¿Cuál reforma electoral?

Por Alberto Aziz
Publicado en El Universal el día de hoy.

A medida que se acerca el pe-riodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión los vientos de reforma ondean entre los legisladores, los partidos y el gobierno federal. La pequeña ventana de oportunidad que se abre para un espacio de reformas tiene los signos de una complicada amalgama de intereses políticos, cuyo resultado es todavía incierto. No cabe la menor duda que cada vez es más cierto el sabio dicho popular que dice: la política es muy importante para dejarla sólo en manos de los políticos.

Dentro de los proyectos en discusión hay una iniciativa que quiero exponer: la Propuesta Ciudadana de Reforma Electoral. Este documento de trabajo fue elaborado por el Comité Conciudadano, el cual está integrado por un grupo de hombres y mujeres que tiene como objetivo principal recuperar la política electoral de la degradación en la que se encuentra metida hoy en día. La composición del comité tiene un alto nivel de especialización en la materia electoral, y sobre todo, la propuesta se hizo para defender intereses ciudadanos.

La propuesta ciudadana es un documento con una redacción de ley, tanto para la Constitución, como para la ley secundaria, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Esta propuesta se basa en los siguientes presupuestos: la reducción de los costos de las elecciones; la austeridad y la equidad de las autoridades; la transparencia y rendición de cuentas; el principio de accesibilidad; la salvaguarda del interés legítimo de los ciudadanos; y el respeto al libre ejercicio del voto.

Con la convicción de que la democracia es también un ejercicio de diálogo y de interlocución, esta propuesta se ha presentado en los foros que organizó el Congreso para la reforma del Estado. Con todas las resistencias que tienen muchos políticos a la participación ciudadana, el proyecto se les ha presentado a los legisladores de los principales partidos políticos. Se trata de un proyecto integral que tiene coincidencias con algunos de los partidos, pero también, por supuesto, diferencias. Si los ciudadanos y los políticos coincidieran en la mayor parte, quizá estaríamos en una fase avan-zada de la consolidación democrática. Al mismo tiempo, esta propuesta ciudadana ha sido apoyada por múltiples organizaciones sociales, como Espacio Tripartido y Sociedad en Movimiento.

El momento político actual abre una pequeña posibilidad de recuperar la credibilidad y la certeza ciudadana en los procesos electorales, para lo cual es necesario hacer una reforma de fondo, que cambie de modelo y no sólo haga pequeñas adecuaciones cosméticas. En este sentido, la propuesta ciudadana trabaja sobre cuatro niveles:

a) El régimen político, en donde se propone la creación de un instituto nacional electoral encargado de organizar todos los procesos electorales, federales y locales, con el fin de tener una calidad similar en todo el país, garantizar la independencia y autonomía y reducir los costos electorales. Además, se trata de recuperar la vía de la ciudadanización de los consejeros electorales, para lo cual se necesita un proceso de elección público y transparente y una convocatoria a la sociedad para tener los mejores candidatos y evaluar su conocimiento y su independencia política; hay que cerrarle el paso a los arreglos oscuros y el reparto de cuotas entre partidos. Además, se propone hacer una reingeniería del instituto para tener más eficacia y transparencia en el desempeño de sus funciones.

b) Sobre los partidos políticos la propuesta inicial es convertirlos en sujetos obligados de la ley de transparencia y disminuir el costo del financiamiento público a 50%. Esta baja será factible mediante el proceso de cambio del modelo de acceso a los medios, radio y televisión; por ello se propone la cancelación de compra de tiempos comerciales por parte de los partidos y sólo uso de tiempos oficiales administrados por la autoridad electoral. Además del recorte de los tiempos de campaña y de la urgente sincronización de los procesos electorales —para terminar con el país de las elecciones permanentes—, se trata de recuperar el debate en las campañas y hacer una distribución equitativa de los tiempos, como en el modelo europeo.

c) Sobre el proceso electoral se propone un cambio en las fórmulas de financiamiento, dejar atrás el absurdo de multiplicar el monto de financiamiento por el número de partidos políticos con registro, y hacerlo mediante la combinación de un porcentaje del salario mínimo multiplicado por la lista de electores. También se propone un capítulo nuevo para reglamentar las precampañas.

d) Sobre la justicia electoral, un tema que ha cobrado particular importancia con el antecedente del polémico dictamen que hizo el Tribunal Electoral sobre la elección presidencial de 2006, que tuvo graves problemas de lógica y serias contradicciones. Se propone oralizar los procedimientos; ampliar el catálogo de infracciones; ciudadanizar el mecanismo para designar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal, al igual que con los consejeros electorales; y hacer una fiscalía para delitos electorales con carácter autónomo del Poder Ejecutivo.

El conflicto de 2006 fue de tal magnitud que sus saldos condicionan de forma central el desarrollo de la vida política del país. El ciclo de la reforma que abrió la transición democrática en 1996 está agotado. Hoy se necesita un esfuerzo de la clase política por encima de sus interese de corto plazo, similar en importancia al que se dio al retirarse el gobierno de la organización electoral en 1996.

¿Cuál reforma electoral? Es urgente volver a crear condiciones de equidad en la competencia con un nuevo esquema de financiamiento y medios, y profundizar la autonomía ciudadana de los árbitros de la contienda. La clase política está obligada con los ciudadanos a cambiar el modelo político-electoral, regenerar las instituciones para recuperar su dimensión ciudadana y solucionar la ruptura del pacto político que lastimó las condiciones de equidad en la competencia en 2006. Se necesita una reforma de fondo que ponga por delante los intereses de los mandantes de la democracia, los ciudadanos. En suma, se necesita cerrar el ciclo de malestar e impunidad que nos dejó la pasada sucesión presidencial.

Investigador del CIESAS

Miembro del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral