federales, locales y municipales, haciendo más eficientes y menos onerosos los procesos electorales.
La ciudadanización del proceso de elección de los consejeros electorales del Instituto Electoral, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
El establecimiento de un sistema de tiempos oficiales (exclusivamente) para la transmisión de la propaganda electoral de los partidos políticos.
La reducción del financiamiento público a partidos políticos a través de una fórmula que permita reducir el financiamiento para actividades ordinarias y para actividades de campaña.
La eliminación del financiamiento público a partidos políticos por actividades específicas.
La incorporación de las candidaturas independientes.
La independencia y ciudadanización de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Poder Ejecutivo.

Estaremos al pendiente de sus observaciones y comentarios.

Con respecto a este tema vean el artículo de John M. Ackerman, integrante del Comité Conciudadano, publicado en La Jornada el día de hoy, "La Reformita Electoral".

Ana Saiz

Café Ciudadano sobre la Reforma Electoral

2007-08-30T11:55:00.000-07:00

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral te hace una cordial invitación para que nos acompañes a una conversación significativa sobre el tema de la Reforma Electoral, con un grupo diverso de personas que nos permita explicar distintas posibilidades sobre los derechos políticos ciudadanos en una reforma electoral.
Será un espacio de diálogo diferente para reflexionar juntos en un ambiente relajado, amistoso y de confianza. Con este propósito experimentaremos un enfoque denominado World Cafe que busca crear condiciones propicias para una conversación cálida que nos permita conectar personas e ideas diversas y profundizar sobre la participación ciudadana en el proceso electoral. Este enfoque difiere de otros porque es menos estructurado y formal. Busca acceder en un grupo a la inteligencia colectiva, a partir de una escucha respetuosa y atenta de todos y cada uno de los participantes para generar conocimiento que sería difícil de lograr de manera aislada o fragmentada.
Estamos seguros que será un encuentro no solamente agradable sino también fructífero en la búsqueda de avances importantes en materia de Reforma Electoral. Por esto, tu participación es fundamental.
La cita al Café Ciudadano para la Reforma Electoral es el próximo miércoles 5 de septiembre a las 17:00 horas en las instalaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, ubicada en Av. México Coyoacán No. 350, col. General Anaya, México, D.F. (Enfrente de la Cineteca Nacional) Confirmación de asistencia 55-90-87-54

Consulta semanal: DEJA TU OPINIÓN

2007-08-29T05:33:00.000-07:00

Los integrantes del Consejo General del INE. La "Propuesta Ciudadana" propone que a los Consejeros que integren el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sean electos por las 4/5 partes de la Cámara de Diputados y después su nombramiento sea confirmado por la Cámara de Senadores. Los aspirantes deberán ser propuestas de la Sociedad Civil después de un procedimiento transparente que incluya una convocatoria pública, comparecencias y un periodo para que la ciudadanía pueda realizar observaciones. La idea de este método es lograr que las personas en las que recaiga el cargo de Consejeros estés realmente comprometidos con la ciudadanía, cuenten con los conocimietos necesarios en materia electoral, sean electos por medio de un procedimiento transparente y cuenten con la aceptación de todos los grupos parlamentarios.

Ahora el debate que trasciende en los medios es si los actuales Consejeros del Consejo General deben permanecer en sus cargos hasta terminar su periodo. La posición del Comité Conciudadano es que para que la autoridad electoral tenga legitimidad ante los partidos políticos y la ciudadanía es indispensable que cumplan con las condiciones que se mencionan en la propuesta: elección por un procedimiento transparente y de cara a la ciudadanía y el concenso de los partidos políticos.

Al respecto, les recomendamos leer el artículo Que regresen el IFE de Alberto Aziz, integrante del Comité Conciudadano e investigador del CIESAS, que se publicó en El Universal el 18 de noviembre de 2003.

¿Cuál reforma electoral?

2007-08-28T11:46:00.000-07:00

Por Alberto Aziz
Publicado en El Universal el día de hoy.

A medida que se acerca el pe-riodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión los vientos de reforma ondean entre los legisladores, los partidos y el gobierno federal. La pequeña ventana de oportunidad que se abre para un espacio de reformas tiene los signos de una complicada amalgama de intereses políticos, cuyo resultado es todavía incierto. No cabe la menor duda que cada vez es más cierto el sabio dicho popular que dice: la política es muy importante para dejarla sólo en manos de los políticos.

Dentro de los proyectos en discusión hay una iniciativa que quiero exponer: la Propuesta Ciudadana de Reforma Electoral. Este documento de trabajo fue elaborado por el Comité Conciudadano, el cual está integrado por un grupo de hombres y mujeres que tiene como objetivo principal recuperar la política electoral de la degradación en la que se encuentra metida hoy en día. La composición del comité tiene un alto nivel de especialización en la materia electoral, y sobre todo, la propuesta se hizo para defender intereses ciudadanos.

La propuesta ciudadana es un documento con una redacción de ley, tanto para la Constitución, como para la ley secundaria, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Esta propuesta se basa en los siguientes presupuestos: la reducción de los costos de las elecciones; la austeridad y la equidad de las autoridades; la transparencia y rendición de cuentas; el principio de accesibilidad; la salvaguarda del interés legítimo de los ciudadanos; y el respeto al libre ejercicio del voto.

Con la convicción de que la democracia es también un ejercicio de diálogo y de interlocución, esta propuesta se ha presentado en los foros que organizó el Congreso para la reforma del Estado. Con todas las resistencias que tienen muchos políticos a la participación ciudadana, el proyecto se les ha presentado a los legisladores de los principales partidos políticos. Se trata de un proyecto integral que tiene coincidencias con algunos de los partidos, pero también, por supuesto, diferencias. Si los ciudadanos y los políticos coincidieran en la mayor parte, quizá estaríamos en una fase avan-zada de la consolidación democrática. Al mismo tiempo, esta propuesta ciudadana ha sido apoyada por múltiples organizaciones sociales, como Espacio Tripartido y Sociedad en Movimiento.

El momento político actual abre una pequeña posibilidad de recuperar la credibilidad y la certeza ciudadana en los procesos electorales, para lo cual es necesario hacer una reforma de fondo, que cambie de modelo y no sólo haga pequeñas adecuaciones cosméticas. En este sentido, la propuesta ciudadana trabaja sobre cuatro niveles:

a) El régimen político, en donde se propone la creación de un instituto nacional electoral encargado de organizar todos los procesos electorales, federales y locales, con el fin de tener una calidad similar en todo el país, garantizar la independencia y autonomía y reducir los costos electorales. Además, se trata de recuperar la vía de la ciudadanización de los consejeros electorales, para lo cual se necesita un proceso de elección público y transparente y una convocatoria a la sociedad para tener los mejores candidatos y evaluar su conocimiento y su independencia política; hay que cerrarle el paso a los arreglos oscuros y el reparto de cuotas entre partidos. Además, se propone hacer una reingeniería del instituto para tener más eficacia y transparencia en el desempeño de sus funciones.

b) Sobre los partidos políticos la propuesta inicial es convertirlos en sujetos obligados de la ley de transparencia y disminuir el costo del financiamiento público a 50%. Esta baja será factible mediante el proceso de cambio del modelo de acceso a los medios, radio y televisión; por ello se propone la cancelación de compra de tiempos comerciales por parte de los partidos y sólo uso de tiempos oficiales administrados por la autoridad electoral. Además del recorte de los tiempos de campaña y de la urgente sincronización de los procesos electorales —para terminar con el país de las elecciones permanentes—, se trata de recuperar el debate en las campañas y hacer una distribución equitativa de los tiempos, como en el modelo europeo.

c) Sobre el proceso electoral se propone un cambio en las fórmulas de financiamiento, dejar atrás el absurdo de multiplicar el monto de financiamiento por el número de partidos políticos con registro, y hacerlo mediante la combinación de un porcentaje del salario mínimo multiplicado por la lista de electores. También se propone un capítulo nuevo para reglamentar las precampañas.

d) Sobre la justicia electoral, un tema que ha cobrado particular importancia con el antecedente del polémico dictamen que hizo el Tribunal Electoral sobre la elección presidencial de 2006, que tuvo graves problemas de lógica y serias contradicciones. Se propone oralizar los procedimientos; ampliar el catálogo de infracciones; ciudadanizar el mecanismo para designar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal, al igual que con los consejeros electorales; y hacer una fiscalía para delitos electorales con carácter autónomo del Poder Ejecutivo.

El conflicto de 2006 fue de tal magnitud que sus saldos condicionan de forma central el desarrollo de la vida política del país. El ciclo de la reforma que abrió la transición democrática en 1996 está agotado. Hoy se necesita un esfuerzo de la clase política por encima de sus interese de corto plazo, similar en importancia al que se dio al retirarse el gobierno de la organización electoral en 1996.

¿Cuál reforma electoral? Es urgente volver a crear condiciones de equidad en la competencia con un nuevo esquema de financiamiento y medios, y profundizar la autonomía ciudadana de los árbitros de la contienda. La clase política está obligada con los ciudadanos a cambiar el modelo político-electoral, regenerar las instituciones para recuperar su dimensión ciudadana y solucionar la ruptura del pacto político que lastimó las condiciones de equidad en la competencia en 2006. Se necesita una reforma de fondo que ponga por delante los intereses de los mandantes de la democracia, los ciudadanos. En suma, se necesita cerrar el ciclo de malestar e impunidad que nos dejó la pasada sucesión presidencial.

Investigador del CIESAS

Miembro del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral

Nota publicada hoy en la primera plana de El Universal

2007-08-26T12:43:00.000-07:00

Apresuran proyecto de reforma electoral

Las negociaciones de los partidos políticos entraron ya en una etapa de definición para alcanzar un anteproyecto de reforma electoral, que entre sus puntos incluya la regulación de las precampañas y la anulación de la elección presidencial cuando se rebase el tope de gastos

Francisco Reséndiz
El Universal
Domingo 26 de agosto de 2007

Las negociaciones de los partidos políticos entraron ya en una etapa de definición para alcanzar un anteproyecto de reforma electoral, que entre sus puntos incluya la regulación de las precampañas y la anulación de la elección presidencial cuando se rebase el tope de gastos.

Se espera que el 29 de agosto —dos días antes de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones— se integre un esquema viable que podría incluir una reorganización a fondo del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Según los avances de este anteproyecto, elaborado a partir de un documento en poder de EL UNIVERSAL, se propone que la precampaña presidencial dure 60 días; la campaña otros 90 días, y las de diputados y senadores, 45 días. Todos los partidos acordaron mantener el diálogo y la negociación para lograr consensos y contar con texto uniforme antes del 1 de septiembre.

El documento sobre el que trabajan los legisladores fue elaborado por el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, que encabeza Jorge Alcocer.

Incluye parte de las propuestas presentadas por los partidos, las ponencias recibidas por el Senado, iniciativas pendientes de dictaminar en el Congreso y la propuesta ciudadana del Comité Conciudadano de Reforma Electoral.

El consejero para la reforma del Estado y coordinador para la reforma del Estado del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que trabajar a partir de este documento sería un albazo que podría abortar la consolidación de un nuevo andamiaje legal para el país.

“No sé que prisa tienen, todo está en torno al 1 de septiembre, es un tanto bajar la guardia por un carame-lo...” , expuso Muñoz Ledo.

El anteproyecto estará listo en los próximos días y se llevará a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso.

Ver nota en línea.

Spots pagados con nuestros impuestos

2007-08-22T21:06:00.000-07:00

Durante las campañas presidenciales de la elección de 2006 los partidos políticos se gastaron sumas millonarias para producir y transmitir spots como estos tres. Los ciudadanos no queremos ver reducido el debate de ideas a estos mensajes vacíos. Por eso, en la Propuesta Ciudadana consideramos que se debe prohibir a los partidos políticos y a cualquier particular comprar tiempos comerciales en radio y televisión.

Consulta semanal: DEJA TU OPINIÓN

2007-08-22T13:17:00.000-07:00

¿Consideras que los partidos políticos deben ser sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

En el Comité Conciudadano hemos considerado que los partidos políticos deben estar incluidos como sujetos obligados por la Ley de Transparecia y Acceso a la Información Pública Gubernamental porque son entidades financiadas primordialmente con dinero público y, además porque son elementos clave para hacer efectivo nuestro derecho de votar y ser votados.

A manera de ejemplo, basta decir que en la propuesta ciudadana se incluye la obligación de los partidos políticos de hacer públicos la currícula de sus candidatos. Esta necesidad quedó demostrada en el estudio "Por un congreso con rostro" que se realizó en 2006. Descarga el documento completo en pdf (514k) .

Sólo viven en el engaño, Panglosistas

2007-08-19T07:06:00.000-07:00

El artículo de hoy de Denise Dresser, integrante del Comité Conciudadano, hace referencia a los profundos problemas por los que está atravezando nuestro sistema electoral. Ver artículo completo.

Comité Conciudadano, Sociedad en Movimiento y el Espacio Social Tripartito

2007-08-15T13:23:00.000-07:00

El día de hoy se llegó a un acuerdo para promover una amplia articulación civil para posicionar los temas que son preocupación de un gran número de mexicanas y mexicanos.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral está integrado por personas de Jalisco, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal que tienen amplia experiencia y se especializan en campos tan diversos como el padrón electoral y las encuestas de intención del voto, los procesos de organización, capacitación electoral y educación cívica, la legislación electoral y otros aspectos relevantes de los procesos democráticos. La propuesta de reforma electoral que elaboró se hizo sobre la base de más de 230 aportaciones diferentes y fue suscrita por 41 organizaciones de la sociedad civil y 85 personas en lo individual.

El Espacio Tripartito es una entidad en la que confluyen organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), campesinas (integrantes del Comité Nacional de Organismos rurales y pesqueros, que agrupa a 12 organizaciones) y de sociedad civil (la Coalición Ciudadana Nacional).

Sociedad en Movimiento agrupa a empresarios, padres de familia, colegios de profesionistas, iglesias, organizaciones de sociedad civil, sindicatos, indígenas y campesinos, cuyo principal objetivo es provocar la participación activa y responsable de los ciudadanos en la vida política del país para influir en la toma de decisiones.

Representantes de las tres instancias de sociedad civil enumeramos los principios y valores que deben regir el sistema electoral en nuestro país:

La austeridad en la organización de las elecciones y, por lo tanto, la reducción de su costo.
La austeridad y equidad de las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones.
La transparencia y rendición de cuentas de todos los agentes e instituciones que intervienen en el proceso, particularmente los que usan recursos públicos.

La obligación para la autoridad electoral de hacer accesibles y comprensibles para la ciudadanía, la información y los procedimientos electorales
La salvaguarda del interés legítimo de los y las ciudadanas
El respeto al libre ejercicio del voto y la garantía de que el voto cuenta y se cuenta bien.
El respeto a la intimidad de los y las ciudadanas.
La supremacía de los derechos civiles y políticos de los y las ciudadanas

Después de dialogar y analizar nuestras propuestas para una reforma electoral, encontramos que tenemos muchas coincidencias, puntos que consideramos los mínimos para que una reforma electoral tenga como eje la protección y efectividad de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Te invitamos a conocer nuestras coincidencias: Ver comunicado completo

Ver la Columna Bajo Reserva, El Universal, 17 de agosto de 2007.

Visiten el Blog Desde el Olimpo, porque hace un resumen de nuestra propuesta y porqué está increible.

Consulta semanal

2007-08-13T21:47:00.000-07:00

La realización de las campañas electorales en medios electrónicos mediante el uso exclusivo de tiempos oficiales que deberán ser distribuidos de manera igualitaria entre los contendientes. Y sólo en caso de ser necesario, el propio Instituto Nacional Electoral podría comprar tiempos comerciales.

Estamos convencidos de que los ciudadanos queremos bajar el costo de las campañas electorales. Actualmente, los partidos políticos se gastan alrededor del 70% de su financiamiento público para comprar spots publicitarios. Éstos empobrecen el debate y no le informan al ciudadano las plataformas de los partidos ni el proyecto de gobierno del candidato.

En el Comité Conciudadano estamos convencidos de que sería mucho más ilustrativo contar con espacios de tiempo aire en horarios comerciales, adquiridos por el Instituto Nacional Electoral, para la realización de debates entre los candidatos.

comiteconciudadano@gmail.com

Cambio de titular en la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

2007-08-09T08:34:00.000-07:00

Por el reciente cambio en la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judical resulta pertienente exponer los puntos más relevantes que en materia de Justicia Electoral se incluyen en nuestra "Propuesta Ciudadana de Reforma Electoral". En especial los que se refieren a la integración, renovación y designación de los Magistrados que integran la Sala Superior.

En primer término pensamos en ciudadanizar el procedimiento de nombramiento de los magistrados electorales. Los integrantes de la Sala Superior y de las salas regionales serán elegidos por el voto de las cuatro quintas partes de la Cámara de Senadores para que cuenten con un amplio consenso de las diferentes fuerzas políticas.

Las propuestas para ocupar los cargos de magistrados surgirán de la Suprema Corte de Justicia, de organizaciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil. Su renovación será escalonada y deberán contar con una sólida experiencia académica y profesional en derecho público.

Estamos proponiendo establecer un procedimiento de apelación única ante el Tribunal Electoral. La intención es hacer más accesible el sistema de justicia electoral. Una innovación es reconocerle al ciudadano el interés legítimo para combatir los actos jurídico-electorales que, desde su punto de vista, vulneren el marco constitucional y legal que regula las elecciones en México.

En la presentación pública de la propuesta se expuso la motivación y las propuestas principales en materia judicial. Ver exposición.

Te invitamos a opinar sobre este tema. ¿Qué piensas de la renuncia de Flavio Galván a la Presidencia del Tribunal? ¿Qué opinas de la llegada de María del Carmen Alanís a la misma? ¿Qué opinas de la permanencia de Flavio Galván como Magistrado?

Algunas Reflexiones del No Grupo

2007-08-08T09:54:00.000-07:00

Miguel Bazdresh dice:

Sin discutir el IFE no hay reforma en serio... y no
tanto la bronca federal - nacional, sino los procesos en
detalle que hoy ya son un pequeño monstruo que impide
en los hechos la certeza o la hace muy compleja y lo
complejo tiene mayor probabilidad de ser incierto... el
comite conciudadano tiene una muy buena propuesta de
mejora de los procesos que claro implica un cambio del ife
y del cofipe que hoy, en lo sustancial, sigue el esquema
acordado en el 1996 que surge de una idea de
supervigilancia en detrimento de la eficacia y la
simplicidad. Por ejemplo: lo más gordo es el imperativo
de hacer un reseccionamiento es decir hacer nuevas
seccciones porque tenemos el doble fenomeno de
seccciones con diez< casillas es decir diez veces más
personas que las mandadas por ley y secciones vacias
por la migración en las que a pesar de tener un padrón
lleno en la realidad no alcanza ni para formar una mesa
directiva de casilla con los requisitos mínimos.. (estos
detalles y la falta de disposiciones legales que lo cubran lo
hacen pasto de la incerteza) no se diga el problema de la
participación ciudadana en tales mesas de casilla que hoy
ya es un circo... y el viejo - nuevo fenómeno el voto mercenario que sólo se puede
atajar coin un consejo genenral o equivalente del IFE o
equivalente, realmente independiente y valiente... o sea
¿vamos a seguir igual?

Miguel Bazdresch Parada
Jefe del Departamento.
Dpto Educación y Valores. ITESO

La Nausea, por Sergio Aguayo

2007-08-08T06:48:00.000-07:00

En su artículo del día de hoy, Sergio Aguayo habla de la propuesta del Comité Conciudadano, como una rección a lo que vimos en la reciente elección en Baja California. La columna, de quién es también integrante del Comité, se publica en el diario Reforma y en Varios diarios a nivel nacional. Ver nota completa.