COMITÉ CONCIUDADANO RECHAZA PROPUESTA DE TELEVISA PARA INTERCAMBIAR TIEMPOS DEL ESTADO

31 DE MARZO DE 2009

• El Comité Conciudadano se manifiesta en contra de cualquier negociación entre el IFE y empresas mercantiles que busque pasar por encima de la Constitución y la Ley.
• Rechaza la propuesta de Televisa para intercambiar tiempos del Estado en los que se deben transmitir spots tanto de los partidos políticos como de la autoridad electoral.
• El IFE es autoridad en materia de radiodifusión durante el proceso electoral, y su función irrenunciable es hacer cumplir las leyes
• Los tiempos del Estado no son patrimonio de las televisoras; por lo que no deben estar sujetos a la especulación comercial
• Los consejeros del IFE no deben prestarse a este tipo de negociaciones, pues están obligados a velar por el interés público

El Comité Conciudadano, formado por una red de 21 organizaciones civiles y diversos académicos, analistas y expertos en asuntos electorales de varios estados del país, inició ya sus trabajos de observación del proceso electoral en curso.
Como parte de este esfuerzo, el Comité Conciudadano se manifiesta en contra de cualquier negociación entre el IFE y organismos privados que busque pasar por encima de la Constitución y la Ley.
Recientemente, la revista Proceso publicó una nota en la que se denuncia que la empresa Televisa ha propuesto al IFE intercambiar 30 minutos, de los 48 que se consideran “tiempos del estado”, a cambio de que en los programas y noticieros que transmite dicha empresa, aparezcan cintillos, menciones, cortinillas, textos y gráficos a través de los cuales se haga propaganda a partidos y candidatos. La justificación recae en criterios comerciales, pues la empresa considera que los spots de los partidos que está obligada a transmitir, perjudican los niveles de audiencia de los programas. La nota señala que el IFE ha accedido a negociar la propuesta, mediante la integración de un grupo asesor.
El Comité Conciudadano pudo confirmar la veracidad de la propuesta, por lo que reitera que tanto el artículo 41 constitucional, como el artículo 55 del Código Electoral establecen que a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del IFE 48 minutos diarios, que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, entre las 6 y las 24 horas.
Los tiempos del Estado no son patrimonio de las televisoras; por lo que no deben estar sujetos a la especulación comercial; y los Consejeros del IFE no deben prestarse a este tipo de negociaciones, pues están obligados a velar por el interés público en esta materia.
La legislación electoral establece que el IFE es autoridad en materia de radiodifusión durante el proceso electoral, por lo que es su función irrenunciable hacer cumplir las leyes.
El Comité está convencido que la Ley no puede estar sujeta a negociación alguna y que mal harían los integrantes del Consejo General del IFE en colocar las consideraciones de carácter comercial por encima de la vigencia del estado de derecho en el que debe prevalecer el interés general y no los intereses de grupo.
Los argumentos relacionados con la saturación de la audiencia deberán ser analizados, en todo caso, por un grupo especializado del Congreso de la Unión, única instancia con facultades para reformar la norma. Un “grupo asesor” integrado por las televisoras y el IFE no tiene facultades para hacer planteamientos que busquen evitar la vigencia de las disposiciones legales.
Las menciones, cortinillas, textos y gráficos que pudieran aparecer en las transmisiones televisivas a cambio de 30 minutos menos de spots son cuestiones que se encuentran al margen de la ley. Se trata de elementos difíciles de medir por lo que se corre el riesgo de romper la equidad y que se favorezca a candidatos de un partido por encima y en detrimento de los candidatos de otros partidos. Además, se alimentaría una práctica inadmisible: la de presentar propaganda como si fuera contenido noticioso o de entretenimiento
El Comité estará pendiente de la atención y solución que den las autoridades electorales al presente asunto y exhorta a los consejeros del IFE a honrar la protesta que hicieron al asumir su encargo.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, Patricia Bedolla, Laura Berruecos, Leticia Blanco Cardona, Roy Campos, Jesús Cantú, Miguel Concha Malo, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Ana Vanessa González, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Mercedes Saiz, Gabriel Sánchez Díaz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís, Claudia Valdez, Enrique Valencia y Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C., Asociación Sinaloense de Universitarias, Quím. Veneranda Bátiz Paredes, A.C., CENCOS, A.C. , Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C., Centro de Encuentros y Diálogos A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, A.C., Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educación y Ciudadanía, A.C. , Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., INCIDE Social, A.C., Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, A.C., Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable, A.C., Sonora Ciudadana, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

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• El Comité Conciudadano toma nota de que los Consejeros Electorales hayan reconsiderado su anuencia al acuerdo que se tradujo en un aumento sustantivo del a la retribución de los Consejeros Electorales del Consejo General del IFE.
• Preocupa sin embargo la falta de certeza en sus decisiones.

El Comité Conciudadano lamenta la aprobación por la Junta General Ejecutiva del IFE del Manual de Percepciones para el 2009, en lo que corresponde a un aumento significativo en las retribuciones de los Consejeros Electorales del Consejo General del IFE. Refleja una falta de sensibilidad y solidaridad en esta decisión ante la crisis económica y la difícil situación por la que atraviesa la gran mayoría de las familias mexicanas.

En la reciente reforma electoral los legisladores dejaron pasar la oportunidad de modificar la disposición constitucional respecto de las percepciones de los Consejeros Electorales. Consideramos que no es aceptable que con nuestros impuestos se paguen sueldos tan elevados a servidores públicos y que sus percepciones sean tan distantes de los precarios ingresos de la mayoría de la población.

Ante el rechazo generalizado de la opinión pública, los Consejeros Electorales decidieron revisar esa decisión y mantener los niveles de retribución que venían recibiendo. El Comité Conciudadano apoya que se revoque esa decisión a todas luces injusta.

Esperamos asimismo que esta ola de rechazos impulsen a los demás funcionarios del Estado Mexicano que tienen la capacidad de establecer sus propios salarios y prestaciones hagan una revisión a las exageradas e injustificadas remuneraciones que reciben.

Asimismo preocupa la falta de certeza que con este tipo de decisiones poco reflexivas nos transmiten a la ciudadanía. El IFE debe ser una institución sólida en sus decisiones y congruente con los criterios.


Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, CEDAC, CIMAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C., FEMU Sinaloa, Incide Social, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., EDUCIAC, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Sonora Ciudadana, Sinergia, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Laura Berruecos, Miguel Ángel Bazdresch, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Joaquín Osorio, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís y Enrique Valencia.

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• El Comité Conciudadano lamenta la decisión del Consejo General del IFE de no sancionar a las televisoras por evidentes violaciones al COFIPE y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

• Considera que es una renuncia a la autonomía en el ejercicio de su autoridad como garante de procesos electorales equitativos, transparentes y confiables

• Insta a los partidos políticos promotores y autores de la reciente reforma electoral, a presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.





México, D.F. 16 de febrero 2009.

El Comité Conciudadano, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en materia electoral y ciudadanos comprometidos con la democracia, lamenta profundamente la decisión que el Consejo General del IFE tomó el viernes pasado de no sancionar a Televisa y TV Azteca, ante las evidentes y públicas violaciones a las disposiciones contenidas Código de Procedimientos e Instituciones Electorales. El sobreseimiento de la multa por 7 millones de pesos a TV Azteca y 4 millones a Televisa significa una renuncia al ejercicio de su autoridad y lastima la confianza sobre la imparcialidad y real autonomía del IFE.



El Comité Conciudadano expresa su preocupación por la debilidad con la que a propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños los consejeros electorales Benito Nacif, Marco Antonio Gómez, Arturo Sánchez y Francisco Guerrero votaron por no sancionar a las televisoras. La Consejera Macarita Elizondo aunque votó en contra de la propuesta de Marco Antonio Baños, estaba a favor de que no se sancionara a las empresas. Reconocemos la congruencia de los tres consejeros que se sostuvieron en el ejercicio de la sanción: Leonardo Valdés, Virgilio Andrade y Alfredo Figueroa.



La decisión del Consejo General frente a la arrogancia y colusión con la que proceden las televisoras, no solamente dejó impune la violación, entre otros del artículo 350, fracción d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Legales (COFIPE) sino también del artículo 5º de la ya de por sí trunca Ley Federal de Radio y Televisión.



Se esperaba que el órgano electoral sancionara a Televisa y a Televisión Azteca por introducir en forma concertada e irregular, durante la transmisión de juegos de fútbol, un bloque de anuncios electorales precedidos de una cortinilla formulada por las propias empresas de televisión, con la clara intención de generar molestia del público en contra del IFE y de las campañas políticas .



El pasado viernes de manera inexplicable y después de varios días de discusión, el órgano decidió no aprobar el dictamen sancionatorio presentado por la secretaría ejecutiva al Consejo General sin tener argumentos legales convincentes, sosteniendo simplemente que se había logrado un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).



Ante ello, el Comité Conciudadano exige una explicación al Consejo General del IFE de por qué dejaron de ejercer las funciones que les han sido encomendadas, qué papel jugó la intervención del Secretario de Gobernación y que motivó el cambio de las posturas originales de los consejeros electorales para no sancionar una clara violación a la Ley por parte de las televisoras



El Comité recuerda a los partidos políticos que antes de pedir el voto de los ciudadanos, consideren que se asumen como representantes de los intereses e inquietudes ciudadanas y no de empresas monopólicas que nada o muy poco tienen que ver con la mayoría de los ciudadanos. Por lo mismo, insta a los partidos políticos, ya que son los únicos facultados para hacerlo, a no dejarse amordazar por las televisoras y presenten un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No hacerlo significa que renuncian a hacer cumplir la legislación electoral que ellos mismos promovieron a través de sus representantes en el Congreso.



Con esta decisión de no sanciona a Televisa y Tv Azteca, el Consejo General del IFE no solo pierde autonomía sino que minimiza los efectos de la reforma electoral aprobada en septiembre del 2007, cuyo objetivo principal fue el de recuperar la credibilidad del órgano electoral, regular la intervención de los medios de comunicación electrónica y garantizar la equidad en la contienda entre los diferentes partidos políticos.





Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, CEDAC, CIMAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C., FEMU Sinaloa, Incide Social, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., EDUCIAC, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Sinergia, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.



Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Laura Berruecos, Miguel Ángel Bazdresch, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Lourdes Morales, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís y Enrique Valencia

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C.

Tiene el agrado de invitarle a la presentación de los documentos:

Por un Congreso con Rostro. ¿Que representan los que quieren representarnos?

Una Propuesta Ciudadana de Observación y Reforma Electoral.

Manual Ciudadano de Participación en Procesos Electorales

Estas tres publicaciones son resultado de los proyectos llevados a cabo por un grupo de organizaciones y de académicos en relación con el proceso federal electoral del año 2006, uno refiere a una investigación sobre los procedimientos que realmente siguieron los partidos para elegir a sus candidatos y candidatas y la información sobre las biografías de los candidatos a diputados que el colectivo de organizaciones intentó recabar y difundir entre la población; los dos siguientes recogen la experiencia del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral y una propuesta que amplia las actividades de los procesos electorales en los que deben y pueden participar los ciudadanos.

Comentaristas

Rogelio Gómez Hermosillo

José Antonio Crespo

Rosa Ma. Rubalcava,

Moderador

Alfredo Figueroa Fernández

martes 24 de junio a las 18:00 horas

Librería Rosario Castellanos/Fondo de Cultura Económica

Tamaulipas 202 esq, Benjamín Hill

Col. Hipódromo Condesa / Ciudad de México

Vino de Honor

comiteconciudadano.blogspot.com, www.incidesocial.org

55-90-87-54 y 55-79-99-63

EN MANOS DEL CONGRESO, OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE RECONSTRUIR LA CONFIANZA EN LA AUTORIDAD ELECTORAL: CCRE

Texto completo en PDF

• El CCRE reconoce reformas importantes a la legislación electoral
• Queda pendiente la reducción en el financiamiento ordinario
• Fueron omisas en fortalecer las atribuciones de los consejos locales y distritales que tienen un papel central en la organización de las elecciones
• Reprobamos enérgicamente que se traspasen votos a los partidos que apenas alcancen una votación de 1 %
• Los partidos no pueden traficar con los votos y alterar la voluntad expresada en las boletas
• Afectan la calidad ciudadana y autónoma del IFE las limitaciones impuestas al Consejo General
• El crimen organizado amenaza a todo el sistema electoral del país
• El proceso de selección de consejeros electorales ha estado plagado de descuidos y falta de responsabilidad de algunos diputados y diputadas.
• No han sabido ejercer su encomienda de manera imparcial, suficientemente informada y exenta de intereses meramente partidistas
• En diversos aspectos, se han cometido violaciones a los derechos de los ciudadanos que participaron en el proceso.
• Por ello, es riesgoso el método de insaculación entre los 39 candidatos y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.
• Se requiere un nuevo Consejo General con gran fuerza y calidad moral, con consejeros que tenga peso propio y no derivado de sus nexos con los grupos de poder
• Los partidos en el Congreso todavía tienen la oportunidad histórica para reponer la confianza perdida en la autoridad electoral.

Desde el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) realizamos a continuación un balance general de la reciente reforma donde buscamos destacar los avances, las insuficiencias y los riesgos de las nuevas disposiciones legales que regirán el sistema electoral de nuestro país. Este balance lo realizamos desde la mirada de los derechos políticos de los ciudadanos, mismos que hemos tratado de defender a través de nuestras actividades y posicionamientos.

De la relación con los medios de comunicación

Sin duda celebramos los importantes cambios legales respecto del uso de tiempos en los medios de comunicación para las campañas electorales. La prohibición para que los partidos políticos puedan contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión responde a una sentida exigencia ciudadana. Asimismo, la decisión de limitar la difusión de la propaganda política y de los partidos políticos, solamente a los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, administrados por el Instituto Federal Electoral, impactará el monto total de los recursos públicos que se destinan a los procesos electorales y constituye un importante ingrediente para alcanzar mayor equidad en las contiendas.

También consideramos un acierto la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las respectivas jornadas electorales.

El Comité no detecta atentado alguno contra la libertad de expresión, en contraste con lo que se difundió en el momento de la aprobación de la reforma y con los intentos recientes de promoción de amparos por organismos empresariales y algunos miembros de la comunidad de intelectuales. Por el contrario, este derecho se ve ahora ampliado con las nuevas disposiciones constitucionales que garantizan el derecho de réplica que genere la libre manifestación de las ideas y entiende que dicha determinación deberá abonar en la construcción de una democracia más equitativa.

Del financiamiento a los partidos y campañas

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el Comité encuentra en la reforma avances en la reducción tanto del financiamiento privado autorizado a los partidos, como en el uso de recursos públicos para efectos de las campañas políticas.

Sin embargo, queda pendiente la reducción en el financiamiento ordinario, o sea el dinero que reciben los partidos políticos para sus actividades cotidianas como son los salarios a los dirigentes y trabajadores, la renta de sus oficinas, entre otras. Este tipo de financiamiento no sólo no se reduce, sino que con la aplicación de la fórmula incorporada en la Constitución con la reforma, este financiamiento aumenta.

Al realizar una proyección a 10 años del financiamiento a los partidos políticos de acuerdo a las nuevas disposiciones, el Comité Conciudadano detecta que el ahorro real será de sólo el 11 por ciento, por lo que no considera que se trate de un ahorro importante que efectivamente responda a la demanda de ciudadanos y organizaciones civiles para reducir el gasto total de los partidos y las campañas en un 50 por ciento. El Comité considera que seguiremos pagando un alto costo por las actividades de los partidos políticos y de los procesos electorales.

De las coaliciones

En cuanto a las nuevas disposiciones legales en materia de coaliciones, el CCRE estima que es un avance obligar a los partidos políticos a aparecer en las boletas electorales con emblemas separados. Se trata en varios casos, de partidos políticos que se han beneficiado de recursos públicos por más de 20 años, sin que hayan probado contar con un respaldo ciudadano que justifique su presencia en las contiendas electorales. Tampoco algunos de ellos, han sido ejemplo de prácticas ni democráticas, ni transparentes en su gestión.

En consecuencia, reprobamos enérgicamente la decisión aceptada en la legislación de traspasar votos a los partidos políticos que alcancen una votación por encima del 1 por ciento, pero no logren obtener el 2 por ciento  necesario para que puedan conservar su registro. Consideramos que los partidos políticos no deben traficar con los votos de los ciudadanos y alterar la voluntad expresada en las boletas por cada votante, pues se trata de una violación a los derechos políticos de los electores.

De la fiscalización de los gastos

Para el CCRE es también un avance importante el eliminar el secreto bancario, fiduciario y fiscal para que el IFE pueda realizar la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

Sin embargo, en la Reforma se eliminó la Comisión de Fiscalización del Consejo General y ahora la fiscalización de los recursos de los partidos políticos recaerá en un Órgano Técnico de Fiscalización que cuenta con autonomía de gestión, aunque dependa del Consejo General. El CCRE considera indispensable que se involucre a los Consejeros Electorales en los procesos deliberativos de dicha unidad. De lo contrario, va a resultar sumamente complejo que el Consejo General pueda imponer, en su caso, las sanciones sin conocer con la anticipación y profundidad suficientes, los dictámenes que se le presenten.

De la organización en comisiones del Consejo General

Para el Comité Conciudadano las limitaciones impuestas a los Consejeros Electorales del Consejo General para organizarse en comisiones y para relacionarse con la estructura profesional del Instituto, afectan la calidad ciudadana y autónoma del IFE. Las nuevas disposiciones limitan a tres consejeros la integración de las comisiones, les prohíbe participar en más de dos comisiones, establece presidencias rotativas de las mismas, permite la participación de representantes de los partidos y del Poder Legislativo en las comisiones y elimina la participación de las direcciones ejecutivas en la función de secretarías técnicas de las comisiones. Con estas disposiciones se pone en riesgo la credibilidad de la institución que precisamente se había ganado a partir de su carácter ciudadano y del papel de vigilancia y supervisión que ejercían los Consejeros Electorales en todos los trabajos del IFE por vía de las Comisiones.

El CCRE considera que la elección recientemente realizada por el Consejo General del IFE del responsable del Órgano Técnico de Fiscalización, así como la integración de las comisiones permanentes y la designación de sus presidentes sin que hubiese concluido el nombramiento de los nuevos consejeros electorales, muestra una clara falta de prudencia del actual Consejo General respecto de decisiones fundamentales para la vida del Instituto.

De la ausencia de disposiciones para fortalecer a los consejos locales y distritales

Por el contrario, el CCRE proponía fortalecer las facultades y atribuciones de los consejos electorales que, debemos recordar, garantizan la presencia ciudadana en la organización y vigilancia del proceso electoral, especialmente de los consejos locales y distritales que muchas veces se ven imposibilitados de intervenir oportunamente para frenar violaciones a la legislación electoral y generar condiciones equitativas en las contiendas. Es al nivel de los consejos distritales que se revisan las actas y en su caso, se recuentan los votos emitidos en las casillas.

Las nuevas disposiciones dejan intactas las facultades y atribuciones de los consejos locales y distritales. Un factor importante de la desconfianza suscitada en la pasada elección presidencial deriva de la gran centralización de las decisiones, que conlleva una falta de oportunidad para tomarlas y aplicarlas en los 300 distritos electorales en los momentos en que son necesarias y útiles.

De la contraloría general del IFE

Si bien el CCRE reconoce la importancia de la rendición de cuentas en todos los cargos y las dependencias públicas, especialmente en los órganos constitucionales autónomos, no comparte la solución planteada en la reforma electoral al establecer que el titular de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral sea designado por la Cámara de Diputados. Esta nueva disposición invade la autonomía del IFE ya que el encargado de resolver las quejas planteadas contra los funcionarios y servidores públicos de la institución es nombrado, y en su caso reelecto o removido, precisamente por los diputados de los grupos parlamentarios de cada partido político, que son precisamente los sujetos al “arbitraje” del IFE.

El tema de falta de claridad en los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos autónomos es generalizado y resulta preocupante que sea precisamente para el IFE, que el Congreso adopte una decisión como la descrita. Aunque se establecen algunas disposiciones que pretenden salvaguardar la independencia y autonomía de la institución, como es que en caso de faltas graves cometidas por los Consejeros Electorales del Consejo General, el Contralor integrará un expediente que someterá a consideración de la Cámara de Diputados. Es razonable pensar que los grupos parlamentarios pueden generar temor al ejercicio libre de la función electoral por medio del Contralor General.

Del nombramiento de los Consejeros Electorales

El Comité Conciudadano reconoce el avance que significó la inclusión en la reforma constitucional de la previsión de una amplia consulta social para nombrar al Consejero Presidente del Consejo General del IFE y a los nuevos consejeros del IFE.

Sin embargo, desde la perspectiva del Comité Conciudadano en la aplicación por primera vez del procedimiento de convocatoria pública, el proceso ha estado plagado de descuidos y de falta de responsabilidad de algunos diputados y diputadas. Lo que podemos observar es que los integrantes de la Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no han sabido ejercer su encomienda de manera imparcial, suficientemente informada y exenta de filias y fobias, para proponer al pleno a las personas que participarán en el arbitraje de las contiendas electorales.

Desde la primera depuración de la lista de aspirantes detectamos con preocupación que se dejaron fuera a personas que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. El Comité Conciudadano formuló una petición a la Cámara de Diputados el pasado 5 de diciembre para que se nos informara de los criterios aplicados en la primera depuración de candidatos en donde incluimos la sugerencia de que se notificara a cada uno de los candidatos rechazados las razones para no considerarlos en las fases siguientes del proceso, tomando en cuenta que habían realizado un gran esfuerzo para reunir la documentación solicitada y que en varios casos, se habían trasladado a la ciudad de México para entregarla.

A este respecto el Comité recibió respuesta en carta fechada el 6 de diciembre de 2008 en donde el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, nos responde lo siguiente: “Los criterios se reducen a determinar que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 76, numeral 1, incisos a) a la j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y punto primero y segundo de la Convocatoria para la Integración del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral de 20 de noviembre de 2007”., para señalar a continuación que los que requirieron valoración son los relativos a: “poseer título profesional o formación equivalente, tener conocimiento en la materia político-electoral y el ensayo sobre la aplicación de la Reforma Constitucional en Materia Electoral”.

Nos parece evidente que existe una clara confusión entre lo que son criterios de evaluación y requisitos establecidos en la convocatoria. Queda pues en la oscuridad cómo y con qué criterios valoraron los requisitos establecidos en el Código y la convocatoria.

Respecto de los 106 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa, el Comité Conciudadano observó que recibieron un trato diferenciado por parte de los cuatro grupos de diputados y diputadas encargados de entrevistarlos. En algunos casos fueron descorteses y agresivos con algunos de los y las postulantes. Asimismo fue notable la ausencia de diputados y diputadas en las rondas finales donde en varios casos las entrevistas se llevaron a cabo con la presencia de sólo dos legisladores. Por ello no todas las calificaciones resultaron consistentes con respecto de la percepción pública y comprobable del nivel de conocimiento, experiencia, independencia y calidad moral de varios de los candidatos y candidatas entrevistados.

El procedimiento de evaluación de los aspirantes se fue deteriorando y en las dos fases principales del mismo, fueron los candidatos que se registraron el último día de la convocatoria, los que resultaron más afectados por la falta de uniformidad y responsabilidad en la aplicación de los criterios de selección.

Con todo ello y a pesar del número y calidad de los ciudadanos que se inscribieron y que demostraron plenamente que en todo el país existen muchas personas con la capacidad, la calidad moral y el conocimiento para ejercer la función de la más alta autoridad electoral, el comportamiento de los partidos políticos representados en el Congreso, redujo sensiblemente las posibilidades de contar con varios candidatos viables para la selección final.

El CCRE considera lo ocurrido como una violación a los derechos de los ciudadanos que decidieron participar en este proceso.

Existe el riesgo de que la selección final privilegie candidatos incondicionales a los partidos políticos, por sobre candidatos independientes, imparciales y reconocidos.

Dada la poca certeza de la calidad de las calificaciones asignadas a los aspirantes, vemos riesgosa la propuesta de utilizar un procedimiento de insaculación entre los 39 candidatos y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.

El Comité Conciudadano ve con suma preocupación la evidente violación a la Constitución resultante de haber pospuesto la selección de los tres nuevos consejeros que serían nombrados a partir del 14 de diciembre, así como a los consejeros que junto el entonces presidente del Consejo, saldrían del mismo.

Hace un llamado a los diputados y diputadas para que resuelvan cuanto antes la crisis constitucional en la que nos encontramos. Asimismo, exhortamos al Consejero Presidente Provisional y a los Consejeros Electorales para que reconsideren seriamente su permanencia en el Consejo General del IFE.

El Comité considera que entre los ciudadanos y ciudadanas que se registraron como candidatos para ocupar las posiciones de consejeros del IFE, existe una buen número de personas que cuentan con una trayectoria profesional con pruebas de conducta ética, probidad, imparcialidad y apego a la ley, además de una sólida experiencia y conocimiento en materia electoral e independencia respecto de los partidos políticos y de otros grupos que detentan y buscan el poder en nuestro país.

Oportunidad histórica única para elegir consejeros electorales confiables

Consideramos que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, tienen una oportunidad histórica única en la elección de los nuevos y nuevas integrantes del Consejo General del IFE para reponer la confianza perdida en la autoridad electoral y garantizar que los procesos electorales sean equitativos y exista certeza, imparcialidad y confianza de que el voto de los ciudadanos se contará y se contará bien.

Requerimos de un Consejo Electoral formado por personas con calidad moral demostrada, reconocimiento público por su trayectoria profesional y ciudadana, compromiso con la democracia y capacidad probada para enfrentar de manera imparcial y colocando el interés general por sobre los intereses particulares, los crecientes riesgos que observamos en los procesos electorales en el país.

Riesgos presentes en los procesos electorales

Si bien la reforma electoral reduce el peso de la intervención de las empresas de medios de comunicación en los procesos electorales, no avanzó en medidas que prevengan el uso de dinero público y privado o de amenazas de distinto tipo a los votantes para inducir su voto en favor de uno u otro candidato. Estamos seguros que un mayor volumen de recursos derivados de los grupos políticos y de los intereses fácticos se destinarán en el futuro hacia la compra y coacción del voto ciudadano ante la gravedad de los niveles de desigualdad y ausencia de ciudadanía social que prevalecen en el país. El riesgo de utilización de los recursos y programas sociales con fines electorales se observa tanto al nivel federal, pero particularmente por parte de gobiernos estatales y municipales exentos de cualquier tipo de vigilancia y rendición de cuentas.

Como ocurrió recientemente en Tamaulipas y Michoacán la presencia del crimen organizado en el financiamiento de campañas, en el condicionamiento de candidatos e incluso, en el asesinato de aquellos que pretendan contender fuera de sus redes de dominio, es un fenómeno que amenaza a todo el sistema electoral del país.

La reforma tampoco previó mecanismos para evitar que los partidos y los intereses fácticos puedan penetrar y apoderarse de las estructuras de organización y capacitación electoral. Incluso algunos de los 39 candidatos que lograron pasar a la ronda final para consejeros electorales, tienen claros vínculos e incluso militancia en partidos políticos o están fuertemente relacionados con grupos políticos dentro de los partidos.

El CCRE detecta el riesgo creciente de que grupos de interés político, sindicatos, políticos locales, gobernadores y presidentes municipales inserten a sus representantes en los consejos locales y distritales, penetren las estructuras de organización y capacitación de los procesos electorales, coloquen funcionarios de casilla que respondan a sus intereses e incluso, entren al servicio profesional de carrera. Las sustituciones de funcionarios de casilla por la renuencia de la población a participar, son un mecanismo que facilita la incorporación interesada de representantes de esos poderes.

Enfrentar estas nuevas realidades demanda de un nuevo Consejo General con gran fuerza y calidad moral, en donde cada uno de sus integrantes tenga peso propio y no derivado de sus nexos con los grupos de poder y que en conjunto, tengan la capacidad de concitar el respaldo y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas, así como de los partidos políticos.

Sólo así los grupos parlamentarios contribuirán realmente a la reconstrucción de una institucionalidad electoral que nos permita confrontar la cultura del autoritarismo y la subordinación para avanzar en la efectiva realización de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas de México. 

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Rubén Alonso, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, José Bautista, Kristian Bernal, Miguel Bazdrech, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Alfredo Figueroa, María Fernanda Gálvez, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Gabriel Sánchez, Irma Eréndira Sandoval, Rodrigo Salazar, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís, Enrique Valencia, Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C, Incide Social, A.C., Matraca, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red por la Participación Ciudadana, A.C.

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Contacto de prensa: Sergio Leñero 5533-6475 y 76

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la violación a derechos humanos de Lydia Cacho

"¡Simplemente no lo aceptamos!"

Las Organizaciones que formamos parte de la Campaña Contra la Explotación Sexual Infantil "¡Simplemente no lo aceptamos!" entregaremos a la SCJN firmas en repudio por la decisión de avalar la impunidad y la corrupción de Mario Marín y de la red de explotación sexual comercial infantil.

La cita es el próximo jueves 6 de diciembre a las 12 horas

frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pino Suárez # 2 Col. Centro.

¡Los esperamos!

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ALERTA EL COMITÉ CONCIUDADANO SOBRE MANEJO OPACO DE LA REFORMA ELECTORAL

• El CCRE denuncia falta de transparencia en la reforma a las leyes secundarias
• Se percibe la intención de los partidos políticos por controlar a la autoridad electoral y limitar su autonomía
• Advierte el riesgo de omitir temas indispensables para concretar la reforma electoral.
• Es necesario fortalecer a los consejos locales y distritales
• Es preciso proteger a los programas sociales de cualquier intento de uso con fines electorales.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) expresa preocupación por la manera en la que se ha venido llevando a cabo la reforma a las leyes secundarias en materia electoral, una vez publicada la reforma constitucional en el Diario Oficial, el pasado 14 noviembre.

El Comité rechaza tajantemente la opacidad en estos procedimientos que deberían de llevarse a cabo de cara a la ciudadanía y con su participación, dando a conocer los avances en la redacción de las leyes secundarias, en especial del COFIPE.

Las discusiones en el seno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) se llevan a cabo con documentos que se han hecho del conocimiento de sus integrantes con muy poca anticipación y sobre los cuales se formulan observaciones por escrito, sin discutir ni ventilar los argumentos de cada una de las fuerzas políticas. En esta reforma deberían participar todos los grupos parlamentarios y la ciudadanía.

Esta opacidad propicia que solamente algunas personas y grupos de interés con acceso a los congresistas y representantes de los partidos políticos que realmente están diseñando la reforma, intervengan en el proceso de cambios legales y en la selección de los nuevos integrantes del Consejo General, para promover sus intereses personales y de grupo.

No existe certeza de que los documentos que se presentan a la comisión respectiva del CENCA donde participan representantes de los ocho partidos en el Congreso, sean los documentos que efectivamente está revisando el grupo de nueve representantes de los tres partidos grandes que acordaron la Reforma Constitucional en materia electoral.

De lo poco que se ha podido conocer sobre las propuestas de reforma a las leyes secundarias, el Comité Conciudadano encuentra preocupante la pretensión de modificar el funcionamiento colegiado y democrático del Consejo General del IFE, así como el intento de que los partidos políticos tengan una mayor intervención en la vida y decisiones del Instituto, lo que se suma a la designación de la contraloría del Instituto por el Congreso, a la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización y a la desaparición de la comisión respectiva del Consejo General.

El Comité considera que para lograr confiabilidad en la autoridad electoral, la tendencia debería ser el fortalecimiento de las facultades de los consejos locales y distritales, que es en realidad donde la elección se organiza y decide. Ejemplo de ello debe ser el otorgar facultades investigación y sanción a esos órganos, además de darles el carácter de permanencia, por lo menos de manera parcial.

Los consejos locales y distritales deben tener facultades, como órganos ciudadanos de dirección, de sancionar las conductas indebidas de los miembros del Servicio Profesional.

Si los legisladores no fortalecen las instancias de ciudadanas, la legitimidad misma de la reforma estará en riesgo y en ella se privilegiarán los intereses de los partidos y no la necesidad de contar con autoridades electorales más eficientes y confiables.

En cambio, en las reformas propuestas, el Comité detecta una clara intención de los partidos políticos por crear una estructura de acuerdo a sus necesidades de control, asignando a la nueva contraloría del IFE atribuciones y recursos que socavan sustancialmente la autonomía de la autoridad electoral, al pretender asignar al contralor funciones de vigilancia no sólo sobre el ejercicio de recursos sino de conductas y decisiones de los consejeros en el ejercicio de sus atribuciones. Resulta un precedente inaceptable que en el recientemente aprobado Presupuesto de Egresos se hayan etiquetado 100 millones de pesos para la Contraloría del IFE, lo cual vulnera la autonomía de un órgano de Estado. Con ello se asignan recursos para crear una estructura paralela en todo el país, que no esté bajo el control de los órganos ciudadanizados.

Las reformas al COFIPE son omisas respecto de prácticas de simulación que propicia la evaluación del servicio profesional electoral y no atiende a las grandes disparidades en retribuciones entre el Consejo General y sus asesores, la Secretaría y Direcciones Ejecutivas respecto de los consejos y vocalías locales y distritales y del personal administrativo y de campo.

La reforma propuesta no considera cambios indispensables en la estructura y organización del Instituto, que tomen en cuenta los aprendizajes sobre su funcionamiento a lo largo de más de diez años, tales como la fusión de las áreas de capacitación y organización electoral y el fortalecimiento del área de educación cívica.

Con relación al proceso de selección del Consejero Presidente y dos de los Consejeros Electorales, el Comité Conciudadano exhorta a los legisladores a que garanticen el contenido de la reforma constitucional que aprobaron en días pasados haciendo una amplia y efectiva consulta a la sociedad y no únicamente un procedimiento de simulación. Solicitamos que se transparenten y se hagan públicos los perfiles de los aspirantes, se someta a éstos al escrutinio público y se expresen con toda claridad los criterios de selección que las y los legisladores aplicarán en esta designación. Si no se lleva a cabo un genuino proceso de selección, se pondrán en entredicho otros avances alcanzados con la reforma constitucional.

El Comité Conciudadano demanda que se legisle en temas fundamentales para lograr procesos electorales más confiables, equitativos y eficientes. Destacan los siguientes aspectos:

1. La protección de los programas sociales. Es preciso regular la publicidad acerca de estos programas para evitar su uso con fines electorales y sancionar oportuna y contundentemente a los servidores públicos que los utilicen en forma facciosa. También es preciso hacer accesible la denuncia colectiva
2. La garantía de aleatoriedad para la selección de ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios de casilla; es indispensable asegurar asimismo que su capacitación sea de calidad para que puedan desempeñar mejor sus labores durante la jornada electoral.
3. El urgente y necesario el fortalecimiento de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral para hacer efectivas sus facultades de vigilancia y supervisión de todas las etapas de los procesos electorales.
4. El establecimiento en el COFIPE de un fondo para la observación electoral que pueda aplicarse a proyectos de observación a lo largo de cada proceso electoral y no sólo de las últimas etapas.
5. La fusión de las direcciones y vocalías ejecutivas de capacitación y de organización electoral para hacer más efectivo y eficiente el trabajo durante las elecciones.
6. La realización de las adecuaciones necesarias al Libro Sexto del COFIPE para hacer eficaz y reducir los costos que implica la organización del voto de los mexicanos en el extranjero.
7. La garantía de un sistema de justicia electoral más accesible a los ciudadanos y que proteja de manera efectiva sus derechos político electorales.
8. La protección efectiva de la intimidad de los ciudadanos frente al abuso de los nuevos medios de información y de la publicidad exterior con fines de propaganda electoral.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral insiste en que la confianza en las elecciones sólo se recuperará si se privilegia la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, por encima de los intereses de los partidos, de grupos y personas con acceso a las cúpulas de poder.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Rubén Alonso, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, José Bautista, Kristian Bernal, Miguel Bazdrech, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Alfredo Figueroa, María Fernanda Gálvez, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Gabriel Sánchez, Irma Eréndira Sandoval, Rodrigo Salazar, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís, Enrique Valencia, Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C.

Alianza Cívica, A.C.

CENCOS

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C.

Educa - Oaxaca A.C

Incide Social, A.C.

Matraca, A.C.,

No Grupo de Jalisco

Presencia Ciudadana Mexicana, A.C.

Red por la Participación Ciudadana, A.C.

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