En conferencia de prensa el día de hoy el Comité Conciudadano dió a conocer este documento.

RIESGOS DE UNA REFORMA A MODO DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS Y A ESPALDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

• Claroscuros en la propuesta de reformas constitucionales en materia electoral

• Preocupa la poca transparencia del proceso para negociar los acuerdos

• No parecen haber incluido preocupaciones centrales de diversas voces de sociedad civil

• Se vulneran la ciudadanización y la autonomía del IFE

• No hay una reducción significativa en el financiamiento asignado a las tres principales fuerzas políticas (Ver presentación PDF (228K)

• Nueva forma de distribución de recursos plantea la creación de un tripartidismo multimillonario

Después de realizar un análisis de la propuesta de reformas constitucionales en materia electoral que dio a conocer la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en el Palacio de Minería el pasado 30 de agosto, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral reconoce algunos avances y manifiesta su preocupación por importantes retrocesos que se plantean en diferentes aspectos.

Expresa asimismo su preocupación por la poca transparencia del proceso seguido por el Congreso y los tres partidos políticos mayoritarios, para negociar sus acuerdos, ya que después de una supuesta consulta ciudadana realizada en el Puerto de Veracruz, no parecen haber incluido preocupaciones centrales manifestadas por diversas voces de la sociedad civil.

Aun cuando todavía están pendientes de resolver puntos fundamentales para que la propuesta pueda ser considerada una reforma electoral de fondo, así como la propuesta definitiva que se presentará en el pleno de la Cámara de Diputados y las modificaciones que se realicen a las leyes secundarias, el CCRE desea reconocer algunos avances.

• La regulación de precampañas

• La disminución de tiempos de campañas

• La eliminación de secreto bancario, fiscal y fiduciario para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos

• La prohibición de que los tres niveles de gobierno hagan publicidad gubernamental mencionando nombres, imágenes voces y símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público

• La facultad del IFE para sancionar a partidos, agrupaciones políticas, personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que infrinjan las disposiciones constitucionales y legales

• La liquidación de los partidos que pierdan su registro

De igual forma queremos advertir sobre los riesgos que plantean algunas de las propuestas de reforma constitucional que ya han sido acordadas por las tres principales fuerzas políticas.

• Entre ellos se encuentra la vulneración de algunos de los pilares fundamentales sobre los que debe sostenerse el IFE como autoridad responsable de la organización de los procesos electorales, tales como la ciudadanización y la autonomía. La pretensión de crear una Contraloría nombrada por el poder legislativo para fiscalizar la actuación del IFE y un órgano de fiscalización de los partidos, con autonomía de gestión, aún cuando se coloque al interior del IFE, plantean graves amenazas a la autonomía del Instituto y al carácter ciudadano de la facultad para vigilar y controlar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos. El CCRE reconoce la necesidad de que los órganos autónomos y sus funcionarios también rindan cuentas a la sociedad sobre su gestión y se conduzcan sobre la base de los principios de honestidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, consideramos que una Contraloría designada por los partidos políticos representados en el Congreso significará un foco de permanente tensión al interior de la Institución y una amenaza a su autonomía. Por otra parte, despojar a los consejeros electorales de la facultad de participar a través de una comisión específica en el análisis y deliberación de la forma en que los partidos políticos hacen uso de los recursos, y crear un organismo prácticamente autónomo, limitado a realizar auditorias que sólo conducirán a observaciones generales sobre el estado de las finanzas de los partidos, debilita el carácter ciudadano de la vigilancia del ejercicio de recursos públicos de los partidos. Ello constituye un retroceso de la mayor gravedad

• El CCRE desea hacer hincapié en que la fórmula presentada para el cálculo de los recursos de los partidos, si bien disminuye los gastos de campaña, supondrá a lo largo del tiempo, aumentos al financiamiento ordinario. De acuerdo con el cálculo elaborado por los expertos del Comité Conciudadano, sobre la base del procedimiento propuesto, NO HAY UNA REDUCCION SIGNIFICATIVA EN EL FINANCIAMIENTO ASIGNADO A LAS TRES PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS. La propuesta de la comisión senatorial intenta vender como valor de la reforma la reducción del financiamiento, pero ello no se ajusta a la realidad. Si, como aseguran algunos dirigentes políticos, al dedicar mayores recursos a las tareas ordinarias se aspira al fortalecimiento del sistema de partidos, el CCRE enfatiza que esa aspiración no necesita ir acompañada de presupuestos multimillonarios. Además, la fórmula que establece para el 2010 la distribución de los recursos exclusivamente con base en el número de votos obtenidos en la elección anterior plantea un principio de inequidad y ahogará a los partidos emergentes. Mientras, creará un tripartidismo multimillonario. (Ver presentación PDF 228K)

• El CCRE también desea advertir sobre el riesgo que representa disminuir atribuciones al Tribunal Electoral para la defensa de los derechos políticos de los militantes de los partidos. Consideramos que al establecer que se tienen que agotar las instancias internas de los partidos para poder llevar inconformidades al Tribunal se vulnera la garantía de defensa de los derechos a ser votado y acceder a la justicia en lo general.

• En la propuesta no encontramos consideración alguna para hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos como lo propuso el CCRE, no se reconoce el interés legítimo del ciudadano o ciudadana para inconformarse en materia de elecciones y no se prevén mecanismos para que la ciudadanía impugne los actos de los partidos políticos.

• Se cierra definitivamente la puerta a las candidaturas independientes, al incluir en el texto constitucional la prohibición expresa para lograrlo. Lo anterior implica que no se respeta de manera integral el derecho que todo ciudadano o ciudadana tienen a ser votados si no es a través de un partido político. Ello contraviene tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, firmados por nuestro país. Si bien este tema genera un intenso debate, existe consenso en el CCRE en torno a que la forma en que operan en la práctica los partidos políticos nacionales tampoco garantiza ese derecho a los ciudadanos y ciudadanas pues, como ha quedado demostrado, en reiteradas ocasiones no se respetan las reglas que las propias instituciones políticas se han dado para la selección de sus candidatos a puestos de elección popular y su militancia tiene dificultades para aspirar a puestos de elección popular.

• El tema medular de lo que sería la reforma electoral, la relación con los medios de comunicación, apenas fue planteado de manera ambigua en la propuesta presentada y estamos a la espera de conocer el dictamen de las comisiones legislativas. De no concretarse la prohibición para la compra de tiempos comerciales para propaganda político-electoral, se habrá perdido la gran oportunidad para liberar a los actores políticos de uno de los grandes poderes fácticos que tiene sometida a la clase política. Sin este elemento fundamental la reforma electoral resultará una reforma superficial.

OMISIONES GRAVES

• Uno de los grandes temas ausentes es la ciudadanización del proceso de elección de miembros del Consejo General del IFE, magistrados y el o la fiscal especial para delitos electorales. De nada servirá que el actual Consejo General del IFE termine antes de tiempo su mandato si no se avanza en el establecimiento de un mecanismo novedoso de elección de sus integrantes que sea de cara a la nación y permita la participación de la sociedad. La propuesta del CCRE al respecto plantea que este nombramiento se derive de una convocatoria pública emitida por la Cámara de Diputados, la cual permita que organizaciones de sociedad civil y académicas presenten candidaturas. Tras hacer una primera depuración de la lista de candidatos o candidatas, el Congreso procedería a realizar comparecencias públicas y se abriría la posibilidad de que los mexicanos y mexicanas interesadas tengan la posibilidad de hacer observaciones e incluso presentar objeciones a las candidaturas. Al final de cuentas serían los propios legisladores, con el voto de las cuatro quintas partes de los miembros presentes de la Cámara de diputados, los que tomarían la decisión definitiva, contando con el visto bueno de los Senadores. Los legisladores tendrían la obligación de resarcir la confianza en las autoridades electorales mediante un procedimiento de elección democrático y de cara a la ciudadanía del Consejo General, de los integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la FEPADE

• Otra de las grandes omisiones es la relativa a la creación del Instituto y Tribunal Nacionales. Si bien se abre la posibilidad de que el IFE realice comicios estatales, este punto no se establece como obligación y seguiremos viviendo procesos electorales de diverso nivel de calidad y eficiencia. Seguiremos teniendo ciudadanos de primera y de tercera, hablando en términos democráticos, y procesos electorales en los que los poderes políticos locales ejercen una influencia abrumadora. Tampoco se logrará reducir el costo de las elecciones por esta vía.

• La propuesta es omisa en el establecimiento de la autonomía de Fiscalía Especial para Delitos Electorales, lo cual implicará que se mantendrá la poca eficacia y la falta de oportunidad e independencia en el funcionamiento de este órgano.

• Sería fundamental que en el propio texto constitucional quedara plasmada la obligación para que los partidos y asociaciones políticas sean sujetos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al ser entes de interés público y ejercer recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes, debe haber acceso irrestricto a la información no sólo del uso de esos recursos sino sobre su desempeño y respeto a sus estatutos y plataformas.

• No hay mención alguna al tema del recuento de votos en caso de elecciones muy competidas. Consideramos que es preciso aprender de las lecciones que dejó el proceso electoral del 2006 y la importancia que prescripciones claras en este campo, tienen para evitar posibles nuevos conflictos.

• Se mantiene en sus términos el salario de los integrantes del Consejo General, lo cual eterniza el esquema de graves diferencias e inequidades salariales en la estructura del propio IFE y una situación de privilegio que no corresponde a la realidad de nuestro país, particularmente en una institución de perfil ciudadano.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral se mantendrá pendiente del dictamen que emitan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Radio y Televisión en la materia para conocer los acuerdos finales de las fuerzas políticas. De igual forma, daremos seguimiento al proceso legislativo para las reformas de las leyes reglamentarias que se deriven de esta primera fase del proceso.

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, Miguel Bazdresch, Kristian Bernal, Roy Campos, Jesús Cantú, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Alfredo Figueroa, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, Marusia López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Alberto Olvera, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Irma Eréndira Sandoval, Brisa Solís, Elio Villaseñor, Gisela Zaremberg

Organizaciones auspiciantes del proyecto

• Academia Morelense de Derechos Humanos, A. C.
• Alianza Cívica, A.C.
• CENCOS
• Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C.
• Educa - Oaxaca A.C
• Incide Social, A.C.
• Matraca, A.C.
• No Grupo de Jalisco
• Presencia Ciudadana Mexicana, A.C.
• Red por la Participación Ciudadana, A.C.

CONTACTO DE PRENSA: IRMA ROSA MARTINEZ ARELLANO

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